<p>La ministra de Igualdad, <a href=»https://www.elmundo.es/espana/ana-redondo.html»>Ana Redondo</a>, ha anunciado este martes que su departamento ha firmado un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos antiagresores, que pasarán de ser pulseras a ser tobilleras porque es «más fiable, menos manipulable» e incorpora mecanismos que evitan que sean manipuladas.</p>
El nuevo contrato podrá extenderse hasta cinco años por un importe de 111 millones
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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este martes que su departamento ha firmado un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos antiagresores, que pasarán de ser pulseras a ser tobilleras porque es «más fiable, menos manipulable» e incorpora mecanismos que evitan que sean manipuladas.
Las nuevas tobilleras incorporarán «mecanismos antivandálicos», una batería más duradera y la tarjeta de seguimiento será inextraíble, tal y como ha detallado Redondo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha señalado que el nuevo contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 71.369.269,41 euros (ampliables hasta 111.100.438,80 euros) y por un plazo de tres años (ampliable a cinco).
La ministra también ha avanzado que se incrementará el número de dispositivos en stock para cambiar en un máximo de 24 horas los que sean manipulados por los agresores o presenten algún tipo de disfunción.
Debido a que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están prorrogados, el Consejo de Ministros ya aprobó el pasado martes 20 de enero modificar los límites para adquirir compromisos de gasto hasta la partida mencionada con cargo a ejercicios futuros para posibilitar al Ministerio de Igualdad la tramitación de este nuevo contrato.
La nueva licitación del contrato llega cuatro meses después de que estallara el escándalo de los fallos en las pulseras antiagresores, desvelado en la Memoria Anual de la Fiscalía 2024, que condujo a la reprobación de la ministra Redondo en el Congreso.
Ante esas advertencias, la ministra de Igualdad ha recordado que pusieron en marcha dos investigaciones, una interna y otra externa, y que exigieron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que les reportaran esas sentencias absolutorias o de sobreseimiento, pero ha criticado que a día de hoy siguen «esperando» dichas sentencias.
«A fecha de hoy seguimos esperando esas sentencias, por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta que han transcurrido unos meses y a fecha de hoy todavía estamos a la espera de esas sentencias absolutorias o esos sobreseguimientos», ha señalado Redondo.
También se detectaron fallos en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de estos dispositivos. De ahí que Igualdad vaya a introducir también mejoras en la Sala Cometa, añadiendo 151 trabajadores e incorporando coordinadores de material y con otras instituciones.
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