<p>La <strong>Generalitat Valenciana</strong> ha decidido expedientar a un funcionario que falseó información para que su mujer, arquitecta municipal en el<strong> Ayuntamiento de Alicante</strong> según ha podido saber este diario, pudiera ser beneficiaria de uno de los pisos protegidos en la urbanización de <strong>Les Naus</strong>, en <strong>La Condomina</strong>, una de las zonas más caras de la capital alicantina en la <strong>Playa de San Juan</strong>.</p>
Según la investigación, «en la tramitación del expediente omitió datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte»
La Generalitat Valenciana ha decidido expedientar a un funcionario que falseó información para que su mujer, arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Alicante según ha podido saber este diario, pudiera ser beneficiaria de uno de los pisos protegidos en la urbanización de Les Naus, en La Condomina, una de las zonas más caras de la capital alicantina en la Playa de San Juan.
La polémica se inició hace unos días al trascender que varios cargos del consistorio que dirige el popular Luis Barcala, entre ellos la ya ex concejala de Urbanismo y los hijos de la hasta ahora jefa de Contratación Pública, fueron beneficiarios de la adjudicación de estas viviendas protegidas. Otro de los agraciados fue uno de los arquitectos municipales, al que se suma ahora otra arquitecta.
Según fuentes de la Consejería de Vivienda, la investigación abierta a raíz del estallido del escándalo ha permitido identificar ya «una supuesta comisión de varias faltas tipificadas como muy graves por parte de un técnico funcionario». A este funcionario, marido de la arquitecta en Alicante, se le ha abierto expediente disciplinario, con suspensión cautelar de empleo y sueldo.
La decisión, según fuentes del departamento de Susana Camarero, se basa en el informe emitido por la propia Dirección Territorial, en el que se especifica que dicho funcionario «revisó, tramitó y acreditó para su firma un expediente, estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo».
Sin embargo, y tras la verificación solicitada por el departamento autonómico, «se ha conocido que este funcionario es cónyuge de la solicitante y que en la tramitación del expediente omitió datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte y, por extensión, de la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudiera disponer y que se deben sumar a dicha unidad de convivencia».
«Nos encontramos ante un caso en el que un funcionario, haciendo un uso indebido de su posición, habría actuado en beneficio propio o de terceros», insisten desde la Generalitat, que subrayan que «en ningún caso existe participación alguna de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas».
Aun así, desde Vivienda se promete «reforzar los mecanismos de control». En concreto, además de las medidas incorporadas en el Decreto 180/2024, «se reforzará el sistema de revisión en los procedimientos de visado de las Direcciones Territoriales, impulsando una nueva fórmula de comprobación a través de una mesa de verificación».
Según estas fuentes, además, con toda la información que se vaya recabando, la Consejería «actuará con total contundencia, como ha hecho hasta este momento, y trasladará inmediatamente la información a Fiscalía a efectos de que investigue la situación y adopte las medidas oportunas». También el grupo municipal socialista en el consistorio alicantino ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
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