<p class=»ue-c-article__paragraph»><strong>Begoña Gómez</strong> podría verse abocada a sentarse hasta en dos ocasiones <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/10/02/68de6252e85ece6d128b457b.html»>frente a un jurado popular</a>: una, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida en relación con el software de la <a href=»https://www.elmundo.es/madrid/universidad-complutense.html»>Universidad Complutense de Madrid</a> (<strong>UCM</strong>) e intrusismo -la <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/09/09/68c06a1d21efa033278b457d.html»>pieza principal</a> de la causa que instruye el magistrado <strong>Juan Carlos Peinado</strong>- y, la otra, por malversación de caudales públicos en la contratación de su asesora en La Moncloa, <strong>Cristina Álvarez</strong>. En ambos casos sería un tribunal de nueve miembros elegidos por sorteo el que decidiría si es inocente o culpable.</p>
Un tribunal elegido por sorteo decidiría si Gómez es culpable de los delitos que se le imputan
Begoña Gómez podría verse abocada a sentarse hasta en dos ocasiones frente a un jurado popular: una, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida en relación con el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e intrusismo -la pieza principal de la causa que instruye el magistrado Juan Carlos Peinado– y, la otra, por malversación de caudales públicos en la contratación de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. En ambos casos sería un tribunal de nueve miembros elegidos por sorteo el que decidiría si es inocente o culpable.
La regulación del procedimiento de emisión de sendos eventuales veredictos desmontaría así la estrategia que ha seguido el Gobierno para tratar de desacreditar la investigación tanto a la esposa de Pedro Sánchez como a su hermano insinuando que es una «persecución» por motivos meramente ideológicos. El propio presidente llegó a afirmar públicamente hace un mes en una entrevista TVE que «hay jueces haciendo política».
Así, de sentarse finalmente en el banquillo de los acusados, la última palabra sobre los delitos que se le imputan a Gómez la tendrían nueve personas seleccionadas aleatoriamente de otra lista de 2.846 residentes en Madrid seleccionados también por sorteo para formar parte de tribunales populares durante un periodo de dos años, lo que presupone un reflejo de la sociedad y no de un sector profesional concreto. Para ser declarada culpable sería preciso además que siete de sus miembros -en torno al 80% del total- votaran a favor.
Una de las principales reformas promovida por el Gobierno, la del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, tiene entre sus objetivos «eliminar las barreras socioeconómicas» para formar parte de un cuerpo que se considera mayoritariamente conservador precisamente por la necesidad de procedencia de familias con recursos para poder costear los años dedicados al estudio de la oposición. Hasta cinco asociaciones se han posicionado en contra del plan del ministro del ramo, Félix Bolaños, al considerar que supone «un evidente riesgo de control ideológico por parte del Ejecutivo», algo que entienden «inasumible en un Estado de Derecho con separación de poderes».
Si Gómez fuera hipotéticamente juzgada y condenada, el equipo de Sánchez no podría sostener la tesis de que el veredicto es el resultado de la politización de la Justicia que atribuyen a la instrucción de Peinado. Incluso aunque la vista tendría lugar en Madrid, un feudo electoral tradicional del PP, el tribunal popular estaría compuesto por una representación de una región donde en torno al 55% de los votantes optaron por opciones de derechas en las últimas elecciones, pero más de un 40% apoyó a su vez a partidos situados en el espectro de la izquierda.
«La valoración sigue siendo la misma: estamos ante un caso de persecución judicial a la mujer del presidente», insistieron este jueves fuentes de Moncloa consultadas por este periódico después de que el magistrado encargado de la causa notificara su decisión de enviarla a juicio también por la pieza principal. «El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Mi esposa y mi hermano son inocentes», defendió la semana pasada el propio Sánchez en una rueda de prensa en Nueva York por la cumbre de la ONU, una afirmación que, según precisan en el Gobierno, se mantiene vigente.
En paralelo, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha propuesto una reforma de las acusaciones populares que desbarataría las investigaciones abiertas contra Gómez y David Sánchez y afectaría al desarrollo de otras dos causas especialmente delicadas, como la que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al caso Koldo. Entre otras cuestiones, se plantea que ni los partidos políticos ni las fundaciones o asociaciones vinculadas a los mismos puedan personarse en causas judiciales cuando el PSOE está haciendo lo propio en el proceso por presunto fraude fiscal que se sigue contra la pareja de la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso.
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