<p>Las CCAA del PP han tejido este jueves una inusitada alianza con el <strong>País Vasco</strong>, del PNV, al rechazar el <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/04/02/67ecf159fc6c8353628b45a6.html»>proyecto de real decreto</a> del Gobierno que pretende endurecer los criterios para crear nuevas <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/04/01/67ec41b2e85eceb4368b456d.html»>universidades</a> privadas y para poder mantener abiertas las ya existentes. Regiones <i>populares</i> como la <strong>Comunidad Valenciana</strong>,<strong> Andalucía</strong>, <strong>Madrid</strong>, <strong>Galicia</strong>, <strong>Murcia</strong>, <strong>Castilla y León</strong>, <strong>Baleares</strong> o <strong>Cantabria</strong> han mostrado su «rotunda oposición» a que siga adelante porque, entre otras cosas, «invade competencias autonómicas».</p>
Se oponen a que el Gobierno asuma la gestión de los nuevos campus ‘online’, que ahora son competencia de las CCAA
Las CCAA del PP han tejido este jueves una inusitada alianza con el País Vasco, del PNV, al rechazar el proyecto de real decreto del Gobierno que pretende endurecer los criterios para crear nuevas universidades privadas y para poder mantener abiertas las ya existentes. Regiones populares como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León, Baleares o Cantabria han mostrado su «rotunda oposición» a que siga adelante porque, entre otras cosas, «invade competencias autonómicas».
El borrador, debatido en una Conferencia General de Política Universitaria celebrada en Paterna (Valencia), responde a la voluntad del Gobierno de «frenar la expansión de universidad de garaje, que son básicamente un negocio con fondos de inversión detrás», ha explicado la ministra Diana Morant.
Fuentes presentes en la reunión apuntan que los representantes autonómicos han pedido votar, pero la ministra se ha negado. El escaso entusiasmo que suscita el decreto -sólo han explicitado su apoyo las socialistas Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra– indica que será difícil convalidarlo en el Congreso si el PNV persiste en su rechazo.
El viceconsejero vasco Xabier Aizpurua es muy claro al afirmar que «genera un entorno normativo restrictivo que dificulta la incorporación de nuevas universidades al sistema, afectando de forma negativa a la diversidad y calidad del panorama universitario». También denuncia que «invade atribuciones que corresponden a las CCAA».
Palabras calcadas a las del viceconsejero vasco -«va contra la Constitución», «invade competencias autonomías»- utilizaron los representantes populares. La Comunidad Valenciana ha llegado a decir que el decreto es «recentralizador» porque, por un lado, el Gobierno pasará a asumir la gestión de las nuevas universidades online que se creen. El Ministerio ha rectificado parcialmente en esto porque al principio se quería quedar con las competencias de todas las universidades online, pero ha accedido a que las ya existentes sigan dependiendo de las CCAA, según el consejero valenciano José Antonio Rovira, que sigue en desacuerdo con este «grave ataque al Estado autonómico».
Por otro lado, Juan María Vázquez, consejero de Murcia, coincide con el País Vasco al denunciar que, al convertirse en vinculantes los informes de las agencias de calidad para autorizar la creación de nuevos campus, se «hurta a los parlamentos autonómicos la capacidad legislativa».
Las autonomías populares también han afeado al Ministerio que vaya a aprobar el decreto con carácter de urgencia, «una artimaña para saltarse los controles», en palabras de Galicia, «porque con este trámite se evita la consulta pública». Auguran que «provocará inseguridad jurídica» porque lleva una disposición para que los nuevos requisitos, más exigentes, se apliquen también a las 10 universidades ya en trámite de aprobación, e introduce una «retroactividad» que afectará a las ya existentes. Por ejemplo, ahora se va a exigir un mínimo de 4.500 alumnos o que la universidad garantice alojamiento al alumnado, condiciones que no cumplirían buena parte de las universidades privadas actuales.
En el otro lado, Amador Pastor, consejero de Castilla-La Mancha, (una región donde no hay universidades privadas), ha mostrado su conformidad con el texto presentado porque «fortalece y uniforma en todo el Estado unos ciertos mínimos de calidad». Fuentes de la Consejería de Universidades de Asturias han apoyado el decreto porque «puede contribuir a garantizar la calidad de la educación superior».
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