<p>En un supermercado. ¿O en el mercado de Nothing Hill? Incluso en las tiendas exclusivas de <i>souvenirs</i>:<strong> comprar cigarrillos electrónicos</strong> (vapers) está al alcance de cualquiera en <strong>Reino Unido</strong>. Los precios no superan las diez libras esterlinas (más de once euros al cambio) o las 13 libras (casi 15 euros) en los más sofisticados.</p>
Aumentar los impuestos podría derivar en la crecida del mercado ilícito que ya preocupa a las principales instituciones y aún más a las tabacaleras
En un supermercado. ¿O en el mercado de Nothing Hill? Incluso en las tiendas exclusivas para souvenirs: comprar cigarrillos electrónicos (vapeadores) está al alcance de cualquiera en Reino Unido. Los precios no superan las diez libras esterlinas (más de once euros al cambio) o las 13 libras (casi 15 euros) en los más sofisticados.
Esos precios tienen los días contados. Reino Unido pondrá en marcha el próximo octubre una nueva tasa impositiva, la UK Vaping Duty, para gravar el líquido de la nicotina con una tarifa fija de 2,20 libras (2,50 euros) por cada diez mililitros de líquido para vapeo. La tasa sumará a las arcas públicas 135 millones de libras en 2026, y más de 400 millones en 2027, su primer año completo.
No en vano, el británico es el mayor mercado de vapeadores del continente. Pero el fácil acceso a los nuevos dispositivos para fumar se ha convertido en un dolor de cabeza para su gobierno, que extrema la regulación ante el dato de que el 80% de sus fumadores se inicia antes de los 20 años. Así que, además de esta medida para alejar los precios de los bolsillos más jóvenes, desde junio de 2025 los vapeadores desechables (más baratos) están prohibidos, y hay restricciones a la capacidad y cantidad de la nicotina: máximo de dos mililitros de tanque y 20 miligramos por mililitro de nicotina.
En la Unión Europea (UE), la Directiva de Productos del Tabaco (TED) pone el límite en estas mismas cantidades, además de prohibir ciertos sabores y aditivos. Sin embargo, en fiscalidad, la norma británica adelanta a la TED, que tiene hasta 2027 para establecer una tasa a los nuevos productos de la nicotina.
Los impuestos son una de las muchas disuasorias que ya se aplican en Europa para evitar el consumo juvenil. Pero desde la industria insisten en el daño colateral que provoca si no se acompaña de más medidas: el aumento del comercio ilícito. Ante un precio elevado en los productos regulados, lo habitual suele ser buscar más baratos.
En Reino Unido, la venta ilegal alcanza los 2.000 millones anuales de vapeadores, explica a este medio David Hunt, protavoz de la Chartered Trading Standards Institute. La entrada al continente se produce mayoritariamente a través del Este de Europa, si bien las falsificaciones o imitaciones de vapers desde China llegan a puertos y aeropuertos. Luego se venden en mini-markets a unos precios más baratos. Y la razón para que sean incautados es que el líquido de nicotina contiene grandes cantidades de metales pesados (muy tóxicos), superan la cantidad permitida o incluyen ingredientes no regulados. Todo ello conlleva un riesgo intrínseco a la salud, además del peligro de usar baterías de baja calidad (más baratas).
Así que Reino Unido pide colaboración en todos los sectores para vigilar el mercado. Y en esta lucha, cuenta con el apoyo lógico de las instituciones sanitarias, pero también de las empresas tabacaleras, preocupadas por su competencia e imagen. Entre las leyes sanitarias y la sangría en ventas del tabaco tradicional, apuestan (e invierten) en una transformación de sus productos en la que el mercado ilícito les quita ingresos.
Algunas se han puesto manos a la obra. En Reino Unido está presente British American Tobacco y su sede global de i+D. La compañía señala que tiene una cuota del 40% en los principales mercados de cigarrillos electrónicos. Como uno de los afectados, además un registro masivo de patentes que protejan su i+D (350 anuales desde el centro británico), lanza un programa piloto para evitar el problema de la venta a menores, sin pasar por los precios: junto a Yoti, firma de escáneres digitales, propone un sistema de cámaras que estiman la edad. Está en marcha en 600 tiendas de Reino Unido, Grecia o Italia, entre otros, y BAT presume de que la tasa de precisión es del 99% a la hora de identificar a menores de entre 13 y 17 años. Explican que al no basarse en la identificación, no infringe las leyes de protección de datos.
Es difícil dibujar el tamaño del mercado ilícito de los vapeadores. Los últimos datos de Euromonitor estiman que las ventas mundiales ilegales superaron los 600.000 millones de unidades en 2024. Prevén que la cifra aumente un 10% en 2025. Todo ello se traduce en 47.000 millones de dólares perdidos, «resultado de las complejas regulaciones y del desajuste entre la demanda de los consumidores y los productos legales disponibles». Un grueso se halla precisamente en los desechables, con una tasa del 89% de ventas ilegales a nivel global en 2024.
La pérdida no es sólo para las empresas; también para las arcas públicas. Los últimos análisis de ECigIntelligence, de la compañía de datos Tamarind Intelligence, apuntan que en Europa la mayoría de los países recauda menos del 50% de los impuestos teóricamente debidos. Con datos de 2022, estima que se perdieron más de 200 millones de euros en impuestos por ventas ilícitas en la UE.
En España, la venta ilegal de vapers ha sido objeto de varias operaciones de la Guardia Civil, una de las más recientes en Sevilla y Algeciras donde incautaron 25.000 vapeadores ilegales (incumplían la propiedad intelectual y las medidas sanitarias). Su destino: tiendas especializadas, pero también venta online.
Tamarind analiza el caso español: el mercado ilícito alcanza en 2025 más del 30% del valor total del mercado de vapeo (cerca de 57 millones de euros). Entre los formatos predilectos se encuentra la venta online, con gran demanda a través de redes como Telegram. De hecho, el análisis concluye que en España el 20% de las ventas online son de origen ilícito.
Porque, legalmente, la compra de vapeadores se permite en todos sus formatos. La nueva ley antitabaco de Sanidad iguala en restricciones el consumo de cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina, y prohíbe los desechables, pero no regula la venta de los nuevos productos. Mientras, la comercialización del tabaco tradicional se restringe a los estancos. Una medida que sí apoyan las empresas porque, argumentan, sería una forma de controlar que se respeta la normativa. Y pondría a todas las firmas en el mismo punto de partida (o de venta). Lo cierto es que Sanidad trató de aplicar esta medida en 2022, pero la CNMC la frenó al considerar que contribuía al monopolio del tabaco.
Así que, por ahora, la cuestión que iniciaba este texto tiene en España una respuesta similar: puede comprar vapeadores en cualquier sitio. Estancos, tiendas especializadas, bazares, discotecas… e incluso en franquicias como Primor (el más barato a 1,99 euros, y el más caro, 5,95 euros). Eso, si no acude a un particular: distintas webs enseñan a montar un negocio propio (y sólo requiere el alta como autónomo).
Actualidad Económica
