<p class=»ue-c-article__paragraph»>El <a href=»https://www.elmundo.es/e/tr/tribunal-constitucional.html»>Tribunal Constitucional </a>se dispone a revisar la política de nombramientos llevada a cabo por <a href=»https://www.elmundo.es/e/do/dolores-delgado.html»>Dolores Delgado</a> y <a href=»https://www.elmundo.es/espana/alvaro-garcia-ortiz.html»>Álvaro García Ortiz</a> como fiscales generales del Estado. El Pleno de la corte de garantías ha admitido recientemente a trámite los recursos de amparos interpuestos por los fiscales <strong>Eduardo Esteban</strong> y la propia <strong>Delgado </strong>contra la anulación de sus ascensos a fiscales de Sala decretados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del <a href=»https://www.elmundo.es/e/tr/tribunal-supremo.html»>Tribunal Supremo.</a></p>
«De nuevo este tribunal está asumiendo competencias que son de jurisdicción ordinaria», aseguran en un voto particular.
El Tribunal Constitucional se dispone a revisar la política de nombramientos llevada a cabo por Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz como fiscales generales del Estado. El Pleno de la corte de garantías ha admitido recientemente a trámite los recursos de amparos interpuestos por los fiscales Eduardo Esteban y la propia Delgado contra la anulación de sus ascensos a fiscales de Sala decretados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
El órgano que preside el magistrado Cándido Conde-Pumpido, de nuevo profundamente dividido entre magistrados progresistas y conservadores, ha acordado examinar si el Alto Tribunal vulneró los derechos fundamentales de ambos fiscales. EL MUNDO ha tenido acceso al voto particular formulado por los miembros del bloque conservador Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel,César Tolosa y José María Macías, contrarios a la admisión a trámite de la demanda de amparo de la ex ministra Dolores Delgado.
En el voto conjunto, los magistrados discrepantes sostienen que se debió inadmitir el recurso de Delgado porque en el mismo «se aprecia con claridad» que no se está discutiendo sobre facetas constitucionales de derechos fundamentales, «sino sobre cuestiones probatorias y de legalidad ordinaria, que es algo que no nos compete».
La anulación del ascenso de Delgado como fiscal de Sala Togada fue acordada por unanimidad de los magistrados de la Sala Tercera del TS que sentenciaron que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, incurrió en «desviación de poder». Delgado fue aupada a fiscal de Sala togada frente al ex teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, quien a diferencia de la ex ministra era especialista en la jurisdicción militar. La desviación de poder consiste en «el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico (…) Es visible e innegable en el presente caso», concluyó el Alto Tribunal respecto de la actuación de García Ortiz. En la actualidad, el fiscal general se encuentra imputado por un delito de revelación de secretos por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El voto particular defiende que el recurso de amparo de Delgado «debió ser inadmitido, por no cumplirse los presupuestos materiales para su admisión a trámite: que no sea manifiesta la inexistencia de lesión del derecho fundamental invocado y que, además, su contenido justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional».
Los jueces discrepantes sostienen que «lo que se discute en este recurso es la apreciación o no de la existencia de desviación de poder en el nombramiento de la recurrente en amparo, cuestión que compete resolver a la jurisdicción contencioso-administrativa en el ejercicio de las funciones que, en exclusiva, le atribuye el artículo 117.3 de la Constitución, no es al Tribunal Constitucional al que ello compete, de manera que con la admisión acordada, de nuevo este tribunal está asumiendo competencias que son de jurisdicción ordinaria». No en vano, en el voto particular los magistrados advierten del peligro de convertir el TC «en una suerte de nueva instancia revisora de lo decidido por la jurisdicción ordinaria».
En contraposición, el auto del Pleno concluyó que el recurso de la fiscal y ex ministra Delgado reviste especial trascendencia constitucional porque «permite perfilar la doctrina de este tribunal en relación con una faceta novedosa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes, relativa a los supuestos de anulación judicial de una promoción profesional de carácter discrecional». El Pleno también determinó que el amparo de Dolores Delgado «trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tiene unas consecuencias políticas generales al incidir en el alcance del control judicial que puede legítimamente efectuarse en relación con los nombramientos de carácter discrecional».
Por otro lado, el Constitucional también ha admitido a trámite la demanda de amparo presentada por el fiscal Eduardo Esteban contra la anulación de su doble ascenso. De nuevo, la decisión del Pleno se adoptó con los votos en contra de los magistrados del sector minoritario.
El caso de Esteban fue especialmente paradigmático, ya que puso de relieve la sesgada política de nombramientos llevada a cabo por Delgado como fiscal general, basada en afinidades personales y asociativas más que en méritos profesionales. En abril del año 2022, el Supremo anuló por primera vez su nombramiento como fiscal de Sala de Menores alegando tanto la falta de motivación en la designación como el abismo existente entre su currículum y el del otro aspirante a la plaza, el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa. Pese a ello, Delgado volvió a nombrarlo para el cargo obviando que el Alto Tribunal había sentenciado que se trataba de una plaza de especialista y que los currículos entre los dos candidatos aspirantes a la plaza no eran parangonables, entre otras cuestiones porque De la Rosa era ya fiscal de Sala cuando solicitó la citada plaza discrecional. La Sala Tercera, en un hecho sin precedentes en toda la historia de la Fiscalía, respondió con la revocación por segunda vez del nombramiento de Esteban como fiscal de Sala de Menores.
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