El anuncio de que la Fiscalía Europea está investigando un presunto fraude en los fondos europeos en relación con la formación de jóvenes diplomáticos, caso que ha acabado con la detención e interrogatorio de la ex jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini, ha coincidido con las negociaciones finales en la capital belga de una directiva europea para reforzar el combate contra la corrupción que colea desde 2023. La ironía no se le escapa a nadie en una Bruselas nuevamente sacudida por un escándalo —y ya van varios en pocos años— que, además, no podría haber llegado en peor momento para unas instituciones europeas más cuestionadas que nunca, tanto desde fuera como entre sus propias filas. Sobre todo por una extrema derecha cada vez más fuerte en todas las esferas de poder y que no ha dudado en usar el nuevo potencial caso para atacar al corazón de Europa.
Fuerzas ultras y el Kremlin usan el arresto e interrogatorio de la antigua jefa de la diplomacia europea y de otro alto funcionario de la UE como lanza contra el proyecto comunitario
El anuncio de que la Fiscalía Europea está investigando un presunto fraude en los fondos europeos en relación con la formación de jóvenes diplomáticos, caso que ha acabado con la detención e interrogatorio de la ex jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini, ha coincidido con las negociaciones finales en la capital belga de una directiva europea para reforzar el combate contra la corrupción que colea desde 2023. La ironía no se le escapa a nadie en una Bruselas nuevamente sacudida por un escándalo —y ya van varios en pocos años— que, además, no podría haber llegado en peor momento para unas instituciones europeas más cuestionadas que nunca, tanto desde fuera como entre sus propias filas. Sobre todo por una extrema derecha cada vez más fuerte en todas las esferas de poder y que no ha dudado en usar el nuevo potencial caso para atacar al corazón de Europa.
“La ciénaga de Bruselas no da tregua”, ha declarado, visiblemente complacido, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé nada más conocer el operativo policial en dependencias del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y en la sede en Brujas del Colegio de Europa, dirigido por Mogherini y vivero de funcionarios europeos. O, como las define el político ultra español, “las puñeteras élites que se van colocando y apoyando mutuamente (…). Bruselas es una ciénaga de corrupción. Vamos a sacar todos los casos de corrupción”, ha prometido en un vídeo distribuido por las redes sociales de la formación de extrema derecha y aliada del húngaro Viktor Orbán en Bruselas. El vídeo no aclara que ninguno de los altos funcionarios puestos bajo custodia policial para ser interrogados —también el ex secretario general del SEAE y actual alto funcionario de la Comisión Stefano Sannino— ha sido aún formalmente imputado.
Este detalle tampoco ha frenado a Moscú, enfurecido por la interferencia europea en sus planes de engatusar a Washington para lograr un acuerdo de paz favorable a sus intereses en Ucrania, para atacar a la UE. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha afirmado que mientras Bruselas “está constantemente aleccionando a otros (…), millones de euros fluyen a diario a través de los conductos de la corrupción desde la UE a Ucrania”.
En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Zajarova ha hecho alusión indirecta a otra de las fijaciones de la extrema derecha contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que acusan de falta de transparencia en la compra de vacunas Pfizer durante la pandemia de covid. No es algo nuevo: ya en julio, justo antes de que fracasara una primera moción de censura presentada por la ultraderecha contra la alemana por este caso, el Kremlin aprovechó para lanzar una narrativa sobre las “disfunciones” de las instituciones europeas, con el objetivo de “polarizar y debilitar” a la UE, según un análisis de expertos en desinformación.
El nuevo caso llega además cuando sigue sin resolverse el escándalo más grave que ha sacudido a Bruselas en su historia reciente: el Qatargate, el presunto intento de soborno de eurodiputados y antiguos responsables europeos por parte de países como Qatar o Marruecos. El Qatargate estalló hace casi tres años, el 9 de diciembre de 2022, con otra espectacular operación policial en Bruselas que acabó con la detención de la entonces vicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili, de su pareja y asesor parlamentario Francesco Giorgi, y de un antiguo eurodiputado italiano, Pier Antonio Panzeri, que dirigía una ONG, Fight Impunity (otra de las ironías de Bruselas).
En Fight Impunity figuraba Mogherini junto con otras altas figuras internacionales como miembro del consejo honorífico de la organización que fue usada como pantalla para los chanchullos de los implicados. Estos, pese a haber pasado en su mayoría largo tiempo en prisión preventiva, siguen sin tener una fecha de juicio en Bélgica. Tampoco la batería de medidas de mayor transparencia y control que prometieron las instituciones europeas tras el escándalo han acabado de afianzarse.
Mientras, los casos han seguido apilándose. El exagerado poder de los lobbies en la capital belga quedó puesto de relieve en 2022 con las denominadas Uber Files sobre las agresivas prácticas de la plataforma de transporte privado para imponerse en los países y que también salpicó a la Eurocámara. Pese a la sacudida que supuso este caso pocos meses antes del Qatargate, Bruselas parece tendente a recaer: este mismo año, en marzo, la policía belga registraba las oficinas en Bruselas del gigante tecnológico chino Huawei y detenía a varios de sus lobistas, en el marco de otro un presunto caso de “corrupción activa en el Paramento Europeo”. Y en noviembre se conoció la imputación del antiguo comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, por un presunto caso de lavado de dinero.
Ahora, la sombra de la corrupción vuelve a extenderse sobre las instituciones europeas y sus bases, como el Colegio de Europa, que forma a buena parte de sus funcionarios.
“Es difícil imaginar un peor momento para que la UE afronte un escándalo de integridad pública”, comentaba en las redes sociales Alberto Alemanno, fundador de la organización The Good Lobby, que impulsa un cabildeo “accesible, transparente, responsable y con rendición de cuentas”. Para el politólogo, está claro que la UE “necesita un organismo de supervisión específico (más allá de la Fiscalía Europea)”.
La copresidenta del grupo de Izquierda en el Parlamento Europeo Manon Aubry (Francia Insumisa), ha reclamado “con urgencia un organismo ético con más garra que detenga la corrupción en su origen, en vez de quedarnos esperando a que estalle el próximo escándalo”.
Espoleados quizás por el nuevo escándalo, los representantes del Consejo y del Parlamento Europeo han cerrado este martes un texto de compromiso de la nueva directiva contra la corrupción, que por primera vez armoniza a nivel europeo las definiciones de los delitos de corrupción así como las sanciones mínimas que deben conllevar, así como las normas para una “investigación y enjuiciamiento más eficaces”. Pero para el grupo ECR de la primera ministra de Italia, la ultra Giorgia Meloni, esto tampoco resolverá los problemas de la UE. “Tras el Qatargate y las nuevas acusaciones que implican al comisario Reynders y a la antigua dirección del SEAE, los ciudadanos esperaban normas de integridad estrictas. En cambio, la UE decidió eximirse a sí misma. Será muy difícil explicar al público por qué los funcionarios de la UE están exentos de las obligaciones de transparencia más básicas”, ha criticado el eurodiputado de ECR Mariusz Kaminski.
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