<p>La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo por cuatro delitos de descubrimiento de secretos de particulares por una serie de encargos realizados para Repsol y CaixaBank relativos a la obtención de información del ex presidente de Sacyr Vallehermoso Luis Del Rivero entre 2011 y 2012.</p>
El juicio sobre esta rama del ‘caso Tándem’ se centró en los delitos de revelación de secretos del comisario jubilado relacionados con el ex presidente de Sacyr Luis del Rivero
La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo por cuatro delitos de descubrimiento de secretos de particulares por una serie de encargos realizados para Repsol y CaixaBank relativos a la obtención de información del ex presidente de Sacyr Vallehermoso Luis Del Rivero entre 2011 y 2012.
En una sentencia, de 651 páginas, los magistrados imponen a Villarejo dos años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de descubrimiento de secretos. A su socio Rafel Redondo el tribunal le impone 6 años de cárcel por los mismos delitos. A ambos les aplica la atenuante de dilaciones indebidas.
Por el contrario, la Sala absuelve tanto a ellos dos como a los ex responsables de Seguridad de Repsol (Rafel Araujo y Rafael Girona) y de CaixaBank (Miguel Ángel Fernández Rancaño) de los delitos de cohecho activo y pasivo y falsedad documental que les atribuía la Fiscalía y la acusación particular. A los tres responsables de seguridad les absuelve igualmente de los delitos de descubrimiento de secretos.
El tribunal acuerda también el decomiso de las ganancias económicas obtenidas por Villarejo y su empresa, Cenyt con esos encargos y que fija en 389.400 euros.
La sentencia sobre en esta pieza separada 21 –proyecto Wine- del caso Tándem se centra en los trabajos efectuados por Villarejo relativos al pacto de Sacyr Vallehermoso y el Grupo Pemex para tomar el control de Repsol. A Villarejo se le encargó encontrar información que permitiera impedir ese pacto, que finalmente no prosperó.
Según explica el tribunal, para hacer descarrilar el proyecto, por parte de «los más altos directivos» de Repsol se tomaron varias medidas, entre ellas recabar información de sus responsables de Seguridad Corporativa, ambos ex comisarios de Policía.
Estos contactaron con Villarejo, por entonces policía en activo y empresario. Le encargaron «recabar toda la información posible sobre Luis del Rivero, por entonces aún presidente de Sacyr Vallehermoso, S.A., incluyendo aquella relacionada con sus actuaciones relativas al pacto que había alcanzado con el Grupo Pemex».
Villarejo les fue entregando informes, notas informativas y otros documentos sin ningún tipo de membrete o firma. Los jefes de Seguridad «compartieron la información con sus inmediatos superiores, sin que conste que éstos tuvieran conocimiento que el titular real de la empresa proveedora de los servicios contratada por sus subordinados fuera un comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía».
La sentencia indica que no ha quedado acreditada la manera en que Villarejo y Redondo se hicieron con los tráficos de llamadas. Y añade que «no consta» que ninguno de los tráficos de llamadas «fuesen entregados a los clientes finales» a través de los acusados.
La absolución de los tres ex responsables de seguridad se basa en que «no ha quedado fehacientemente acreditado que los listados con los tráficos de llamadas les fueran entregados y, por tanto, que conocieran que se estaba utilizando esa técnica invasiva no solo con del Rivero, sino también con personas allegadas a él».
En cuanto al delito de cohecho, el tribunal sostiene que la actividad desarrollada por Villarejo «en ningún caso guardaba relación alguna con el ejercicio de su cargo, ni tenía como finalidad menoscabar la legitimidad y los criterios de actuación de la Administración Pública, sino obtener unos mayores beneficios económicos derivados de un encargo empresarial absolutamente privado, que ninguna relación guardaba con investigación policial alguna». Añade que en este caso, a diferencia de otras piezas del caso Tándem ya juzgadas, «no hubo participación de ningún funcionario policial».
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