<p>Nunca antes una junta de accionistas de Redeia, la empresa semipública que incluye a Red Eléctrica, había suscitado tanta expectación dentro y fuera de España como este año. El <a href=»https://www.elmundo.es/economia/2025/06/25/685adeb0fdddfff8278b456d.html»>apagón del 28 de abril</a> y el cruce de acusaciones que ha desatado han puesto en guardia a asociaciones internacionales de defensa del inversor. Dos de ellas van a <strong>intervenir directamente en la junta </strong>del próximo lunes para examinar tanto a la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, como el sistema de riesgos del grupo y su independencia frente al Gobierno, su mayor accionista a través de la Sepi.</p>
Asociaciones de accionistas de alcance europeo y mundial cuestionarán en la asamblea de Redeia el modelo de riesgos y la independencia de la compañía del Gobierno
Nunca antes una junta de accionistas de Redeia, la empresa semipública que incluye a Red Eléctrica, había suscitado tanta expectación dentro y fuera de España como este año. El apagón del 28 de abril y el cruce de acusaciones que ha desatado han puesto en guardia a asociaciones internacionales de defensa del inversor. Dos de ellas van a intervenir directamente en la junta del próximo lunes para examinar tanto a la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, como el sistema de riesgos del grupo y su independencia frente al Gobierno, su mayor accionista a través de la Sepi.
EL MUNDO ha conversado con dos portavoces de estas entidades. Florian Beckerman, vicepresidente de Better Finance, organización que defiende en la UE los intereses de los usuarios de servicios financieros; y Kristjan Verbic, quien también forma parte de la ejecutiva de este lobby y de la Federación Mundial de Inversores (WFI, por sus siglas en inglés). Ambos son, además, miembros de la ESMA, el regulador bursátil europeo.
Hay precedentes, pero no es habitual que estas asociaciones irrumpan en las juntas de las sociedades cotizadas. Lo han hecho, ocasionalmente, ante situaciones «inusuales o en casos importantes». Para Beckerman, el de Redeia lo es. «El tema tiene un alcance europeo. Hay muchos inversores de la UE en el mercado español y en sus empresas energéticas. Los accionistas y el mercado internacional necesitan transparencia y comprender realmente qué ha ocurrido. Lo que hemos visto es que mientras el Gobierno español decía algo, la empresa ha dicho cosas diferentes. Eso es contradictorio, y estamos muy interesados en comprender cómo funcionan las estructuras de gestión de riesgos y de gobierno corporativo de la empresa».
Internacionalmente, ha llamado la atención que esa versión contradictoria -«complementaria», según Redeia- se dé entre una compañía y su principal inversor, el Estado.
«Es esencial que las empresas cotizadas, y especialmente aquellas con una participación estatal significativa, tengan una gobernanza sólida. No sería la primera vez que surge la cuestión de una posible priorización de objetivos políticos sobre los intereses de los accionistas en empresas de propiedad parcialmente estatal, en España y en otros lugares de la UE», insiste Verbic.
«A veces sucede que los accionistas y sus empresas tienen conflictos de intereses y, en este, nos gustaría entenderlo», completa Beckerman, quien intervendrá en nombre de la asociación europea en la junta de la cotizada española del próximo 30 de junio. Pondrá la lupa en tres aspectos de la empresa, «transparencia, gestión de riesgos y gobierno corporativo»
«Si bien los apagones pueden ocurrir, y de hecho han ocurrido en varios países, no recuerdo ningún caso en que tales eventos se produjeran a pesar de que los propios operadores advirtieran con suficiente antelación sobre los riesgos y sugirieran medidas concretas para mitigarlos», enfatiza Verbic. Puntualiza que si esas recomendaciones no se pusieron en marcha, entonces la empresa debería haber reforzado las medidas de control de la red para evitar un blackout.
Better Finance y la WFI han apoyado la petición de Aemec, la asociación española de accionistas minoritarios, que hace unos días, en una acción sin precedentes en sus 20 años de historia, exigió la «inmediata dimisión» de Corredor, como adelantó este medio.
¿Es una medida proporcional? «El apagón ha tenido consecuencias significativas en numerosos sectores económicos y en varios países europeos. Dada la magnitud del problema y las acciones de Beatriz Corredor, antes y después del incidente; la medida está justificada, también con los principios de transparencia, responsabilidad corporativa y protección del inversor», apoya Verbic.
Verbic interpreta con especial dureza la gestión de la exministra socialista. «Es la principal responsable de una empresa que parece haber ignorado los riesgos identificados por su propio personal técnico y auditores, quienes, si no me equivoco, llevan años advirtiendo de que esto podía ocurrir». Destaca, además, que no haya asumido ninguna responsabilidad en nombre de la empresa, y que únicamente haya culpado a las compañías privadas.
Beckerman eleva el foco al interés general: «Las lecciones de este caso son extremadamente importantes para todo el mercado eléctrico europeo y para sus inversores. Entender dónde están los problemas ayudará a definir nuevos estándares de confiabilidad». El experto evita pronunciarse en desde su faceta de miembro de ESMA. Sí lo hace Verbic, quien sugiere que el supervisor bursátil nacional debería llevar a cabo su propia investigación: «La CNMV tienen el mandato y la responsabilidad de proteger la integridad del mercado, garantizar la protección del inversor y mantener la confianza».
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