<p>»Sobran Airbnbs y faltan viviendas». El Gobierno ha decidido empezar <i>fuerte </i>el año en materia de vivienda… igual que hizo en 2025. Esta frase la pronunció el presidente, <strong>Pedro Sánchez,</strong> el 13 de enero del año pasado, cuando anunció una batería de 12 medidas para atajar la crisis habitacional del país. El presidente hizo este anuncio en un acto solemne, sólo un día después de que el PP presentara públicamente su programa de vivienda, y entre las actuaciones anunciadas introdujo una batería de incentivos fiscales a los propietarios para contener los precios. </p>
Prometió una rebaja fiscal para los caseros que bajaran precios que nunca llevó al Congreso; hoy plantea una bonificación del 100% del IRPF si no se suben las rentas
«Sobran Airbnbs y faltan viviendas». El Gobierno ha decidido empezar fuerte el año en materia de vivienda… igual que hizo en 2025. Esta frase la pronunció el presidente, Pedro Sánchez, el 13 de enero del año pasado, cuando anunció una batería de 12 medidas para atajar la crisis habitacional del país. El presidente hizo este anuncio en un acto solemne, sólo un día después de que el PP presentara públicamente su programa de vivienda, y entre las actuaciones anunciadas introdujo una batería de incentivos fiscales a los propietarios para contener los precios.
Justo un año después, un 12 de enero, y sin que la debilidad parlamentaria haya permitido al Ejecutivo avanzar hasta ahora en esta anunciada medida, Pedro Sánchez decidió ayer darle una vuelta de tuerca más a su política fiscal en materia de vivienda, también como bandera de inicio de año, que le ha costado una nueva discrepancia con su socio de coalición, Sumar.
Hace un año, apenas unos días después de hacer pública su intención de crear una empresa estatal de vivienda -hoy una realidad bajo el nombre Casa 47– Sánchez anunció que aquellos propietarios que alquilaran sus viviendas bajo el Índice de Precios de Referencia y bajaran sus rentas podrían optar a una bonificación de hasta el 100% en el IRPF. Esa medida, suponía romper el bloqueo del PP y extender las deducciones contempladas para las zonas tensionadas a otros lugares en las que los gobiernos autonómicos no se hubieran sumado al paraguas de la Ley de Vivienda.
Sin más noticias de aquella iniciativa, Pedro Sánchez aprovechó ayer otro acto solemne, acompañado de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para subir otro escalón en esa reforma fiscal de su agenda inmobiliaria. Anunció bonificaciones del 100% del IRPF para los caseros que no suban los precios a sus inquilinos (el año pasado pedía rebajar rentas) en cualquier lugar de España.
Esta medida, aunque fue acogida con escepticismo en el sector por la debilidad parlamentaria que acompaña al anuncio [hasta Sumar se desvinculó y anunció su oposición a la misma], supone en cualquier caso una enmienda sustancial al constructo de la propia Ley de Vivienda, piedra angular del Ejecutivo en materia de vivienda.
Y es que, desde la aprobación de la Ley del Gobierno, los caseros pueden acceder a bonificaciones fiscales de una forma mucho más limitada. Por norma general existe una bonificación general del 50% para el rendimiento neto (lo que queda tras restar los gastos deducibles) del alquiler destinado a vivienda habitual para aquellos contratos que hayan sido firmados antes de la aprobación de la ley.
Para los contratos firmados después, las deducciones oscilan a a partir de un 60% con condiciones. Así, se puede llegar hasta una bonificación máxima del 90% si la vivienda está dentro de una zona declarada tensionada y el casero ha efectuado una rebaja superior al 5% respecto al precio anterior o ha sacado la propiedad por primera vez al mercado.
Si el inquilino es un joven de 18 a 35 años u otro colectivo vulnerable, se puede alcanzar una bonificación del 70%; y tras una rehabilitación, durante los dos años posteriores a las obras, el casero puede bonificarse hasta un 60% en el IRPF.
Pedro Sánchez acompañó ayer el anuncio de su revolución fiscal en la vivienda con otras dos medidas. Por un lado, un nuevo límite de precios, en este caso al alquiler de habitaciones, por el que «la renta total del conjunto de habitaciones no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa». En caso de que la propiedad en alquiler se ubique en una zona tensionada, «se le aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la ley».
«En los últimos tiempos», explicó el presidente, «hemos detectado una tendencia que es realmente preocupante, y es la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones con el único objetivo de incrementar las rentas».
Por otro lado, aunque esta fue la medida que menos concretó, prometió actuar contra el «fraude» que se produce con el alquiler de temporada. «Se fijarán condiciones estrictas para ser considerado contrato de temporada y se establecerá un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración», explicó el Ejecutivo.
«Nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y a vivir en la incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo el de la especulación y el de la codicia; por tanto, no vamos a permitirlo», ha defendido Sánchez.
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