<p>El juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja acogió la pasada semana la segunda parte de la declaración como testigo de uno de los dos técnicos que estuvo al frente de la emergencia el día de la dana. El fatídico 29 de octubre de 2024, que se saldó con la muerte de 230 personas en Valencia, hubo dos grupos de personas que se sentaron en la controvertida reunión del Cecopi: por un lado, los altos cargos políticos y, por otro, los técnicos funcionarios. En aquella reunión fue donde se decidió el envío tardío del Es-Alert que investiga la jueza <strong>Nuria Ruiz Tobarra</strong>. Y si algo ha quedado claro tras la declaración de los dos jefes técnicos de la emergencia es que ambos se desentienden del retraso de la alerta.</p>
Varios testigos han ratificado que entre ambos hubo debate sobre cómo enviar el ES-Alert
El juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja acogió la pasada semana la segunda parte de la declaración como testigo de uno de los dos técnicos que estuvo al frente de la emergencia el día de la dana. El fatídico 29 de octubre de 2024, que se saldó con la muerte de 230 personas en Valencia, hubo dos grupos de personas que se sentaron en la controvertida reunión del Cecopi: por un lado, los altos cargos políticos y, por otro, los técnicos funcionarios. En aquella reunión fue donde se decidió el envío tardío del Es-Alert que investiga la jueza Nuria Ruiz Tobarra. Y si algo ha quedado claro tras la declaración de los dos jefes técnicos de la emergencia es que ambos se desentienden del retraso de la alerta.
Esto coloca la responsabilidad por la tardanza del ES-Alert sobre los hombros de los dos investigados: Salomé Pradas y Emilio Argüeso, que el día de la dana fueron los principales cargos políticos al frente de la gestión como consejera de Interior y secretario autonómico de Emergencias, respectivamente. A Pradas, de hecho, la jueza atribuye el mando único de la emergencia.
La ex consejera, a la que Carlos Mazón puso al frente de Emergencias tras la salida de Vox del Consell, ha alegado en su defensa que la alerta masiva a la población se retrasó precisamente por el debate técnico que surgió en el seno del Cecopi.
Sin embargo, las declaraciones de los dos cerebros técnicos al frente de la emergencia han tirado por tierra este argumento. Y eso que, según afirmó a la jueza el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Pradas y Mazón siempre le transmitieron que aquel 29 de octubre no se hizo nada sin que lo ordenasen los técnicos. «El ES-Alert se envió cuando lo dijeron los técnicos», aseguró Feijóo que le dijeron, tal y como consta en la transcripción de su declaración como testigo.
Los dos técnicos señalados son José Miguel Basset y Jorge Suárez. El primero, ya jubilado, ejercía el día de la dana como director operativo de la emergencia en tanto que inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Suárez, por su parte, es el subdirector de Emergencias de la Generalitat y, por tanto, el funcionario de más rango en el Cecopi. Son los únicos cuyas declaraciones ante la jueza se alargaron durante dos días. Los dos constataron que el ES-Alert se puso sobre la mesa a partir de las 17.30 horas, es decir, una vez arrancó el Cecopi. Pero no se envió hasta las 20.11.
Que entre ambos hubo debate sobre cómo enviar el ES-Alert es algo que han ratificado ante la jueza varios testigos. Pradas fue más allá al achacar directamente a esta discusión el retraso de la alerta. En su entrevista en Salvados llegó a decir: «Suárez lo tenía claro y yo también. Creo que la mayoría teníamos claro que se tenía que lanzar. Entonces es cuando el jefe operativo [Basset] dice que cree que puede ser contraproducente».
Pero Suárez apuntó también a Pradas: «A Pradas y Basset les pareció agresivo el primer texto, pero no por un tema legal, sino por términos como inmediatez». No fue lo único que dijo, pues desveló que el mensaje se retrasó porque Pradas y Argüeso, junto al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, exigieron llamar a los alcaldes para avisarles de que se iba a lanzar un ES-Alert. El subdirector de Emergencias reveló incluso que los políticos quisieron introducir cambios y correcciones lingüísticas en el texto, además de que en un momento dado se abrió otro debate por las dudas jurídicas que planteaba un posible confinamiento.
Basset, por su parte, reconoció a la jueza que puso objeciones a la redacción del primer borrador de ES-Alert para que no fuera «tan alarmista», si bien matizó que nunca se opuso a envío. Es más, fue él quien a las 18.13 horas redactó una nueva propuesta que, esta vez sí, logró el consenso de todos los participantes en el Cecopi. Ahora bien, aseguró que le pareció «incomprensible» que a partir de ahí se tardase dos horas en mandarlo a los móviles de la ciudadanía.
Tanto Suárez como Basset coincidieron también en apuntar contra la Confederación Hidrográfica del Júcar por no avisar en el Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo, algo que sostienen igualmente los dos imputados. Pero sobre esta cuestión la jueza no ha puesto el foco.
La llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Generalitat Valenciana no ha logrado todavía normalizar la relación institucional con las víctimas de la dana. De hecho, el próximo sábado se retoman las protestas para reclamar «prisión» para el ex presidente Carlos Mazón, con una nueva manifestación en Benetússer, una de las localidades de la llamada zona cero de la dana.
En paralelo, el Gobierno valenciano trata de rehacer los puentes con las asociaciones de víctimas y damnificados, aunque sin haber logrado aún el contacto con las entidades mayoritarias. Las principales asociaciones piden a Llorca que exija el acta de diputado a Mazón como condición para una primera reunión.
En todo caso, el comisionado para la Recuperación del Gobierno valenciano, Raúl Mérida, ha mantenido en los últimos días los primeros encuentros con otras entidades de damnificados. Se trata de Tots a una Veu, Fondo Solidario, SOS Picaña, Sociópolis Faitanar y Ecos del Agua Benetússer.
Según Mérida, la voluntad de diálogo de la Generalitat con los afectados por la dana es «total», además de que «las puertas siempre van a estar abiertas» para todas las asociaciones. Su objetivo, «restablecer la confianza».
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