<p>Golpe a la<strong> factura de la luz</strong>. El sobrecoste del modo reforzado que <strong>Red Eléctrica</strong> lleva aplicando desde el apagón, y que consiste en <a href=»https://www.elmundo.es/economia/empresas/2025/10/09/68e7999821efa0d16e8b4599.html»>intervenir el mercado</a> a través de los llamados servicios de ajuste para incorporar más energía convencional y limitar la entrada de renovables, ha tenido hasta ahora un impacto limitado en el bolsillo del consumidor. Hasta ahora. Ayer, el día en que se cumplían seis meses desde el cero energético, <strong>Iberdrola</strong> confirmó que para el próximo año habrá traspasado a sus clientes el 70% de ese coste adicional, que ha elevado a <strong>210 millones de euros</strong> entre España y Portugal.</p>
La mayor eléctrica de España confirma que trasladará «progresivamente» a la tarifa el impacto del modo reforzado de Red Eléctrica. Calcula que para 2026 habrá traspasado al consumidor el 70%
Golpe a la factura de la luz. El sobrecoste del modo reforzado que Red Eléctrica lleva aplicando desde el apagón, y que consiste en intervenir el mercado a través de los llamados servicios de ajuste para incorporar más energía convencional y limitar la entrada de renovables, ha tenido hasta ahora un impacto limitado en el bolsillo del consumidor. Hasta ahora. Ayer, el día en que se cumplían seis meses desde el cero energético, Iberdrola confirmó que para el próximo año habrá traspasado a sus clientes el 70% de ese coste adicional, que ha elevado a 210 millones de euros entre España y Portugal.
En el caso de España, la compañía cifra el coste de esos servicios en 180 millones de euros. La cifra abarca el periodo desde el apagón hasta septiembre y refleja solo el impacto en la electricidad comercializada por esta compañía. Según los datos que maneja el sector, el coste total de los servicios de ajuste a nivel nacional se ha situado en alrededor de 731 millones de euros en los últimos seis meses. Todo hace indicar que el traspaso «progresivo» a los usuarios no será un movimiento exclusivo de Iberdrola: el resto de empresas eléctricas harán lo mismo.
En España hay más de 30 millones de puntos de suministro eléctricos. Cerca del 72% del total, casi 23 millones, están en el mercado libre. En este, los clientes tienen contratos por los que pagan unas tarifas fijas durante un periodo de tiempo determinado. Hasta ahora, esos clientes habían estado protegidos del coste de la operación reforzada por sus propios contratos y por la actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El supervisor prohibió específicamente a las eléctricas traspasar el coste extra de los servicios de ajuste a este perfil mayoritario de consumidores. Lo hizo a través de una nota en junio con la que recordó que no era lícito modificar las tarifas a aquellos usuarios con contratos vigentes a precio fijo. Entonces, ese escudo antiapagón se presentaba, desde Red Eléctrica y desde el Gobierno, como una solución temporal. Seis meses después, no solo sigue activo, sino que se ha consolidado tras los recientes fallos de tensión.
Pero los contratos en mercado libre se renuevan anualmente o, como mucho, cada dos años. Esa ventana es la que van a aprovechar empresas como Iberdrola para introducir cláusulas de traspaso. Respecto a las renovaciones una vez finalizado el contrato, fuentes oficiales del supervisor insisten en que los consumidores deben recibir «información adecuada y transparente sobre los motivos y las cuantías por los que pueden variar los precios del contrato», además, recuerdan que las empresas deben dar a conocer las nuevas condiciones con antelación y siempre antes de la celebración o confirmación del contrato. Desde la CNMC aseguran que van a mantener su labor de supervisión en este ámbito.
Las últimas modificaciones regulatorias que se han derivado de la nueva alerta por fallos en la red han dado a las eléctricas un paraguas legal para cargar al cliente el coste del apagón, que hasta ahora estaban asumiendo con cargo a sus propios márgenes. Iberdrola enfatizó ayer ante el mercado que después de numerosos informes sobre el apagón, «el hecho es que el operador ha modificado el sistema, aumentando los costes de los servicios auxiliares, esto afecta a nuestros resultados«. La empresa ha empezado el trasvase y prevé que para 2027 ya habrá pasado a sus tarifas el 90% del sobrecoste de los servicios de ajuste.
Se da la circunstancia de que la mayoría de las centrales convencionales (gas, nuclear e hidroeléctrica) que están aportando esos servicios de ajuste (y cobrando por ello) están en manos de las mismas grandes eléctricas que van a revisar al alza los contratos de sus clientes para incluir esta partida.
Con los años, los servicios de ajuste han ganado peso en el recibo final del consumidor, «especialmente tras la integración masiva de renovables, que ha aumentado la necesidad de reservas, restricciones y regulación de tensión». Es la conclusión de la consultora francesa Papernest, que en datos avanzados en exclusiva a EL MUNDO, concluye que entre 2015 y septiembre de 2025, el importe total de esta partida en España ha alcanzado 14.892 millones de euros.
Explican que estos «se activan cuando la oferta y la demanda no están equilibradas, o cuando la operación de la red requiere medidas específicas para mantener la tensión, evitar sobrecargas o garantizar reservas de seguridad». Hay distintos servicios y cada uno tiene un coste que se financia con la factura de los consumidores. Pero esa foto es borrosa.
«La información pública no permite desglosar cuánto se dedica a cada función concreta, lo que limita la capacidad de auditoría y análisis detallado de su eficacia». La firma pone el foco en el servicio de control de tensión. «Su insuficiencia fue decisiva el 28 de abril», pero no es posible desglosar su coste para conocer en qué medida está contribuyendo a la subida de los servicios. «Red Eléctrica reconoce que no es posible saber cuánto del coste total corresponde exactamente al control de tensión. La información publicada responde solo a las obligaciones mínimas de transparencia regulatoria», zanjan.
Entre enero y septiembre, el coste de los servicios de ajuste ha alcanzado un récord de 2.888 millones, superando en nueve meses el total de cualquier año de la serie histórica. Aunque ha habido mínimos, como el de 2019 (366 millones), la tendencia en la última década ha sido al alza. En 2024, esta partida alcanzó los 2.668 millones de euros y en 2023, rozó los 2.500 millones.
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