<p>La primera jornada de declaraciones ante la juez <strong>Beatriz Biedma</strong> en el caso que se investiga a <a href=»https://www.elmundo.es/espana/david-sanchez-perez-castejon.html»>David Sánchez-Pérez Castejón</a> y su presunto ‘enchufe’ en la Diputación de Badajoz ha dejado importantes novedades en el caso. Durante casi cuatro horas han declarado los tres responsables de los conservatorios desde 2017 hasta la actualidad y durante otras casi dos los tres máximos responsables de Hacienda, que no firmaron ni fecharon el informe que les pidió la juez sobre el presunto incremento patrimonial del hermano del presidente del Gobierno, por lo que han sido recriminados durante la sesión por la propia magistrada.</p>
Primera jornada de declaraciones de los testigos en el procedimiento judicial sobre David ‘Azagra’
La primera jornada de declaraciones ante la juez Beatriz Biedma en el caso que se investiga a David Sánchez-Pérez Castejón y su presunto ‘enchufe’ en la Diputación de Badajoz ha dejado importantes novedades en el caso. Durante casi cuatro horas han declarado los tres responsables de los conservatorios desde 2017 hasta la actualidad y durante otras casi dos los tres máximos responsables de Hacienda, que no firmaron ni fecharon el informe que les pidió la juez sobre el presunto incremento patrimonial del hermano del presidente del Gobierno, por lo que han sido recriminados durante la sesión por la propia magistrada.
Lo más significativo de las testificales ha sido el problema que existe con el borrado de los correos electrónicos corporativos que intervino la UCO hasta en tres registros consecutivos en julio del año pasado en la sede central de la Diputación y en el que se analizaron los mensajes entre los nueve altos cargos de la institución que están imputados, entre ellos el del propio David Sánchez Pérez-Castejón y el del presidente de la Diputación y líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Ello derivó en un informe de la Guardia Civil de 453 páginas tras capturar 8.217 correos, pero faltan algunos que pueden ser decisivos. En concreto, se ha producido un borrado de una parte temporal de los de las directoras de los Conservatorios, María del Rosario Mayoral, del ‘Bonifacio Gil’, y de Yolanda Sánchez, del ‘Juan Vázquez’. Ambas, en su declaración, han reconocido que desconocen el por qué no se encuentran.
La juez ha mostrado su extrañeza al comprobar en el informe de la UCO cómo Yolanda Sánchez sólo había usado el correo una única vez durante estos años, a lo que la responsable musical ha señalado que ella no tiene costumbre de utilizar el correo corporativo y sí el personal, aunque fuera para cuestiones de trabajo. De este presunto borrado de mensajes ya se había preguntado meses atrás a la Diputación de Badajoz y el organismo señaló que de forma automática la nube realiza un borrado de todas aquellas personas que después de cinco años dejan de trabajar en la institución, pero éste no es el caso de ambas directoras, que siguen en su puesto.
En cualquier caso, y según han explicado diversas fuentes que estuvieron en la sala de declaraciones (fueron a puerta cerrada y la prensa no pudo estar presentes), una de estas responsables, María del Rosario Mayoral, ha admitido que desde antes del confinamiento no mantiene relación profesional alguna con David Sánchez, a pesar de que supuestamente es su superior jerárquico. La otra directora señaló que tampoco tiene una relación profesional con David ‘Azagra’ desde 2022, pero porque pensaba que con el cambio de puesto del hermano del presidente del Gobierno -de coordinador de Conservatorios a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas- dejaba de ser su jefe. En ese momento, se le ha mostrado en la sala el organigrama de la Diputación y éstas han expresado su ignorancia sobre que David Sánchez fuera jerárquicamente su jefe.
En este sentido, la defensa de David Sánchez Pérez Castejón, ejercida por Emilio Cortés, ha señalado que desde el primer momento las funciones de su cliente en la Diputación no consistieron tanto en coordinador las actividades musicales de los conservatorios sino en programas óperas para que éstas llegaran a la juventud y «al pueblo».
Un hecho también significativo es que estas dos directoras como el primer testigo en declarar, el ex director de uno de los Conservatorios, Evaristo Valentí, han admitido que desconocen dónde se encuentra ubicada la Oficina de Artes Escénicas, lugar donde tendría que ejercer su función David ‘Azagra’ al ser el responsable de la misma desde diciembre de 2022 cuando se le cambió la plaza de alta dirección.
La Diputación solicitó a los directores de los conservatorios que indicasen qué tareas podría realizar David Sánchez. En este sentido, Yolanda Sánchez aseguró desconocer dónde se encuentra ni quién conforma dicha oficina y por lo tanto no existe ninguna relación entre la dirección de cada uno de los dos conservatorios con este nuevo órgano que creó la Diputación hace dos años para el hermano del presidente del Gobierno, una vez que ya estaba trabajando dentro del organismo público.
