<p>Poco más de un mes después de que el <a href=»https://www.elmundo.es/economia/empresas/2024/12/17/6761755dfdddff0b588b459e.html»>Parlamento de Galicia</a> diese luz verde a la ley regional para sustituir miles de molinos y forzar a los promotores a vender parte de su energía al empresario local, la patronal eólica española, la AEE, empieza a palpar el peligro. Su presidenta, <strong>Rocío Sicre</strong>, envió hace unos días tres misivas dirigidas al responsable de la Oficina Económica de Moncloa, <strong>Manuel de la Rocha</strong>, a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al secretario de Estado de Energía, <strong>Joan Groizard</strong>. En ellas, la portavoz de gigantes como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Acciona ha instado a la terna de altos cargos del Gobierno a <strong>recurrir el plan eólico gallego en el Tribunal Constitucional</strong>, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes conocedoras.</p>
La AEE acelera para frenar la norma autonómica a menos de dos meses de que termine el plazo ordinario que fija la ley para plantear un recurso de inconstitucionalidad
Poco más de un mes después de que el Parlamento de Galicia diese luz verde a la ley regional para sustituir miles de molinos y forzar a los promotores a vender parte de su energía al empresario local, la patronal eólica española, la AEE, empieza a palpar el peligro. Su presidenta, Rocío Sicre, envió hace unos días tres misivas dirigidas al responsable de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. En ellas, la portavoz de gigantes como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Acciona ha instado a la terna de altos cargos del Gobierno a recurrir el plan eólico gallego en el Tribunal Constitucional, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes conocedoras.
Es la primera vez que las eólicas dirigen su clamor directamente al Palacio de La Moncloa. El reloj está en marcha, pues el plazo ordinario para plantear un recurso de inconstitucionalidad es de tres meses desde la publicación oficial del texto en cuestión. Hay una segunda opción que amplía el margen para recurrir cuando, en lugar de pleitear desde el principio, se opte por constituir una Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración del Estado y la respectiva autonomía, en el seno de la cual se abran negociaciones para modificar la norma en cuestión. En ese caso, si finalmente no se alcanza un consenso, el presidente del Gobierno podrá recurrir en el plazo de nueve meses desde la publicación oficial de la norma.
En el caso del plan eólico impulsado por la Administración de Alfonso Rueda, solo Pedro Sánchez, el Defensor del Pueblo o cincuenta diputados y cincuenta senadores podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad. Las eólicas confían en movilizar al inquilino de la Moncloa contra el marco sectorial de la Xunta apelando a uno de sus asesores económicos de cabecera y a la máxima responsable de la política energética nacional.
«Esta Ley, impulsada por el gobierno de la Xunta de Galicia, introduce medidas que comprometen el crecimiento del sector, generan inseguridad jurídica e incertidumbre en los inversores y dificultan la consecución de los objetivos energéticos y de descarbonización nacionales», rezan las cartas firmadas por Sicre. En ellas, la presidenta de la AEE reitera «respetuosamente» la petición sectorial al Gobierno «para que active los mecanismos legales que permitan anular» la norma, entre los que cita el recurso de inconstitucionalidad o la creación de la citada Comisión Bilateral. Tanto en la AEE como en el Gobierno han evitado hacer comentarios.
El nuevo marco renovable de la Xunta ha generado un terremoto en todo el sector energético. En noviembre, la patronal eólica europea, WindEurope, alertó por correo electrónico al presidente gallego de que sus medidas desatarían una ola de arbitrajes internacionales, dado que «contradicen los principios básicos del derecho europeo». Un mes más tarde, las tres grandes patronales del ramo a nivel nacional -la eléctrica (Aelec), la eólica (AEE) y la renovable (Appa)- emitieron un comunicado conjunto, sin precedentes en la historia, que tachaba la norma de «antieconómica» y de distorsionar la competencia.
Galicia llevaba sin actualizar su plan eólico desde 1997, de modo que su capacidad (6.500 MW) ya está agotada. Así argumenta la Xunta su golpe de timón que, defiende, es «justo y proporcionado». Una de las medidas más polémicas es la de obligar a los promotores a repotenciar gradualmente los aerogeneradores de más de 25 años de antigüedad, es decir, de desmontar unos 3.000 molinos y sustituirlos por otros nuevos. En el sector alegan que muchos de ellos funcionan perfectamente y en la Xunta, que la medida reducirá el impacto paisajístico de los parques.
Otra medida que ha soliviantado al sector es la de obligar a los nuevos parques a vender el 50% de su energía a empresas locales. Está por ver cómo se posiciona el Gobierno al respecto, sobre todo, después de que el PSOE haya incluido en su hoja de ruta ideológica una propuesta para aprobar una ley que obligue a ceder a vecinos y ayuntamientos el 20% del capital de cada nueva planta eólica y solar que se instale en España, como adelantó este diario.
Actualidad Económica