Un informe de un grupo de trabajo del Parlamento Europeo señaló este miércoles que el sistema del Estado de derecho en España acusa «tensiones institucionales recurrentes y polarización política», si bien destacó que a la vez «sigue siendo estructuralmente sólido e integrado en un marco constitucional maduro».
Un grupo de trabajo del Parlamento Europeo detecta que nuestro país acusa «tensiones institucionales recurrentes y polarización política»
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Un informe de un grupo de trabajo del Parlamento Europeo señaló este miércoles que el sistema del Estado de derecho en España acusa «tensiones institucionales recurrentes y polarización política», si bien destacó que a la vez «sigue siendo estructuralmente sólido e integrado en un marco constitucional maduro».
Así se desprende de un informe elaborado por el órgano dentro de la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara dedicado al Estado de derecho, que visitó España entre los pasados 16 y 17 de febrero y mantuvo «intercambios constructivos, abiertos y sustanciales» con «una amplia gama de interlocutores».
En el documento, presentado este miércoles en Bruselas, se apunta a la independencia de la judicatura como «el asunto más sensible y estructuralmente disputado» en España, con la gobernanza del Consejo General del Poder Judicial como «el principal asunto de divergencia» entre los actores políticos españoles.
«El sistema actual en España —por el cual todos los miembros del Consejo son elegidos por el Parlamento— sigue generando debate institucional y preocupaciones reputacionales sobre el potencial de influencia política sobre la gobernanza judicial», se lee en las conclusiones del informe.
A la misión acudieron el popular español Javier Zarzalejos, la liberal neerlandesa Raquel García Hermida-van der Walle, el socialista italiano Alessandro Zan (S&D), la ultraconservadora belga Assita Kanko y el portavoz europeo de Vox, Jorge Buxadé.
En materia de lucha contra la corrupción, la misión detectó «que persisten preguntas sobre los recursos y la autonomía de los órganos fiscales y judiciales», así como «sobre el clima político más amplio en el que se llevan a cabo las investigaciones por corrupción».
Los europarlamentarios también tomaron nota de las diferentes valoraciones de las personas con las que se reunieron respecto «al uso y la frecuencia» de los decretos leyes, algo que «corre riesgo de limitar la deliberación y debilitar los mecanismos consultivos, incluido el papel de los órganos judiciales».
La delegación también expresó preocupaciones sobre las «tensiones institucionales» entre el Congreso de los Diputados y el Senado en relación con los procedimientos legislativos.
En cuanto a la libertad de prensa, no se presentaron acusaciones de restricciones sistémicas al respecto, aunque los interlocutores con los que departieron los eurodiputados «reconocieron el contexto más amplio de alta polarización política y su posible impacto en el discurso público».
A este respecto, incluyeron «preocupaciones sobre la gobernanza independiente de la emisora pública RTVE, el aumento de amenazas y acoso contra periodistas, y los obstáculos para acceder a información oficial», así como «repetidas violaciones de los estándares editoriales en ciertos programas».
«En conclusión, la delegación considera que la arquitectura del Estado de derecho en España sigue funcionando dentro de los parámetros constitucionales establecidos, con instituciones funcionales y esfuerzos de reforma en curso», finaliza el documento, que destacó sin embargo «un persistente desacuerdo institucional» en temas como la gobernanza judicial, la práctica legislativa, la independencia de los medios y el clima institucional más amplio.
El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar denunció la «instrumentalización política por parte del Partido Popular» del informe elaborado, con un texto que «ha sido confeccionado sin consenso, sin apoyo político suficiente y con afirmaciones subjetivas carentes de rigor, e incluso de fundamento».
En el mismo sentido se expresó Jorge Buxadé, que sostuvo que «no comparte las conclusiones de ese documento» ya que «España está en una situación grave para el Estado de Derecho» y señaló a los socialistas europeos como un grupo «que solo se preocupa de esto cuando no gobierna».
Por su parte, el popular Javier Zarzalejos instó a los grupos que se mostraron en desacuerdo con el resultado del informe que a que busquen «la forma para que ese disenso quede reflejado» en el mismo.
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