Mientras, Evaristo Valentí se ratificó en que, cuando le pidieron opinión -como queda reflejado en los correos- él se posicionó en contra de la creación de la plaza de coordinador de conservatorios porque había «otras necesidades más importantes». En cualquier caso, ha asegurado que David Sánchez ha realizado, en su valoración, un trabajo satisfactorio en su puesto, aunque el puesto no era «imprescindible».
El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha sido como estaba previsto el que ha formulado las preguntas al haberse unificado en este sindicato las acusaciones particulares. Al finalizar las declaraciones, ha considerado que ya «se va acreditando», que David Sánchez Pérez-Castejón «no ha ejercido funciones de coordinación» de actividades de los conservatorios, algo que en su valoración «ha quedado absolutamente claro».
Según ha señalado este letrado, el puesto para el que se le contrató a David Sánchez Pérez-Castejón, «es una figura absolutamente formal, pero que no se ha cumplido jamás», mientras que ha dicho que «no hubo un tribunal para contratar a este señor», en alusión a David Sánchez, sino que «fue una designación prácticamente directa, no ha habido todo un proceso selectivo como el resto», una cuestión que ha negado el abogado de Sánchez, Emilio Cortés. Además, Bueno ha señalado que durante las declaraciones «nos hemos enterado de que incluso, al parecer, no tenía ni tan siquiera la formación debida», algo que seguirán investigando, ha avanzado el letrado.
Además, han declarado como testigos-peritos, la inspectora regional de Extremadura de la Agencia Tributaria, el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura y la delegada Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura. La juez les ha recriminado que no firmaran el informe ni le pusieran fecha ni el documento llevara incluido los membretes de la Agencia Tributaria para que se diera por hecho de que era un informe oficial. Sólo cuando realizó la magistrada una nueva providencia fue cuando les obligó a hacerlo. Además, han dejado claro que ellos sólo se basaron en los datos fiscales que les había transmitido David Sánchez y que, por tanto, no se ha abierto en ningún momento una investigación de Hacienda más amplia sobre el imputado y realizándose un estudio más profundo sobre su patrimonio, teniendo en cuenta además que aseguraba residir en Elvas. Preguntados por la jueza sobre si habían constatado si realmente vivía allí, admitieron que no. «Es lo que él dice» en sus declaraciones de Hacienda, llegaron a señalar a la magistrada,
En concreto, una de los responsables del informe, María Encarnación Cabezas (inspectora regional de Extremadura) señaló que nunca antes había trabajado en un informe de similares características. El segundo, Emilio Hurtado, jefe de dependencia regional de Gestión Tributaria, tampoco realizó informes a iniciativa propia y sólo cuando lo solicitan los juzgados. La jueza señaló que, para ella, y desde su trayectoria, no era «normal» que el informe se hubiera presentado sin nombre y justamente sean tres altos cargos quienes finalmente se hagan responsable del mismo tras la petición de ella. Una de estos peritos de Hacienda señaló que se le pidió participar por la delegada regional para ofrecer su interpretación del convenio de doble imposición existente en Portugal. El tercer testigo: lo mismo. Sólo ha realizado un informe de este tipo, el de David Sánchez.
Por su parte, Alexis Aneas, letrado de la asociación Liberum, ha señado ante los medios de comunicación que el puesto de trabajo de David Sánchez no parecía que «originalmente tuviera prioridad», se creó y «no se sabe realmente a petición de quién» y ha advertido de que de las declaraciones se desprende que las personas que trabajaban en los conservatorios «no consideraban la prioridad» la creación del puesto de trabajo y que la Oficina de Artes Escénicas «nadie sabe dónde está» mientras ha advertido del borrado de los mensajes de los correos electrónicos, aunque se desconoce por parte de quién, de dos de los testigos, aunque no ha evitado citar sus nombres.
Finalmente, Emilio Cortés, abogado del hermano del presidente del Gobierno, ha señalado al terminar las testificales que «la verdad es que no ha parecido un procedimiento penal porque hemos estado debatiendo cuestiones que son de estricta legalidad administrativa y fiscal para comprender qué tipo y qué calidad de trabajo ha ido desarrollando mi cliente, cosas extraordinariamente curiosas, pero en cualquier caso alejadas del ámbito penal de naturaleza criminal». Para Cortés, estos hechos no deberían guardar relación con un proceso penal en un Estado de Derecho: «Suena más a una auditoría y mucho más si se relaciona con el absentismo laboral», recalcó.
La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, investiga por posibles delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Para este jueves, está prevista la declaración, en calidad de investigados, del jefe de la Oficina de Artes Escénicas, David Sánchez Pérez-Castejón, y del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, junto a otros cuatro imputados. Quedarán tres más para el día 17.
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