<p>Sólo el propio comienzo del comunicado conjunto de este lunes ya supone una fractura territorial, porque destapa que el Gobierno central ha pactado ya con una de las comunidades autónomas, las bases de lo que será el nuevo modelo para el resto.</p>
Sólo el propio comienzo del comunicado conjunto de este lunes ya supone una fractura territorial, porque destapa que el Gobierno central ha pactado ya con una de las comunidades
Sólo el propio inicio del comunicado conjunto de este lunes ya supone una fractura territorial, porque destapa que el Gobierno central ha pactado ya con una de las comunidades autónomas las bases de lo que será el nuevo modelo para el resto.
«El Gobierno de España y La Generalitat de Catalunya han alcanzado el acuerdo que establece los cimientos y bases de la futura financiación singular para Cataluña en el marco de la reforma del sistema de financiación». La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aún no ha explicado cómo será esa reforma, pero está ya condicionada por dos anticipos acordados previamente con la Generalitat de Salvador Illa: la condonación de deuda y, ahora, la llamada «financiación singular» para Cataluña, que es semejante a un cupo vasco. Se pretende tildar de «generalizable» al resto, pese a que la mayoría de expertos lo ven inviable.
El Gobierno diseña así el nuevo modelo en función del interés de una de las comunidades más prósperas como es Cataluña y además, para financiar su mayor autogobierno y futura independencia, según los socios independentistas de Illa y del propio presidente que valida el acuerdo, Pedro Sánchez.
Aunque el comunicado no destapa aún las cifras del coste para el Estado de este pacto, sí encierra tres cláusulas que anuncian grave perjuicio para el resto de comunidades.
Por un lado, Cataluña se sale del régimen común actual dentro de un nuevo «modelo tributario federal», según el acuerdo con el Gobierno central. Podrá recaudar los tributos en su territorio y entregar al resto una parte en forma de «cuota de solidaridad» no definida. «Será calculada con transparencia y criterios objetivos», es lo más que dice el Ministerio de Política Territorial, ya que la andaluza Montero cedió el trago de presentación de l acuerdo al titular de este departamento, Ángel Víctor Torres, aunque el implicado es Hacienda.
Por si fuera poco riesgo para el sistema otorgar a una comunidad tan importante un esquema como el foral, el Gobierno central se muestra dispuesto a permitir que su solidaridad quede limitada por el llamado «principio de ordinalidad». Significa que ninguna comunidad próspera debe recibir menos financiación per cápita que las que hayan aportado menos por ser más pobres. La palabra «ordinalidad» aparece en el comunicado de ambos gobiernos que se autodefinen como «progresistas».
Todo esto son límites que convierten en muy light la «solidaridad» de esta comunidad, pese a que es, junto a Madrid, la única con pulmón para aportar al resto de régimen común. De las quince que forman parte de este sistema, sólo Madrid, Cataluña y Baleares son contribuyentes netos.
La alternativa, si hay bajas de aportación, es que el Estado haga una inyección descomunal al sistema para cuadrarlo, pero ¿con qué dinero?
Además, hay un tercer anticipo clave del nuevo modelo que puede gripar a un motor clave del sistema: la comunidad de Madrid. Ésta se ha convertido en la mayor máquina de recaudación del país y es el primer contribuyente a la caja común. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y think tanks como el Instituto de Estudios Económicos explican el alto crecimiento de la región no por el llamado efecto capitalidad, sino por una política de bajos impuestos que genera a su vez más actividad y dinamismo.
Sin embargo, el comunicado emitido en Barcelona avisa de que «se prevé la introducción en el nuevo sistema de financiación de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja entre territorios».
Es lo que se puede denominar la cláusula anti-Ayuso del acuerdo, porque tanto Montero como Illa coinciden en que la presidenta de la Comunidad de Madrid practica lo que llaman el dumping fiscal. Ayuso ha mantenido una política de tipos más bajos que Cataluña y el resto de comunidades no sólo a los llamados ricos, sino a las clases trabajadoras, tanto en IRPF como en Sucesiones y Donaciones.
En definitiva, el Gobierno acepta un pacto que supone más autogobierno para Cataluña y menos para comunidades que sí quieren libertad para bajar impuestos. Y resulta que esas comunidades gobernadas por el PP a las que se quiere restringir su autonomía son actualmente mayoría en el nuevo modelo de financiación que se pretende imponer desde Barcelona , pero con dinero de todos y sin mínimo intento de Pacto de Estado.
Actualidad Económica
