<p>El pasado 8 de abril, el Govern que dirige el socialista <strong>Salvador Illa</strong> se <a href=»https://www.elmundo.es/cataluna/2025/05/03/6814f153e4d4d844018b45a3.html»>comprometió por escrito con ERC</a> a buscar los subterfugios necesarios para mantener la inmersión lingüística si el cercano fallo del Tribunal Constitucional (TC) acaba impulsando la imposición de un 25% de castellano en todas las escuelas de Cataluña.</p>
El Govern del PSC se contradice a las puertas del crucial fallo sobre el modelo lingüístico de las escuelas de Cataluña
El pasado 8 de abril, el Govern que dirige el socialista Salvador Illa se comprometió por escrito con ERC a buscar los subterfugios necesarios para mantener la inmersión lingüística si el cercano fallo del Tribunal Constitucional (TC) acaba impulsando la imposición de un 25% de castellano en todas las escuelas de Cataluña.
Tal y como reveló la pasada semana EL MUNDO, la consejera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, manifestó a los republicanos que, «como se concretó en el acuerdo de investidura, en el supuesto de que el modelo de escuela catalana se pusiera en riesgo, el Govern de la Generalitat de Cataluña promoverá, con el consenso de las fuerzas políticas y las entidades en defensa de la lengua, las reformas y las actuaciones necesarias para garantizarlo».
Niubó respondió en estos términos a una pregunta parlamentaria formulada por ERC en la que la formación presidida por Oriol Junqueras le expresaba su inquietud tras conocer que se había reunido con «entidades que han expresado públicamente su oposición al modelo de inmersión lingüística en la escuela catalana».
Lo que no precisó Niubó es que, justamente en esa reunión con los promotores del 25% de español, que tuvo lugar el pasado 12 de diciembre, prometió en varias ocasiones respetar la sentencia del Constitucional que debe determinar la legalidad de la norma que el PSC aprobó junto a ERC, Junts y los comunes en 2022 para impedir la aplicación del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a impartir el 25% de castellano en todos los colegios de la región, así como del decreto del Govern entonces presidido por el republicano Pere Aragonès para declarar el fallo «inaplicable» y mantener el modelo monolingüe en catalán en los centros educativos.
Así lo confirman a este diario todas las partes presentes en el encuentro. Por un lado, lo hacen los promotores del 25% de español que acudieron a la cita, esto es, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada y el presidente de Impulso Ciudadano, Pepe Domingo. Y, por otro, la Consejería de Educación. Fuentes del Departamento de la Generalitat aclaran a este diario que «la consejera dijo que se cumplirían las sentencias judiciales cuando llegasen, pero nunca habló de porcentajes».
Cómo conseguirá el Govern aplicar un eventual fallo del Constitucional que tumbe el ardid diseñado en 2022 para incumplir con el 25% de español sin aplicar ese porcentaje de la lengua común en todas las escuelas de Cataluña es una incógnita que el Gabinete de Illa se niega por el momento a resolver.
«La Consejería de Educación, durante la reunión de diciembre, reiteró varias veces que no haría ningún cambio en temas lingüísticos mientras no hubiera un pronunciamiento del TC. Y que, una vez este tribunal hiciera pública su sentencia, la aplicarían fuera la que fuera. Esto es lo que se nos transmitió y espero que se cumpla», manifiesta Losada. La presidenta de la AEB advierte que «la gravedad de un incumplimiento, pactado además con varios partidos [como sugirió la consejera de Educación a ERC], pondría claramente al Gobierno de Illa en el punto de mira europeo, ya que estamos hablando de desobedecer a los tribunales en una sentencia que afecta a más de 1,6 millones de alumnos catalanes».
«El Gobierno de la Generalitat no puede incumplir las sentencias. Ya sabe las graves consecuencias que tiene hacerlo. De hecho, la consejera de Educación se comprometió a cumplir la Constitución. Los gobiernos están sometidos al principio de legalidad y la inmersión lingüística no es una excepción», suma Domingo, desde Impulso Ciudadano.
A la espera de la crucial sentencia del TC, el TSJC sigue amparando a las familias catalanas que, individualmente, reclaman el derecho de sus hijos a recibir un 25% de castellano. El lunes, el Alto Tribunal catalán emitió una sentencia que obliga a un centro de la comarca barcelonesa del Garraf a impartir un 25% de español en varias aulas. Es el primer fallo de este tipo que se produce desde que Illa preside la Generalitat y que, por ende, deberá aplicar el PSC.
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