<p>Casi dos años después de iniciarse el proceso, la <strong>Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC)</strong> está a punto de convertirse en realidad, con uno de los cambios más esperados: el fin del <i>spam</i> telefónico, esas llamadas comerciales no deseadas que invaden los teléfonos de los españoles sin su consentimiento.</p>
El texto deberá someterse a un último debate en el Congreso entre el 11 y el 13 de noviembre, antes de votarse en el Senado
Casi dos años después de iniciarse el proceso, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) está a punto de convertirse en realidad, con uno de los cambios más esperados: el fin del spam telefónico, esas llamadas comerciales no deseadas que invaden los teléfonos de los españoles sin su consentimiento.
Esta y otras enmiendas, junto con el texto completo de la norma, fueron aprobadas este miércoles por la Comisión de Derechos Sociales y Consumo. Solo queda pendiente la aprobación en el Congreso, un trámite casi simbólico que confirma el respaldo político a la ley.
A través de esta enmienda, se va a obligar a las empresas a identificar con un código numérico específico (un prefijo telefónico) todos los números desde los que hagan llamadas telefónicas comerciales. También a identificar con otro código distinto las llamadas de atención al cliente. Y, en base a estos códigos, se va a obligar a su vez los operadores de telecomunicaciones a bloquear todas las llamadas de empresas que no utilicen estos códigos. Esto implicará, y así lo recoge la enmienda, que el Gobierno de España adapte el Plan Nacional de Numeración para facilitar la implementación técnica del nuevo sistema de identificación y bloqueo.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, persigue con la Ley de Servicios de Atención a la Clientela un objetivo claro: obligar a las empresas a ofrecer un servicio más eficiente, transparente y centrado en el consumidor. La ley base no es completamente nueva; se trata del rescate de un proyecto que había quedado paralizado con el cambio de Gobierno en 2023. Tras su aprobación inicial por el Consejo de Ministros a principios de 2024, el Ministerio ha ido incorporando una serie de enmiendas destinadas a modernizar y reforzar su alcance.
Uno de los cambios más relevantes establece un sistema de identificación obligatorio para las llamadas telefónicas de las empresas. Cada llamada comercial deberá emitirse desde un número identificado con un código numérico específico, mientras que las llamadas de atención al cliente deberán portar un código distinto. Este mecanismo permitirá a los operadores de telecomunicaciones bloquear automáticamente las llamadas que no cumplan con estas normas, poniendo fin de manera efectiva a las llamadas comerciales no deseadas, el llamado ‘spam’ telefónico, que hasta ahora saturaba los teléfonos de millones de españoles sin su consentimiento.
La ley no se queda solo en la regulación de las llamadas. Para garantizar la viabilidad técnica del nuevo sistema, la norma prevé que el Gobierno adapte el Plan Nacional de Numeración, asegurando que la infraestructura de telecomunicaciones pueda implementar de forma efectiva la identificación y el bloqueo de llamadas. Además, estas medidas refuerzan la protección del consumidor, obligando a las empresas a ser transparentes y responsables en la comunicación con sus clientes, y establecen una base legal que facilitará futuras mejoras en los servicios de atención al cliente.
Con estas enmiendas, la ley busca dar respuesta a un problema histórico: la proliferación de llamadas comerciales no solicitadas que, durante años, han sido una fuente constante de molestias y reclamaciones. La medida supone un cambio de paradigma en la relación entre empresas y usuarios, con un enfoque más tecnológico, preventivo y garantista. Tras la aprobación de estas enmiendas en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, la ley queda ahora a un paso de su aprobación definitiva en el Congreso, un trámite que, según fuentes del
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela también incluye la reforma legal que obligará a las empresas con más de 250 trabajadores o que superen los 50 millones de facturación a hablar a la clientela en las diferentes lenguas cooficiales del Estado. También este apartado ha pasado el examen con el aprobado de PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Podemos y Bildu. Sólo PP y Vox han votado en contra.
Es decir, el partido de Carles Puidgemont ha aceptado las transaccionales que introdujeron el partido del PSOE y Sumar la semana pasada, y que establecen que la obligatoriedad de hablar en idiomas oficiales sólo apliquen en las comunidades autónomas bilingües y no en todo el territorio, como pretendían los independentistas el pasado septiembre.
Superada esta fase, el texto de la Ley de Atención a la Clientela se elevará al Pleno de la Cámara Baja para un último debate en el Congreso entre el 11 y el 13 de noviembre. Después pasará a votación en el Senado.
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