<p>El presidente de la Junta de Andalucía, <a href=»https://www.elmundo.es/e/ju/juan-manuel-moreno-bonilla.html»>Juanma Moreno</a> (PP), ha anunciado este lunes que la administración andaluza se personará en la causa contra los ex presidentes andaluces <strong>Chaves y Griñán</strong> y otros ex altos cargos socialistas para tratar de recuperar el <a href=»https://www.elmundo.es/andalucia/2022/01/30/61f2fd1efdddfff38f8b45e0.html»>botín íntegro de los ERE</a>, que se eleva a <strong>679.432.179 euros.</strong></p>
Juanma Moreno dice que es una «obligación» recuperar los casi 700 millones «que se desviaron» de las arcas públicas
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha anunciado este lunes que la administración andaluza se personará en la causa contra los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán y otros ex altos cargos socialistas para tratar de recuperar el botín íntegro de los ERE, que se eleva a 679.432.179 euros.
Esa suma millonaria fue la que los gobiernos andaluces del PSOE repartieron a lo largo de una década de forma opaca y clientelar, sin someterse a la ley de subvenciones y evitando todo tipo de controles. Los casi 680 millones de euros venían fijados en la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a los ex presidentes socialistas andaluces y al resto de ex altos cargos. Ese fallo fue ratificado por el Tribunal Supremo, pero después el Tribunal Constitucional impuso una nueva realidad judicial en los ERE, al amparar parcialmente a los ex altos cargos el pasado verano.
La mayoría progresista que controla el TC decretó el conocido como borrado de los ERE y ahora la Audiencia de Sevilla debe redactar nuevas sentencias sobre los ex altos cargos que acojan las directrices marcadas por el tribunal de garantías. Pero antes los magistrados de Sevilla deben decidir si elevan el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Precisamente este martes es el tercero y último día que tienen previsto deliberar sobre esta cuestión.
En ese contexto, el presidente del Gobierno andaluz ha anunciado que la Junta se va a personar en la causa. Ha alegado que es una «obligación» recuperar los casi 700 millones de euros «que se desviaron» de las arcas públicas. En declaraciones a los periodistas en Madrid, antes de la reunión de la comisión ejecutiva nacional del PP, ha enmarcado esta decisión «dadas las circunstancias vividas en el último año», aunque sin referirse expresamente a la decisión del Constitucional de exonerar parcialmente a los principales condenados en el juicio principal de los ERE.
Moreno sí ha hecho mención a la sentencia condenatoria firme de la Audiencia de Sevilla, luego «corroborada y confirmada» por el Tribunal Supremo. «La Junta de Andalucía va a volver a personarse, y lo va a hacer a lo largo del día de hoy o mañana, con un solo objetivo que es cumplir con la obligación que tiene la administración de evitar cualquier menoscabo de fondos públicos«, ha explicado Moreno, quien cree que deben recuperarse los casi 700 millones de euros que, según las sentencias de Audiencia y Supremo, «se desviaron».
La Junta de Andalucía no está actualmente personada en la causa contra Chaves y Griñán y el resto de ex altos cargos porque, durante la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta del Gobierno andaluz, los abogados de la Administración andaluza hicieron una maniobra procesal que generó gran polémica. Se apartaron de esta causa, se reservaron el derecho a ejercer acciones para reclamar responsabilidades civiles y no acusaron a ninguno de los 19 ex altos cargos que fueron procesados, entre ellos Chaves y Griñán.
Al apartarse del juicio, la Junta bloqueó que la Fiscalía pudiera pedirles las fianzas millonarias que inicialmente les había exigido y la dejó atada de manos para reclamarles a los acusados el dinero desviado en los ERE y que indemnizaran a la Junta. Por eso, las sentencias de la Audiencia y el Supremo fijaban condenas de cárcel, pero no había ninguna indemnización a la que tuvieran que hacer frente los condenados.
La Administración andaluza, como perjudicada del saqueo de los ERE, es la única que está legitimada para pedir las responsabilidades civiles en el juicio y exigir una indemnización. El artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo deja muy claro: «La acción civil ha de entablarse conjuntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables». Es decir, el fiscal puede pedir cárcel o inhabilitación, pero no que se devuelva el botín de los ERE, algo que debería haber reclamado la Junta. Por eso, ahora, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno se personará en la causa.
En su argumentación ante la Audiencia de Sevilla, la Junta de Andalucía considera que la doctrina que establece el Constitucional en sus diez sentencias del año 2024 sobre el caso ERE «puede generar un escenario de impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial», que impediría reparar el daño causado a los intereses de la comunidad autónoma de Andalucía.
Por otro lado, la administración defiende un «interés legítimo» vinculado a la recuperación del dinero y al ejercicio de la acción civil que se reservó cuando decidió retirar la acusación, en el año 2016. Prueba de ese interés legítimo sería también que la Junta de Andalucía ya formuló denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Es «necesario» que la Junta «se persone y sea oída» para poder defender sus intereses patrimoniales, anota.
Alega al respecto que el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la UE obliga a todos los poderes públicos de los Estados miembros a ejercer las acciones de recuperación de fondos públicos que hayan sido defraudados. Esa posición «responde a la jurisprudencia que ha fijado el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
Además, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa establece que, antes de que se dicte una resolución, las personas cuyos derechos e intereses legítimos pudieran resultar afectados tienen derecho a ser oídas, a formular alegaciones, a aportar documentos y a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico.
Por otro lado, la Junta de Andalucía ha formulado alegaciones a favor de plantear la cuestión prejudicial al considerar que el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en sus funciones, invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de jueces y tribunales. Considera igualmente que las 10 sentencias emitidas tendrían una «innegable afectación negativa al resarcimiento económico de la Junta de Andalucía».
Igualmente, esgrime que la interpretación que hace el Constitucional sobre las leyes de Presupuestos de la Junta de Andalucía de entre los años 2002 y 2009 «se opone a la normativa y jurisprudencia comunitarias».
Por último, la Junta de Andalucía considera que «se podrían estar incumpliendo las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo procedente plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal europeo».
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