<p>Las principales sociedades médicas que trabajan con la infancia y la adolescencia quieren cambiar la<strong> Lomloe</strong>, más conocida como<strong> Ley Celaá</strong>, para restringir las<a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/06/04/68409b8221efa0ac688b459f.html»> pantallas</a> en los colegios e institutos. Pediatras, psicólogos, neurólogos y psiquiatras consideran que la ley educativa aprobada en 2020 se ha quedado obsoleta en el tratamiento que da a los dispositivos digitales usados por los menores. Por eso reclaman que se suprima cualquier uso en los centros educativos en la etapa de Infantil, de cero a 6 años, y piden que la utilización sea de una hora como máximo, incluyendo deberes y uso escolar, entre los 7 y los 12 años y de «menos de dos horas diarias» a partir de los 13 años. </p>
Presentan en el Congreso una modificación de la Lomloe a través de la norma de Sira Rego para «proteger» a los alumnos
Las principales sociedades médicas que trabajan con la infancia y la adolescencia quieren cambiar la Lomloe, más conocida como Ley Celaá, para restringir las pantallas en los colegios e institutos. Pediatras, psicólogos, neurólogos y psiquiatras consideran que la ley educativa aprobada en 2020 se ha quedado obsoleta en el tratamiento que da a los dispositivos digitales usados por los menores. Por eso reclaman que se suprima cualquier uso en los centros educativos en la etapa de Infantil, de cero a 6 años, y piden que la utilización sea de una hora como máximo, incluyendo deberes y uso escolar, entre los 7 y los 12 años y de «menos de dos horas diarias» a partir de los 13 años.
Así lo recogen en las enmiendas a otra norma, el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores en los Entornos Digitales, que actualmente se tramita en el Congreso y que fue impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego. Los representantes de las sociedades científicas han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para presentarles un documento con sus correcciones a esta norma. Comenzaron, el miércoles, explicándoselas a la representante del PNV, aunque su intención es debatirlas con el resto de partidos.
Tras la iniciativa está la Plataforma Control Z, que agrupa a la Sociedad Española de Neurología, a la Asociación Española de Pediatría, a la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, a la Sociedad Española de Neurología Pediátrica y a la Sociedad Española de Psicología Clínica Infanto-Juvenil.
Son 10 enmiendas con anotaciones técnicas y de fondo destinadas a pulir la ley de Sira Rego, además de modificar otras normas, como la Lomloe, la Ley de Enjuiciamiento Civil o el Código Penal.
Hace sólo cinco años, la Lomloe consideraba los móviles, tabletas y ordenadores portátiles un «medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje». Pero los pediatras, neurólogos, psiquiatras y psicólogos advierten ahora de que «afectan al neurodesarrollo» de los niños hasta el punto de que están provocando «un problema de salud pública de primer orden».
Por eso han pedido que la ley se reformule. Reclaman que la Lomloe incluya un nuevo redactado en el que se prohíba el uso en la Educación Infantil. «En ningún caso se podrán utilizar dispositivos y/o herramientas digitales para el aprendizaje», indica. «Deberá suprimirse el uso de cualesquiera dispositivos o herramientas digitales actualmente implementados y/o usados, en su caso, en todos los centros que impartan Educación Infantil».
Además, demandan que «se respete la limitación del tiempo máximo de uso por edad recomendado en cada momento por las autoridades y las sociedades sanitarias, que, por defecto, será de una hora diaria de educación a través de medios digitales, incluyendo deberes y uso escolar, de los 7 a 12 años», el equivalente a la etapa de Primaria.
Reclaman, igualmente, que para Secundaria haya limitaciones: «Menos de dos horas diarias de educación a través de medios digitales, incluyendo deberes y uso escolar a partir de los 13 años».
Las sociedades médicas no están en contra de la tecnología, pero consideran «necesario que se establezca una gradación en la implementación de la educación con dispositivos digitales que no sobrepase en ningún caso el tiempo máximo de uso recomendado en cada momento por las autoridades competentes para cada edad». En este caso, la autoridad es la Asociación Española de Pediatría, que ha puesto los citados límites que los facultativos quieren recoger en la Ley Celaá.
Opinan que «el desarrollo de la competencia digital no supone solamente el dominio de los diferentes dispositivos y aplicaciones», algo que debe tener en cuenta el sistema educativo para dar la formación correcta a los estudiantes sin que esto «impacte en la salud física y mental, los tiempos de crianza, la socialización, el neurodesarrollo y el desarrollo psicoafectivo».
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