La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido este viernes a la Dirección General de la Guardia Civil que se investigue de forma «inmediata y transparente» la muerte el pasado domingo de un Guardia Civil que participaba en el operativo de evacuación en Tenerife del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.
Según AUGC, el agente, en reserva y fuera de especialidad, habría realizado tareas no amparadas en la normativa vigente
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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido este viernes a la Dirección General de la Guardia Civil que se investigue de forma «inmediata y transparente» la muerte el pasado domingo de un Guardia Civil que participaba en el operativo de evacuación en Tenerife del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.
En un comunicado, el colectivo exige que se «depuren responsabilidades» en la cadena de mando que habría autorizado la participación de un agente «en reserva y fuera de especialidad», con tareas presuntamente no amparadas por la normativa vigente. El agente, de 63 años, falleció en acto de servicio por un infarto.
«Lo que debía ser un dispositivo sanitario de primer nivel terminó poniendo de manifiesto, una vez más, la gestión irresponsable de los recursos humanos que la institución practica cuando le conviene ocultar sus propias carencias», han advertido desde el sindicato.
Según AUGC, el agente habría iniciado su jornada a las 6:00 de la mañana, conduciendo desde Santa Cruz de Tenerife hasta el puerto de Granadilla de Abona. Catorce horas después seguía en el dispositivo, trasladando materiales y realizando funciones que, presuntamente, no le correspondían en virtud de su situación administrativa. Sobre las 21:40 horas sufrió el infarto que acabó con su vida.
El guardia civil ocupaba una vacante en la Plana Mayor de la Comandancia de Tenerife, en reserva y fuera de especialidad. «Esto es el núcleo del problema», advierten desde el sindicato, que explican que en esta situación el agente tiene asignadas funciones «tasadas y concretas», en las que debe evitarse la «exposición a riesgos contra su integridad física», ya sea porque las situaciones puedan derivar en conflicto o en un esfuerzo físico intenso.
De este modo, el hecho de haber integrado a este agente en el puesto avanzado del operativo del MV Hondius supuso, a juicio del sindicato, su exposición al contacto con materiales «potencialmente contaminados y a una jornada extenuante» de más de 14 horas.
Por todo ello, AUGC ha exigido que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales abra de inmediato una investigación para esclarecer si la asignación de este agente a ese dispositivo fue legal, y si existió responsabilidad en la cadena de mando.
Además, y en función de las conclusiones de esa investigación, AUGC no descarta acudir a la Fiscalía para depurar todas las responsabilidades que pudieran derivarse. «La llegada del MV Hondius a Tenerife no fue una emergencia imprevisible. Se conocía con suficiente antelación para haber articulado un dispositivo planificado, ordenado y respetuoso con la normativa laboral. Sin embargo, la USECIC de Tenerife vio limitados sus descansos, fueron empleados sin guardias de localización y sometidos a jornadas interminables, sin que nadie en la cadena de mando asumiera la responsabilidad que le correspondía», han añadido.
En este contexto, el sindicato llevaría años reclamando que la Guardia Civil reconozca la edad como un factor de riesgo laboral: «Porque lo es. Porque la ciencia lo avala. Porque la legislación de prevención de riesgos laborales lo contempla como elemento que debe ser evaluado e integrado en la planificación de los servicios. Porque un agente de 63 años no puede ser tratado como si tuviera 30».
Desde el colectivo advierten que la muerte de este agente en Tenerife «no es un accidente», sino «consecuencia previsible» de un modelo que «ignora sistemáticamente» las condiciones de sus agentes, que acumula «décadas de resistencia» a adaptar las cargas de servicio a la edad y al estado físico de cada persona, y que escondería «su incapacidad de gestión» detrás de la entrega de cada agente.
«Esa entrega tiene un límite. Y ese límite no lo puede fijar la institución sola, a su conveniencia, en su propio beneficio», añaden.
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