¿Cómo le explica una madre a su hijo de 10 años que no va a ir al colegio porque el maestro ha sido condenado por acosar a un menor? «Le dije que no iría al cole porque había un problema con un profesor».
Hablan los padres de los dos colegios de Mallorca que han puesto en huelga de asistencia a sus hijos como protesta por la presencia del docente Miquel Roldán, condenado en 2024 por acosar a un menor. El Gobierno impulsa un cambio en la normativa
¿Cómo le explica una madre a su hijo de 10 años que no va a ir al colegio porque el maestro ha sido condenado por acosar a un menor? «Le dije que no iría al cole porque había un problema con un profesor».
¿Y qué le contesta a su madre ese niño desde la irreductible curiosidad infantil? «Él, claro, me preguntó qué problema era, le dije que uno no resuelto…pero insistió: ‘¿Qué problema, mamá?’». Y entonces la madre ya se rindió: «Le dije que era un problema de acoso con un ex alumno…que eso no significaba que viniera aquí a hacer lo mismo pero que los padres no queremos que ese hombre esté dentro de su aula».
La escena no es imaginaria. Es un diálogo real.
Es, para más señas, la conversación que tuvo Maria Ester con su hijo, alumno de Cuarto de Primaria del colegio Son Pisà. Un centro público de Palma situado en una barriada multicultural, modesta y tranquila, pero que estos días ha sido sacudida por un hecho inusual: la huelga de asistencia de alumnos decidida por las familias ante la llegada a las aulas de Miquel Roldán, un profesor condenado en 2024 por acosar fuera del entorno educativo a un menor de edad, de 17 años, que tres años antes había sido su alumno en otro centro educativo de Mallorca.
Es el caso Roldán. Un asunto que ya ha dinamitado la convivencia escolar de dos colegios de la isla en lo que va de curso y que va camino de marcar un antes y un después en la legislación educativa española.
La ministra de Infancia, Sira Rego (IU), anunció ayer un cambio en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) como reacción a este caso y a otro similar registrado en Zaragoza.
Todo arrancó en septiembre, cuando los padres del colegio Maria Antònia Salvà de Son Sardina se organizaron de forma espontánea y apolítica para iniciar un movimiento de protesta. Denunciaban la presencia del profesor condenado en su colegio.
Durante once días mantuvieron a sus 185 hijos en casa y paralizaron el inicio de curso como negativa a que los niños compartieran aula con el profesor condenado.
Ese grupo de padres mantuvo el pulso con firmeza y la huelga de alumnos fue mayoritaria, como lo está siendo estos días la de Son Pisà, donde el docente, que es interino, ocupa temporalmente la plaza de un profesor de baja. De los500 alumnos, más de 300 se han quedado en casa durante más de una semana.
Ayer la huelga quedó desconvocada tras el anuncio de reforma legislativa del Gobierno, aunque los alumnos del curso afectado seguirán sin ir al colegio.
«Estábamos dispuestos a hacer lo que fuese necesario para proteger a nuestros hijos, incluso a organizarnos entre nosotros para hacer homeschooling si no quedaba otro remedio», explica ahora Miquela Bordoy, madre de un alumno de Son Sardina y una de las portavoces de aquel movimiento que en septiembre agitó la conciencia de la isla y catapultó el caso a la opinión pública ante la estupefacción de la sociedad balear.
Finalmente, los niños volvieron a clase porque Roldán se dio de baja. Fue un parche ante la imposibilidad del gobierno regional a aplicar una solución legal. El Ejecutivo autonómico explicó en reiteradas ocasiones que mientras la ley nacional no se modificara, no podía hacer nada por evitar que el docente condenado por acoso pudiera seguir ejerciendo.
El profesor condenado en 2024 -que a pesar de la sentencia condenatoria sigue defendiendo su inocencia y pone en jaque al sistema aferrándose a su derecho a dar clase- fue castigado con un año de prisión por aquellos hechos.
Se le declaró culpable de acosar a un menor (no fue un delito de índole sexual) con el que había trabado amistad y con el que jugaba partidas de pádel después de que aquel quisiera dejar de tener contacto.
Sin embargo, la jueza no le impuso la inhabilitación que reclamaban la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma, al haberse producido los hechos delictivos fuera del entorno escolar y tiempo después de darle clase. Un vacío legal que impide apartar a un docente por ese delito posibilitó que Roldán pudiera seguir impartiendo clase.
«Con nuestra huelga no se consiguió nada a efectos normativos pero sí repercusión social y la promesa de una modificación de la Ley estatal», explica Bordoy cuando recuerda la lucha de los padres de Son Sardina. «Al menos se logró concienciar a la gente de que si las familias se unen pueden lograr grandes cosas».
«En aquella ocasión se dio una falsa salida pero debería haber soluciones definitivas», agrega Biel Cardona, padre del mismo colegio y miembro del Consejo Escolar. «Es imposible que la administración no tenga un método para actuar y evaluar a los profesores y evitar algo así, sobre todo teniendo toda la información que tenía la Consejería», añade al ver que el caso se ha vuelto a repetir en otro centro.
EL MUNDO ha reunido ahora a padres de los dos colegios afectados frente a las puertas del colegio de Son Pisà, de cuyas verjas cuelgan pancartas reivindicativas y camisetas pintadas por los niños. «¡Quiero un colegio seguro!», se lee en una de ellas.
En el interior del centro se celebra una asamblea extraordinaria mientras ocho niños juegan a fútbol en el patio. Allí, a la vieja usanza, han improvisado porterías con neumáticos y gritan y se divierten ajenos al revuelo que se ha montado en su colegio.
La noticia de la reforma de la ley anunciada ayer ha generado «satisfacción» entre las familias, que sin embargo todavía desconfían de su aplicación.
«No puedo entender cómo esta persona puede dedicarse todavía a la docencia», se lamenta Amelia, madre del colegio afectada. «Nos causa muchísima incertidumbre y pedimos una solución; está siendo muy difícil para nosotros», agrega desesperada pero firme en la decisión de que su hijo no vaya al colegio mientras nada cambie.
«Entendemos que todo el mundo tiene derecho a trabajar pero también pensamos que el derecho de los niños no puede pasar a un segundo plano», apostilla a su lado Maria José, que se pregunta «cómo puede» un profesor condenado por algo así «dar clase a niños». «¿Cómo podemos fiarnos los padres?», agrega.
El anuncio de la ministra Rego encuentra un eco de satisfacción contenida en las puertas del colegio de Son Pisà, donde las madres posan para este diario junto a un cartel que ha estado colgado en los dos colegios y que lanza un mensaje cristalino: «Los niños y niñas, siempre primero».
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