<p>Es habitual que los impuestos medioambientales generen un grado de repercusión mediática y política superior al que les correspondería por su peso en la recaudación total, que en España es históricamente bajo respecto a la media de la unión europea. En 2022, España recaudaba por impuestos ambientales alrededor de un 1,5% de su PIB, un porcentaje ligeramente sesgado a la baja por las rebajas fiscales que se produjeron en el marco del comienzo de la guerra en Ucrania. Estas rebajas coyunturales en los impuestos ambientales durante 2022, como el descuento de 20 céntimos en los carburantes, puso de relieve la fragilidad de este tipo de figuras impositivas en España frente a otros países.</p>
Es habitual que los impuestos medioambientales generen un grado de repercusión mediática y política superior al que les correspondería por su peso en la recaudación total, que e
Es habitual que los impuestos medioambientales generen un grado de repercusión mediática y política superior al que les correspondería por su peso en la recaudación total, que en España es históricamente bajo respecto a la media de la unión europea. En 2022, España recaudaba por impuestos ambientales alrededor de un 1,5% de su PIB, un porcentaje ligeramente sesgado a la baja por las rebajas fiscales que se produjeron en el marco del comienzo de la guerra en Ucrania. Estas rebajas coyunturales en los impuestos ambientales durante 2022, como el descuento de 20 céntimos en los carburantes, puso de relieve la fragilidad de este tipo de figuras impositivas en España frente a otros países.
Aunque el descuento de 20 céntimos en los carburantes duró pocos meses, otras medidas de rebajas fiscales se prolongaron más en el tiempo, especialmente las relacionadas con el IVA y los impuestos especiales sobre la electricidad, que se prolongaron hasta bien entrado 2024, y que ya han vuelto a sus niveles de 2019 en 2025, un 21% de IVA, 5,1% de Impuesto Especial de Electricidad (IEE) y un 7% de Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (IVPEE) . Aunque esto ha servido para impulsar la recaudación en los primeros meses de 2025 y a devolver parte de su peso a los impuestos ambientales, esto se hace a costa de una oportunidad perdida, la de reequilibrar este tipo de impuestos para favorecer la transición energética en España.
Simplificándolo al máximo, la transición energética requiere tanto de una transformación de la oferta como de la demanda de energía. En la parte de la oferta, España ha dado pasos muy rápidos con la adopción cada vez más amplia de energía fotovoltaica y eólica, pero la mayor parte de expertos en la materia coinciden en que la demanda no está siguiendo el ritmo, con ejemplos claros como la lenta adopción del vehículo eléctrico, entre otros. Para lograr que la demanda de electricidad puede alcanzar a la transformación de la oferta, reconfigurar los impuestos ambientales se antoja cada vez más como una necesidad.
La idea de reformar este tipo de impuestos para reducir la carga fiscal sobre la electricidad se ha recogido en trabajos como el Libro Blanco para la reforma fiscal y tiene una idea sencilla. Dentro de los impuestos ambientales, los impuestos sobre la energía suponen la mayor parte de la recaudación, pero actualmente en España ese tipo de figuras tributarias tienen poco peso en ciertas fuentes de energía, como gasolina, diésel y gas, y un peso excesivo sobre el consumo de electricidad, ejemplificado por los tres impuestos mencionados anteriormente. Por tanto, una reforma para fomentar la demanda de electricidad que sea neutra en términos recaudatorios necesita reducir los impuestos sobre la electricidad mientras que simultáneamente incrementa los impuestos ambientales sobre otras fuentes de energía más contaminantes.
Sobre el papel parece fácil, pero la cuestión clave está en el impacto distributivo de este tipo de impuestos ambientales. Por ejemplo, la equiparación de la fiscalidad entre el diésel y la gasolina ha sido una política especialmente controvertida por su impacto distributivo regresivo. En este caso, de acuerdo con estimaciones actualizadas del Libro Blanco, el impacto distributivo de equiparar fiscalmente gasolina y diésel supondría el 0,4% de la renta neta de los hogares más pobres, fuente a tan solo un 0,1% entre los hogares del top 10% con más renta. Este impacto desigual no solo se da entre grupos de renta, sino también entre regiones y tipos de hogar, resultando en grupos claros de «perdedores» que habitualmente encabezan la oposición a este tipo de políticas.
¿Cómo puede resolverse este bloqueo para impulsar la demanda eléctrica sin caer en estos efectos distributivos negativos? Abordando la rebaja de los impuestos a la electricidad como política compensatoria. De acuerdo con las mismas estimaciones, suprimir el IVPEE y modificar el IEE para rebajarlo sustancialmente respecto a sus niveles actuales, tienen un impacto distributivo tremendamente positivo, llegando a representar cerca del 1,8% de la renta neta de los hogares con menos recursos. En ese sentido, el gobierno ha perdido la oportunidad de consolidar las rebajas de ambos impuestos en los últimos años a cambio de incrementar la fiscalidad sobre otras fuentes de energía, pero eso no significa que una reforma de este tipo no pueda (y deba) hacerse en los próximos años.
Esta reforma, además, debe tener un horizonte claro. En los últimos años el gobierno ha optado por modificar gran parte de los impuestos indirectos para poder hacer frente a las subidas de precios en determinados ámbitos, en buena medida por la incapacidad de compensar a los hogares a través del sistema de transferencias, por las limitaciones que tiene en términos de tasa de cobertura, entre otros. Para que hogares y empresas se electrifiquen e impulsen la demanda de energía eléctrica es necesario que desaparezca esta noción de rebajas fiscales transitorias y se dibuje un escenario claro de impuestos estructuralmente más bajos a la electricidad y estructuralmente más altos sobre el resto de las fuentes de energía.
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