<p>La <strong>Fiscalía General del Estado</strong> minimizó ayer la <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/09/18/68cc242be85ecefe788b45aa.html»>gravedad</a> de los problemas con las pulseras telemáticas que deben proteger a las víctimas de violencia de género. «Las víctimas estuvieron protegidas en todo momento, porque los dispositivos funcionaron», arranca una nota de prensa que parece un desmentido de la propia memoria de la Fiscalía General presentada hace dos semanas.</p>
Algunos juzgados desconfían de que esta medida sirva de protección para situaciones de riesgo alto. Otros siguen considerando estos dispositivos una herramienta útil
La Fiscalía General del Estado minimizó ayer la gravedad de los problemas con las pulseras telemáticas que deben proteger a las víctimas de violencia de género. «Las víctimas estuvieron protegidas en todo momento, porque los dispositivos funcionaron», arranca una nota de prensa que parece un desmentido de la propia memoria de la Fiscalía General presentada hace dos semanas.
Ese documento señalaba dos problemas con los nuevos dispositivos: los numerosos fallos de funcionamiento que presentaban y la dificultad para recuperar los datos de localización previos a febrero de 2024, cuando el Ministerio de Igualdad cambió el proveedor del servicio.
Este segundo problema de la migración de datos de Telefónica a Vodafone lo daban ayer por resuelto tanto en la Fiscalía como en el Ministerio de Igualdad. La imposibilidad de acceder a los datos impidió respaldar las investigaciones por quebrantamientos de las ordenes de alejamiento, lo que provocó archivos o absoluciones. La Fiscalía alega que las causas archivadas pudieron reabrirse con el tiempo y que las absoluciones -esas ya irremediables- fueron «muy pocas».
Pero el primero de los problemas, el de la fiabilidad de los nuevos dispositivos, se mantiene, según coincidían este jueves jueces, fiscales y abogados especializados en la materia. En el proceso de licitación, Igualdad alertó de las «deficiencias» en la migración de los datos al nuevo responsable del servicio, pero puntuó bien la calidad de los aparatos (23,9 puntos sobre 30). La realidad ha sido otra.
«Los dispositivos no funcionan bien. Es algo recurrente, dan muchos problemas», explicaba ayer la abogada Lola Calderón, presidenta de la Sección de Violencia de Género del Colegio de la Abogacía de Madrid. «Nosotros solicitamos la medida muchas veces y en el juzgado nos han llegado a decir que les están dando muchos problemas. Miras a la víctima, la víctima te mira a ti y no sabes qué decirle», recuerda la letrada.
En los casos en que la medida cautelar de alejamiento ya se había establecido, el problema es lidiar con el día a día de los aparatos, llenos de incidencias que no responden a la realidad o de situaciones inverosímiles, como que una pulsera no se haya movido durante varios días. «He tenido un caso de una mujer que no podía más y lo apagaba. ‘Esto es imposible’, te dicen. No se sienten protegidas como deberían. Están recibiendo continuamente llamadas innecesarias de alerta. Es terrible, porque les pone nerviosas. Al final no hacen caso y es como lo de Pedro y el lobo», indica la abogada.
La Memoria de la Fiscalía General refleja ese hartazgo de las mujeres bajo protección: «Señalan varias fiscalías lo gravoso que es para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas, con la consiguiente inseguridad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos», dice el documento.
Jueces y fiscales de Violencia sobre la Mujer que deben lidiar con los problemas técnicos de las pulseras son reticentes a emplear la medida cautelar prevista para situaciones de riesgo alto. Otros siguen considerando estos dispositivos una herramienta útil, pero reconocen que desde tras el cambio pasaron a dar «muchísimos» problemas y «siguen dándolos» a fecha de hoy. Eso ha llevado a un incremento de las peticiones de prisión provisional en los casos más graves, ante la duda de que el sistema telemático vaya a proteger de verdad. «Desde el cambio de empresa la cosa fue muy mal, muy mal», resumen fuentes judiciales.
Francisco Gutiérrez, juez de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, expone algunos de los múltiples problemas: los dispositivos fallan y, además, pueden quitárselos los propios vigilados. «En un caso reciente, la Policía detuvo al hombre en la puerta de la casa de la víctima, mientras que el dispositivo indicaba que estaba a dos kilómetros. Los dispositivos están fallando». Añade que el servicio ha ido a peor en todos los ámbitos: antes recibían la pulsera de forma casi inmediata y ahora han de esperar a veces dos días.
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