La noticia más dura, aunque esperada, ha llegado este jueves a la sede del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) cuando se conocía la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso presentado por la organización, en abril de 2023, contra la revisión del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo y, concretamente, sus caudales ecológicos.
Desde el Sindicato Central de Regantes estudian ahora nuevos procedimientos legales y la posibilidad de convocar movilizaciones
La noticia más dura, aunque esperada, ha llegado este jueves a la sede del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) cuando se conocía la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso presentado por la organización, en abril de 2023, contra la revisión del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo y, concretamente, sus caudales ecológicos.
Una decisión del Alto Tribunal que, si bien no implica el cierre definitivo de la infraestructura hidráulica, clave para la economía del sureste del país, supone un claro aval para que el Gobierno central actué sobre las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, fijadas en el Real Decreto 35/2023 y comience a hacer efectivo el recorte prometido.
Por todo ello, el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé marcha atrás en la planificación, a expensas de estudiar nuevas acciones judiciales y en tanto en cuanto las medidas compensatorias aprobadas para 2027, valoradas en 3.050 millones de euros, han sido incumplidas en su gran mayoría.
«No hay necesidad de recortar el Trasvase e igual que hubo una promesa electoral que dio como resultado un recorte, con la discrecionalidad que tiene el Gobierno para actuar en la implementación de los caudales ecológicos, pedimos que en el actual ciclo de planificación actúe en sentido contrario», ha señalado Jiménez con el convencimiento de que el Alto Tribunal dictaminará de nuevo que el procedimiento es legal.
Además, sobre la sentencia, el presidente del sindicato ha criticado que durante el procedimiento no hayan admitido ninguno de los informes periciales aportados: «Es muy sangrante porque tenemos contratados a los mejores técnicos del país, con reconocimiento europeo, que habían detectado irregularidades y fallos a la hora de calcular los caudales ecológicos, pero como no ha habido aceptación de periciales todo ha quedado en agua de borrajas», ha señalado.
Aun así y sobre si esta decisión implica, necesariamente, el cierre del Trasvase, Jiménez ha declarado que esto sólamente supone «una batalla perdida». «No me gusta manejarme en estos términos bélicos, pero a esta guerra le quedan todavía muchas batallas y estamos en una más», ha añadido.
En esta línea, también ha afirmado que la política en las regiones del Levante y la sociedad «tendrán que alzarse» porque «el envite económico, social y medioambiental al que nos lleva el recorte es incalculable. Las consecuencias son incalculables».
Desde el Gobierno regional señalan que si bien esta sentencia avala al Ejecutivo central para recortar el Trasvase, este asunto es una «cuestión política» y, por tanto, piden al delegado del Gobierno en la Región y secretario general del PSOE en Murcia, Francisco Lucas, que le pida a Pedro Sánchez que no lleve a cabo el recorte.
Por su parte, el líder de los socialistas, en declaraciones a los medios de comunicación, ha mostrado su preocupación porque «la hoja de ruta del Gobierno de Fernando López Miras y del Partido Popular, tras 30 años gobernando la Región, es equivocada».
«Emplazo al Ejecutivo regional a recuperar el diálogo y el consenso con el Gobierno de España y, en eso estoy yo, en trabajar para garantizar para siempre el agua en la Región de Murcia», ha agregado.
En este sentido, Lucas ha querido transmitir tranquilidad a los regantes y agricultores, al tiempo que ha afirmado que el delegado «está a su lado».
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