<p>Cuando hace 21 meses y siete días la UCO detuvo a <strong>Koldo García</strong>, <strong>José Luis Ábalos</strong> se apresuró a desmarcarse del escándalo que involucraba al que fue su asesor en el Ministerio de Transportes: «Me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto». Sin embargo, en los 646 días que han transcurrido desde entonces, el<i> caso Koldo</i> ha virado cada vez más hacia Ábalos, con el ex socialista sumando indicios de corrupción a cada paso dado durante la investigación. El ex ministro dijo, cuando se conoció la detención de Koldo García, que la relación entre ambos se había ido «perdiendo». Pero los años en que este fue su <i>hombre de confianza</i> dejan un rastro de presunta corrupción que llevó a ambos, ayer, a ingresar en prisión provisional. Son seis los planos en que los investigadores han encontrado indicios de irregularidad.</p>
La investigación que comenzó por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas ha terminado revelando entregas de efectivo y posibles amaños en la adjudicación de obras públicas
Cuando hace 21 meses y siete días la UCO detuvo a Koldo García, José Luis Ábalos se apresuró a desmarcarse del escándalo que involucraba al que fue su asesor en el Ministerio de Transportes: «Me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto». Sin embargo, en los 646 días que han transcurrido desde entonces, el caso Koldo ha virado cada vez más hacia Ábalos, con el ex socialista sumando indicios de corrupción a cada paso dado durante la investigación. El ex ministro dijo, cuando se conoció la detención de Koldo García, que la relación entre ambos se había ido «perdiendo». Pero los años en que este fue su hombre de confianza dejan un rastro de presunta corrupción que llevó a ambos, ayer, a ingresar en prisión provisional. Son seis los planos en que los investigadores han encontrado indicios de irregularidad.
El 20 de febrero de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Koldo García. La primeras informaciones que trascendieron apuntaron a que el ex asesor ministerial de Ábalos formó parte, presuntamente, de una trama que cobró comisiones por contratos firmados en pandemia. En los días posteriores, las novedades hicieron que el foco de atención virará cada vez más hacia Ábalos: fue su cartera la que adjudicó el grueso de los contratos de los que la trama se benefició.
El goteo de informaciones sobre la presunta corrupción que rodeó la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes hizo que el PSOE soltara la mano a quien un día fue su número tres. El 26 de febrero, cuando no había aún ningún «reproche penal» contra Ábalos -según esgrimen los socialistas-, el partido le dio 24 horas para renunciar a su acta de diputado. Se negó a hacerlo y tuvo que integrarse en el Grupo Mixto, donde aún conserva escaño. El PSOE también inició entonces el proceso para suspenderle de militancia, aunque su expulsión no se consumó hasta más de un año después.
El informe de la UCO fechado el 8 de octubre de 2024 recogió todos los indicios de corrupción que constaban sobre la trama, apuntando también a la posible participación en estos de Ábalos. La investigación fue más allá de las mascarillas, abriendo tres nuevas aristas en el caso: el Delcygate, el rescate de Air Europa y los beneficios que la trama concedió a la ex novia de Ábalos, Jésica R.
La UCO reveló que el ex ministro informó a Pedro Sánchez de la visita a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez -que tiene prohibida la entrada al país- y que aquel viaje lo organizó el comisionista de la trama, Víctor de Aldama. La Guardia Civil destapó también cómo este empresario presuntamente maniobró para que el Gobierno rescatara a la aerolínea -«se valió de su relación con Koldo y Ábalos para influir», apreció la UCO-. Y la investigación puso de relieve que la ex novia del entonces ministro, Jésica R., fue contratada por dos empresas públicas y que la trama le pagó el alquiler de un piso.
Con todos aquellos indicios en la mano, el 7 de noviembre de 2024, hace más de un año, el Tribunal Supremo abrió causa contra Ábalos por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Tuvo que ser esta instancia la que asumiera la investigación porque el ex ministro, al conservar el acta de diputado, estaba aforado. Esta condición la mantuvo durante todo el proceso.
A finales de 2024, Ábalos compareció por primera vez en el Supremo. En aquella ocasión lo hizo voluntariamente, y después el juez lo llamaría a declarar tres veces más. Solo en la última ocasión, el pasado 15 de octubre, guardó silencio. Aquel 12 de diciembre, Ábalos negó el cobro de comisiones por la compra de mascarillas y descargó la responsabilidad de la contratación en Koldo.
Un nuevo informe de la UCO conocido el 9 de abril de este año ahondó en los detalles del rescate a Air Europa, señalando que Ábalos percibió una «contraprestación económica» a cambio de sus gestiones por este asunto. También aportó nuevos detalles sobre la contratación de Jésica R. en la empresa pública Ineco -semanas antes, ella declaró en el Supremo que nunca fue a trabajar a ese puesto ni al que tuvo en Tragsa-.
El 10 de junio de 2025, la UCO registró la vivienda de Ábalos en Valencia. Lo hizo en el marco de una pieza separada secreta en la que se investigaban presuntos amaños en la adjudicación de obras públicas. En aquel registro, la UCO intervino un disco duro a una amiga de Ábalos que pretendía ocultarlo.
Dos días después de aquel registro se conoció el informe de la UCO, de 490 páginas, que añadió un tercer nombre a los integrantes de la presunta organización criminal: Santos Cerdán. Constató así un quinto plano de corrupción analizado en el caso: el relativo a los presuntos amaños en la adjudicación de obras públicas. «Ábalos y Koldo habrían percibido altas cantidades de dinero con mediación de Santos Cerdán como consecuencia de la adjudicación de determinados contratos de obra pública», sintetizó el informe. 15 días después, el magistrado del Supremo le envió a prisión provisional. Permaneció en Soto del Real hasta la semana pasada.
Y un informe más apuntó a una sexta rama de corrupción en el caso, con Ferraz en el foco. El 3 de octubre, la investigación de la UCO reveló entregas de dinero en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo, señalando que algunas de ellas podrían no estar documentadas con la información aportada por el partido. Este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional solicitó más información al PSOE para aclarar esto.
El 3 de noviembre, el juez del Supremo envió a juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. También por la contratación de Jésica R. en empresas, dando por concluida esta rama de la investigación -no la pieza de la adjudicación de obras públicas-.
Ayer, el juez acordó prisión provisional para Ábalos y Koldo por riesgo de fuga -las acusaciones piden para ellos una veintena de años de cárcel-. Y, así, ya han ido a prisión tres de los cuatro integrantes del Peugeot con el que Sánchez recorrió España en las primarias socialistas de 2017.
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