La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se ha mostrado en contra de solicitar una rebaja mayor de pena para el empresario Víctor de Aldama tras su colaboración con la Justicia, según informan fuentes fiscales y jurídicas a EL MUNDO. Peramato ha transmitido al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón que consideraba que no procedía solicitar la atenuante muy cualificada para el comisionista y el fiscal de Sala ha asumido el criterio de su superior pese a no compartirlo.
El fiscal jefe Anticorrupción considera que la confesión de Aldama ha sido «esencial» para el esclarecimiento de los hechos.
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La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se ha mostrado en contra de solicitar una rebaja mayor de pena para el empresario Víctor de Aldama tras su colaboración con la Justicia, según informan fuentes fiscales y jurídicas a EL MUNDO. Peramato ha transmitido al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón que consideraba que no procedía solicitar la atenuante muy cualificada para el comisionista y el fiscal de Sala ha asumido el criterio de su superior pese a no compartirlo.
Tal y como ha informado este periódico, Luzón considera que la confesión de los hechos de Aldama ha sido «esencial» para conocer la actividad de la organización criminal integrada por el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.
En Anticorrupción dan credibilidad al testimonio prestado por Aldama en la vista oral y entienden que sin la cooperación del empresario no se habría llegado a conocer la dimensión real de la trama criminal, por ejemplo, en los amaños de obras públicas.
Se da la circunstancia de que los fiscales, aunque tengan que acatar la orden de su superior sobre la calificación jurídica de los hechos, cuentan con libertad de palabra en sus informes en el juicio oral. El artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que «el fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia».
El fiscal jefe Anticorrupción ha asumido este lunes el criterio impuesto por la fiscal general -considera que hay «margen legal» para que Peramato le dé esa orden- pero tiene vía libre para defender en su informe que el comisionista merece una atenuante muy cualificada tras su confesión.
En el Gobierno han sentado muy mal dos cuestiones: por un lado, que Aldama haya situado al presidente Pedro Sánchez como el líder de la organización criminal y, por otro, que Luzón permitiera al acusado cargar contra el jefe del Ejecutivo y su esposa Begoña Gómez, sin cortarle durante el interrogatorio.
En sus conclusiones definitivas, Luzón ha pedido siete años de prisión para Aldama por un delito de organización criminal y otro delito continuado de cohecho. Asimismo, por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, el Ministerio Público pidió en su escrito de acusación la imposición de una multa de 3.713.981 euros para el comisionista. En las conclusiones definitivas, el fiscal jefe ha mantenido la calificación de atenuante simple, es decir, el mínimo de la mitad inferior de la pena para el comisionista pero dejará ver que merece una reducción de pena mayor.
En su escrito de acusación, Alejandro Luzón ya dijo sobre esta colaboración que implicaba «manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento, y, desde luego, no auto exculpatorias puesto que Víctor Gonzalo de Aldama Delgado viene a admitir de manera inequívoca su participación». Anticorrupción pidió que se le aplicara la atenuante analógica de la confesión del artículo 21.4 del Código Penal, dejando claro en la celebración de previo pronunciamiento del juicio que pediría una rebaja de pena mayor en función de su declaración.
Si bien Aldama no se declaró culpable «antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él», el fiscal ha considerado que la cooperación en la causa, cuando se encontraba en un estado embrionario, ha sido eficiente y eficaz.
Por su parte, las acusaciones populares, dirigidas por el Partido Popular, han pedido una rebaja en dos grados para el empresario, denominado por la UCO como «nexo corruptor».
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