<p>»Cualquier causa judicial <strong>ha de ventilarse ante los tribunales y no en los medios de comunicación</strong>. El foro judicial es el único espacio legítimo donde dirimir los hechos objeto del proceso. El menor no puede ser convertido, ni por acción ni por omisión, en <strong>actor involuntario de una controversia mediatizada</strong> como ha venido sucediendo en este caso desde hace varios años».</p>
La mujer, que ya avanza que sólo responderá a preguntas de su abogado y ni siquiera a juez y fiscal, pretendía que su declaración fuera distribuida «a todos los periodistas interesados en la noticia»
«Cualquier causa judicial ha de ventilarse ante los tribunales y no en los medios de comunicación. El foro judicial es el único espacio legítimo donde dirimir los hechos objeto del proceso. El menor no puede ser convertido, ni por acción ni por omisión, en actor involuntario de una controversia mediatizada como ha venido sucediendo en este caso desde hace varios años».
Son palabras dirigidas por la juez al abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, que había pedido, en una solicitud con escasos precedentes en España, que la declaración de la mujer granadina este jueves, en la instrucción contra ella por haber sustraído a su hijo pequeño durante la primera mitad de este año, fuera grabada y distribuida a la prensa.
La magistrada de Instrucción 4 de Granada contesta así a Aranguez, negando dicha posibilidad y de hecho restringiéndola lo más posible, decretando que no se entregue a las partes vídeo de la declaración de Rivas, y que los abogados y fiscales sólo puedan acceder a ella en la propia sede judicial.
Y todo porque, estima la magistrada, exponer la controversia en torno al menor, de 11 años ahora, «constituye una grave amenaza a su salud y desarrollo integral y pueden provocarle un perjuicio psicológico irreparable, debiendo evitarse dicho daño y la victimización secundaria derivada del procedimiento judicial».
La juez, así, no sólo niega la pretensión de Aranguez, sino que desmonta sus argumentos en aras a proteger al hijo pequeño de Rivas y Francesco Arcuri, «máxime cuando, como ocurre en el presente caso», sigue la magistrada, «existen antecedentes en los que el hijo común menor de edad de las partes de este procedimiento ya ha sido objeto de una notoria sobreexposición mediática, circunstancia que, como es sabido, ya se produjo con ocasión de la ejecución de la medida acordada por el Juzgado de Familia de esta capital hace pocos meses».
Se refiere la magistrada a la exposición del hijo de Rivas en julio pasado, cuando la madre y su asesora, Francisca Granados, dejaron al niño a la puerta del Punto de Encuentro Familiar de Granada, a merced de cámaras, periodistas e incluso curiosos, en el trance en que fue imposible restituirlo al padre, como ordenaba la Justicia italiana, que se encarga de los temas de custodia desde hace ocho años.
La petición es más llamativa incluso porque el propio Aranguez, en su solicitud al juzgado, ya avisa de que Rivas «sólo va a contestar a las preguntas de este Letrado [refiriéndose a él mismo], y no va a responder ni al Ilmo. representante del Ministerio Público [es decir, al fiscal], ni al compañero de la acusación particular [y abogado de Arcuri], ni a Su Señoría». Es decir: Rivas pretendía, según esto, que su alegato, sin admitir preguntas de nadie que no fuera su abogado, se distribuyera «a todos los demás periodistas que estén interesados en cubrir esta noticia».
Rivas está imputada por sustraer por segunda vez a su hijo menor del padre, Francesco Arcuri. El niño llegó a Granada el 19 de diciembre de 2024 después de que el juzgado civil italiano, que lleva años escuchando al chaval quejarse de presuntas inducciones de su madre contra su padre, le permitiera viajar sólo por las Navidades, con vuelta el 2 de enero, y con la obligación de que hablara cada día con su padre, y de vez en cuando con la mediadora judicial nombrada a tal efecto.
Ninguna de esas cosas sucedió hasta que Arcuri pudo recuperarle el 25 de julio pasado, cuando la Audiencia Provincial granadina ya había certificado, pocas horas antes, la imputación de Rivas por sustracción. La mujer ya fue condenada a dos años y medio de cárcel por quedarse a sus hijos en España en 2016/2017, pero luego indultada por el Gobierno de Pedro Sánchez, a condición de que no volviera a cometer el mismo delito en los cuatro años subsiguientes.
Si resulta condenada de nuevo, Rivas deberá cumplir también la primera pena, que le fue perdonada por el Ejecutivo.
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