La policía belga ha registrado este jueves varias dependencias de la Comisión Europea, en el marco de una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) sobre la venta de una veintena de edificios a Bélgica hace dos años, según han confirmado fuentes de la fiscalía en Luxemburgo y del Ejecutivo europeo a este diario.
La operación ha sido ordenada por la Fiscalía Europea, que investiga al Ejecutivo comunitario por la venta de varios edificios al Estado belga
La operación ha sido ordenada por la Fiscalía Europea, que investiga al Ejecutivo comunitario por la venta de varios edificios al Estado belga
La policía belga ha registrado este jueves varias dependencias de la Comisión Europea, en el marco de una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) sobre la venta de una veintena de edificios a Bélgica hace dos años, según han confirmado fuentes de la fiscalía en Luxemburgo y del Ejecutivo europeo a este diario.
Un portavoz comunitario ha confirmado que la investigación se centra en la venta de 23 edificios de la Comisión al Estado belga en 2024. Desde EPPO se ha indicado que, en el marco de esta investigación, se han realizado este jueves actividades para recabar pruebas.
El momento elegido para el operativo policial no podía ser mejor: la mayoría de periodistas acreditados ante la Unión Europea estaba este jueves bien en el castillo belga de Alden Biesen, cerca de la frontera con Países Bajos, cubriendo la reunión informal de líderes europeos, o en las dependencias de la OTAN en Bruselas. Mientras tanto, agentes de la policía belga han efectuado los registros en varias dependencias del Ejecutivo europeo, entre ellos en el Departamento de presupuesto, según adelantó el diario Financial Times.
Según informó en su momento la Comisión, la operación entre el Ejecutivo europeo y el fondo soberano belga SFPIM, valorada en 900 millones de euros, respondió a la decisión de la Comisión, entonces ya bajo la batuta de Ursula von der Leyen, de reducir su espacio de oficinas, para lo que en 2023 publicó una convocatoria de licitaciones que acabó siendo adjudicada a SFPIM.
La venta, dijo al anunciar la operación, en abril de 2024, “desempeñará un papel importante en los esfuerzos de la Comisión por reducir la superficie de sus oficinas en un 25% para 2030, modernizando y ecologizando así su patrimonio inmobiliario y reduciendo su huella de carbono”.
La Comisión ha subrayado su disposición a cooperar con las autoridades en una investigación en la que se dice tranquila: “En lo que respecta a la Comisión Europea, la venta de los edificios se llevó a cabo siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos, y estamos seguros de que el proceso se desarrolló de manera conforme”, ha afirmado al respecto el portavoz comunitario.
En la época en que se realizó la venta ahora bajo la lupa de la Fiscalía Europea, el comisario responsable de este departamento era el austriaco Johannes Hahn, actualmente enviado especial de la UE en Chipre.
La Comisión está “comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas y cooperará plenamente con la Fiscalía Europea y las autoridades belgas competentes en esta cuestión, proporcionando toda la información y asistencia necesarias para garantizar una investigación exhaustiva e independiente sobre este asunto”, ha asegurado.
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