<p>Si el déficit y el sobreendeudamiento público fuera un fenómeno excepcional, podríamos atribuirlo a crisis inesperadas, errores puntuales o mala fortuna. Pero cuando los desequilibrios presupuestarios se repiten durante décadas, incluso en fases de crecimiento, la explicación debe buscarse en otra parte. En España, el déficit y el sobreendeudamiento no es una anomalía coyuntural: es el resultado previsible de cómo se toman las decisiones fiscales.</p>
Si el déficit y el sobreendeudamiento público fuera un fenómeno excepcional, podríamos atribuirlo a crisis inesperadas, errores puntuales o mala fortuna. Pero cuando los desequi
Si el déficit y el sobreendeudamiento público fuera un fenómeno excepcional, podríamos atribuirlo a crisis inesperadas, errores puntuales o mala fortuna. Pero cuando los desequilibrios presupuestarios se repiten durante décadas, incluso en fases de crecimiento, la explicación debe buscarse en otra parte. En España, el déficit y el sobreendeudamiento no es una anomalía coyuntural: es el resultado previsible de cómo se toman las decisiones fiscales.
La economía política del presupuesto parte de una premisa tan elemental como incómoda: los responsables públicos no toman decisiones en un vacío técnico, sino dentro de un mercado político. Al igual que hogares y empresas responden a incentivos, los gobernantes también lo hacen. La diferencia es que sus incentivos no están alineados necesariamente con la sostenibilidad fiscal a largo plazo, sino con objetivos más inmediatos: ganar elecciones, mantener apoyos parlamentarios o distribuir recursos hacia grupos organizados.
Aquí entra en juego un concepto clave para entender la persistencia del déficit: la ilusión fiscal. Cuando quienes se benefician del gasto público no perciben de forma clara su coste real, el apoyo social al reducirlo se debilita de manera significativa. Impuestos complejos, bases difusas, figuras poco transparentes y, sobre todo, el recurso sistemático a la deuda pública permite financiar hoy programas populares cuya factura se pagará mañana. El contribuyente percibe el beneficio; el coste queda oculto o desplazado en el tiempo. España ofrece un ejemplo claro de este mecanismo. El debate público se centra a menudo en si «faltan ingresos», mientras la estructura del gasto queda en segundo plano. Se discuten décimas de PIB en nuevos impuestos, pero rara vez se evalúa si el gasto financiado genera valor equivalente para el conjunto de la sociedad. La deuda actúa, en este contexto, como un anestésico político: permite evitar decisiones impopulares en el presente trasladando el ajuste a contribuyentes futuros que no participan en la decisión.
Este sesgo no es una peculiaridad española, pero aquí se ha manifestado con especial intensidad. En un sistema donde el vínculo entre impuestos y gasto es débil, y donde el endeudamiento no encuentra límites institucionales firmes, el presupuesto se convierte en un instrumento de expansión casi automática. Cada legislatura hereda un nivel de gasto elevado, lo consolida y lo amplía. El ajuste, cuando llega, suele ser reactivo, forzado por las circunstancias y, casi siempre, socialmente costoso.
La ilusión fiscal explica también por qué muchas reformas tributarias fracasan en sus propios términos. Cuando se suben impuestos en un contexto de gasto desordenado, el alivio presupuestario es transitorio. El aumento de ingresos reduce momentáneamente el déficit, pero al no corregirse los incentivos que lo generan, el gasto vuelve a crecer y la deuda se reanuda su senda ascendente. El resultado es un sistema fiscal sometido a presión constante, con tipos cada vez más exigentes y una base cada vez más fatigada.
Existe además una dimensión intergeneracional que rara vez ocupa el centro del debate. Los jóvenes de hoy y los aún no nacidos no votan los presupuestos actuales, pero serán quienes soporten la carga de la deuda acumulada. El déficit se convierte así en un mecanismo de redistribución silenciosa desde el futuro hacia el presente. No es una cuestión ideológica, sino contable: gastar hoy sin cubrir el coste implica cobrar mañana con impuestos más altos o con menos margen para servicios públicos. La experiencia comparada demuestra que este sesgo no se corrige con llamamientos genéricos a la responsabilidad. Requiere reglas y contrapesos institucionales. Donde existen límites claros al déficit y al crecimiento del gasto, supervisados por organismos independientes y respaldados por una cultura de rendición de cuentas, la ilusión fiscal pierde fuerza. Donde no existen, la expansión presupuestaria se normaliza y el sistema fiscal termina funcionando como un parche permanente.
España ha avanzado formalmente en esta dirección, pero los avances han sido insuficientes. Las reglas fiscales se han relajado en los momentos políticamente más sensibles, y las instituciones encargadas de supervisarlas no siempre han contado con la independencia y el poder ejecutivo necesarios para imponer disciplina efectiva. El mensaje implícito ha sido claro: las reglas existen, pero se pueden adaptar cuando resultan incómodas.
Mientras este marco no cambie, el debate tributario seguirá girando en círculos. Se pedirán nuevos esfuerzos fiscales a una economía con limitado margen de crecimiento, se celebrarán aumentos coyunturales de la recaudación y se ignorará que el problema de fondo -la forma en que se decide el gasto- permanece intacto.
Entender que el déficit y el endeudamiento no es un accidente, sino un resultado, es el primer paso para una reforma fiscal honesta. Sin esa comprensión, cualquier discusión sobre impuestos será, en el mejor de los casos, incompleta. En el peor, una coartada para seguir evitando la conversación difícil: qué Estado queremos financiar y bajo qué reglas estamos dispuestos a hacerlo.
José Félix Sanz es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid
Actualidad Económica
