<p class=»ue-c-article__paragraph»>Que el hambre influye en la toma de decisiones es un hecho que se ha abordado en investigaciones a lo largo del tiempo. Incluso hay estudios que concluyen que no se debe tomar decisiones con el estómago vacío. Quizás por eso el viernes pasado quedaron para almorzar en un restaurante de Madrid <strong>Santos Cerdán</strong>, <i>número tres </i>del PSOE, y <strong>Jordi Turull,</strong> secretario general de <a href=»https://www.elmundo.es/e/ju/junts-per-catalunya.html»>Junts</a>. Para, con comida, ver cómo «reconducir» la relación entre socialistas e independentistas tras dos nuevas semanas tensas. Retomar una metodología para las negociaciones pendientes, algo tan sensible y polémico como el traspaso de las competencias en inmigración a <strong>Cataluña</strong>.</p>
Puigdemont insiste en pedir a Sánchez que los Mossos adquieran plenas facultades en el control de fronteras. También quiere arrebatar los trámites de documentación a la Policía: «Que la Generalitat tenga la última palabra».
Que el hambre influye en la toma de decisiones es un hecho que se ha abordado en investigaciones a lo largo del tiempo. Incluso hay estudios que concluyen que no se debe tomar decisiones con el estómago vacío. Quizás por eso el viernes pasado quedaron para almorzar en un restaurante de Madrid Santos Cerdán, número tres del PSOE, y Jordi Turull, secretario general de Junts. Para, con comida, ver cómo «reconducir» la relación entre socialistas e independentistas tras dos nuevas semanas tensas. Retomar una metodología para las negociaciones pendientes, algo tan sensible y polémico como el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña.
La formación de Carles Puigdemont exige que esta comunidad tenga la potestad de decidir a quién expulsa o a quién permite la entrada. Se da la circunstancia de que presionan para una competencia que aplicaría una Generalitat presidida por los socialistas. Una prerrogativa, la del control de fronteras, la de la tramitación del Número de Identidad de Extranjero (NIE) -documento habilita a los extranjeros para permanecer en territorio español que no sea un visado- o la entrega de documentos, como la tarjeta de identidad de extranjero -documento único y exclusivo destinado a dotar de documentación a los extranjeros en situación de permanencia legal en España-, que el Gobierno traslada en las conversaciones que no puede ceder.
Junts quiere controlar los flujos de inmigración en Cataluña. «Que nadie salvo la Generalitat tenga la última palabra para decidir», explican fuentes de la formación independentista. Para ello, al menos en este punto de la negociación, insisten en no ceder en su pretensión de que los Mossos desplacen a la Dirección General de la Policía en todo el trámite administrativo. De principio a fin. «Eso lo tienen que decidir la Generalitat y los Mossos». Reclaman competencias exclusivas y plenas.
El Gobierno trasladó hace unas fechas a Junts una propuesta técnica de hasta dónde consideraban que podían llegar. Su planteamiento sobre este traspaso de competencias. Un texto que fue rechazado por los independentistas. En ese documento se trasluce lo que de viva voz ya ha trasladado el Ejecutivo en las conversaciones, según las fuentes consultadas por EL MUNDO: que hay asuntos en los que no pueden ceder, que hay materias que no pueden arreglarse. No obstante, el Gobierno trabaja en un informe jurídico para sustentar su posición, que trasladará «en breve» a los independentistas. Se trata de un texto elaborado por el Ejecutivo y no de forma conjunta con los independentistas, porque la tesis sería avalar la imposibilidad de La Moncloa de acceder a las exigencias de Puigdemont.
Porque sumado al control de los flujos migratorios y a la decisión de que Cataluña decidida quién entra y quién no en su territorio o a quién se expulsa, el otro gran asunto que exige Junts es el control de las fronteras. De nuevo, que las competencias sean en exclusiva de los Mossos.
Porque Junts quiere que la Generalitat asuma todas las competencias que ahora pertenecen a Interior, Seguridad Social y Migraciones y Exteriores. Pero aquí el Ejecutivo también se planta. La posición de rechazo de Fernando Grande-Marlaska es secundada, al menos en este momento, por La Moncloa. «Hay cosas que ni siquiera dependen de nosotros. No es que el control de fronteras sea una competencia del Estado. Es que somos frontera de Europa. Somos la puerta de entrada en Europa de África. Es un asunto en el que Europa también tiene que decir», reflexionan en el Gobierno.
Fuentes conocedoras de la negociación señalan que un camino intermedio puede ser otorgar a los Mossos la posibilidad de controlar las fronteras junto a Policía y Guardia Civil. La filosofía «pon un mosso en tu vida», como resumen fuentes del Gobierno. En el Ejecutivo explican que su posición «no ha cambiado» respecto al control de fronteras, pero sí están «abiertos a que los Mossos tengan presencia donde no la tienen».
Junts reclama que el traspaso de las competencias de inmigración sea pleno y no parcial, y mantiene su rechazo a una «transferencia capada» sobre inmigración porque, sostiene, entonces no habrá acuerdo. Eso sí, en la formación independentista tienen clara una premisa: «Lo que dependa de Marlaska se va a encallar», dicen. Y aunque tratan de mantener una línea roja y no ceder en la negociación, las fuentes consultadas dan por hecho que el PSOE ahí no va a ceder en nada. Es más, creen que la propuesta no se moverá de «ofrecer una cogestión de fronteras». Aunque en Junts añaden: «Eso sería un foco de problemas y en ningún caso la solución».
Un dato: en junio de 2024, la Junta de Seguridad del País Vasco celebrada en Madrid entre el Ejecutivo español y el Gobierno Vasco acordaba la extensión del ejercicio de todas las funciones policiales de la Ertzaintza a los puertos y aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca. «El acuerdo de la Junta de Seguridad producirá un repliegue y despliegue de las fuerzas correspondientes», dijo entonces el PNV.
Junts ha radicalizado su posición con la inmigración también por la presión del discurso ultra y xenófobo de Aliança Catalana, formación con la que comparte una parte del electorado. Ya en enero del año pasado, cuando arrancó al Gobierno la promesa del traspaso de competencias, apuntó su pretensión de que el Ejecutivo autonómico tenga capacidad para expulsar inmigrantes en situación irregular que fueran reincidentes.
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