<p>Tres juzgados centrales de la <a href=»https://www.elmundo.es/e/au/audiencia-nacional.html»>Audiencia Nacional</a> se encuentran al borde del colapso por la falta de funcionarios. La situación es tan delicada que los propios jueces de forma insólita han decidido informar a las partes personadas en distintos procedimientos a través de varias providencias, conocidas por <strong>EL MUNDO</strong>.</p>
La situación es tan delicada que los propios jueces han decidido avisar a los personados
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Tres juzgados centrales de la Audiencia Nacional se encuentran al borde del colapso por la falta de funcionarios. La situación es tan delicada que los propios jueces de forma insólita han decidido informar a las partes personadas en distintos procedimientos a través de varias providencias, conocidas por EL MUNDO.
Según informan fuentes jurídicas, han decidido adoptar esta medida el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge; el del número 5, el magistrado Santiago Pedraz, y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña. Estas fuentes explican que el inédito escenario ha llevado a la Audiencia a establecer conversaciones con el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños para solucionar la situación lo antes posible. En el Gobierno ya trabajan en ello.
La decisión de los jueces De Jorge, Pedraz y Piña de informar a las partes personadas en sus juzgados -ahora denominados Plaza Número 1, 5 y 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia- refleja, según fuentes del tribunal, un «panorama desolador».
En una de las providencias, el magistrado Pedraz explica que el problema deriva de «la situación derivada de falta de personal ocasionada como consecuencia del proceso de consolidación de plazas, estabilización por concurso, acordado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre (BOE de 27 diciembre)».
Fuentes jurídicas informan de que la falta de funcionarios para continuar con la actividad habitual en los juzgados centrales procede del proceso de regularización de los mismos a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los funcionarios interinos.
La resolución de Pedraz expone que «en esta Plaza Nº 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, es inminente el cese de siete funcionarios, los cuales previo al mismo deberán disfrutar de sus vacaciones reglamentarias, causando un periodo temporal de aproximadamente 45 días hasta la nueva cobertura de estas plazas».
Por su parte, el magistrado Antonio Piña ha informado a distintas partes personadas en su juzgado que «en esta Plaza Nº 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, se ha producido el cese, hasta la fecha, de seis funcionarios, los cuales previo a su cese, han tomado las vacaciones que les correspondían, produciéndose un periodo temporal de aproximadamente 45 días hasta la nueva cobertura de estas plazas».
Además, ambos jueces subrayan sin ambages lo siguiente: «La situación actual de este órgano judicial sobrecargado con múltiples macroprocesos hace imposible la asignación de estos procedimientos a los funcionarios actuales, lo que va a conllevar que cualquier consulta que se realice sobre los mismos provoque demoras en su resolución. Se mantendrán las declaraciones señaladas y se dará respuesta a cualquier petición que se promueva, y en todo caso, a aquellas que tengan carácter urgente, no obstante, la incidencia en la tramitación de los procedimientos que este situación ocasionara».
Estas fuentes indican que en el tribunal hay un grado elevado de interinos; de ahí que el cumplimiento de la sentencia del TJUE coincidiendo en el tiempo con la implantación total de los tribunales de instancia haya generado una «tormenta perfecta».
La falta de funcionarios en los juzgados centrales ha coincidido en el tiempo con el refuerzo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La semana pasada se incorporaron a la Sala de enjuiciamiento y de revisión de las decisiones de los seis juzgados centrales de instrucción los magistrados María José Galán, José Pedro Vázquez Rodríguez y Alberto Varona Jiménez.
El objetivo de este refuerzo es que haya ocho magistrados que integren la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que es la que tiene mayor pendencia de asuntos, y poder celebrar así juicios simultáneos por dos Salas distintas, integrada cada una por cuatro jueces.
En estos momentos, el atasco existente en la Sala de lo Penal, y en mayor medida en la Sección Segunda, se debe a que hay un «elevado número de procedimientos con muchos encausados y numerosa prueba», lo que determina que los juicios pendientes de celebrar en estas causas sean de larga duración. Hay instrucciones arrancaron hace más de una década y que aún no han sido juzgadas.
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