<p>Con uñas y dientes. Aragón y Madrid han hecho <strong>frente común para derribar el cerco del Gobierno a los centros de datos</strong>. Ambas autonomías han fiado buena parte de su plan económico a la atracción de inversiones masivas en estas instalaciones. Según sus propios gobiernos, la región madrileña se juega 23.400 millones y la aragonesa, 48.000. Moncloa desconfía de las bondades de los <i>data center</i>. Considera que su enorme consumo de agua o energía no se traduce en suficientes empleos. Y ha lanzado una batería de medidas con las que prevé rebajar esta fiebre. Aragón y Madrid están maniobrando para romper ese muro de contención.</p>
Las dos CCAA que acaparan más inversiones en inteligencia artificial maniobran para relajar el real decreto de Transición Ecológica que fijará criterios de energía o agua a las grandes tecnológicas
Con uñas y dientes. Aragón y Madrid han hecho frente común para derribar el cerco del Gobierno a los centros de datos. Ambas autonomías han fiado buena parte de su plan económico a la atracción de inversiones masivas en estas instalaciones. Según sus propios gobiernos, la región madrileña se juega 23.400 millones y la aragonesa, 48.000. Moncloa desconfía de las bondades de los data center. Considera que su enorme consumo de agua o energía no se traduce en suficientes empleos. Y ha lanzado una batería de medidas con las que prevé rebajar esta fiebre. Aragón y Madrid están maniobrando para romper ese muro de contención.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el de Jorge Azcón han presentado estos días sus alegaciones al proyecto de real decreto del Ministerio de Transición Ecológica que obligará a los centros de datos a reportar información concreta de su consumo de agua o energía, a implementar medidas de eficiencia, a rendir cuentas por su impacto en la economía local y nacional, o a revelar el origen y el destino de los datos que procesan.
Las alegaciones de ambas regiones, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, están alineadas. Ambas autonomías tratan de evitar que gigantes como Google, Microsoft, Amazon o Merlin, que han anunciado inversiones milmillonarias en sus territorios, sean sometidos al escrutinio del Gobierno. Y, sobre todo, que sus proyectos se vean penalizados por incumplir unos indicadores que a nivel europeo son «voluntarios».
«El marco europeo nunca ha vinculado el acceso a la red a obligaciones ambientales. España sería el primer país en hacerlo, situándose en un marco más restrictivo que el comunitario», denuncian desde Madrid. Además, critican un «trato desigual», pues eso «no se aplica a otras industrias electrointensivas (siderurgia, química, cemento, refino, papel), que acceden a la red por criterios técnicos». En esa línea, Aragón asegura que ese cortafuegos vulnera la ley del sector eléctrico, «que establece que el acceso solo puede denegarse por falta de capacidad» y que «no puede restringirse en función del sector económico, industria o actividad del usuario».
Desde el ministerio desmienten que no existan controles semejantes a nivel comunitario, pues aseguran que la normativa europea prevé la obligación de que los centros de datos de mayor potencia «publiquen datos relevantes de rendimiento energético, uso de renovables y huella hídrica». También, aseguran, se esperan estrategias para premiar la eficiencia de estas instalaciones.
En Transición Ecológica entienden que las redes son «un recurso escaso» sobre el que existe una creciente demanda. El ministerio que lidera Sara Aagesen está decidido a aplicar al reparto de capacidad eléctrica la misma lógica con la que deciden la exploración de otros recursos críticos o la ordenación del espacio marítimo: priorizarán los proyectos con mayor impacto positivo para el país. Ello incluye no solo la inversión, sino la creación de puestos de trabajo o su efecto tractor en la economía local o los objetivos de sostenibilidad. La foto beneficia a la gran industria, los desarrollos urbanísticos o el coche eléctrico frente a los centros de datos.
«Todos los proyectos firmes son bienvenidos, pero nada es gratis y es necesario ordenar. Lo razonable es priorizar los proyectos más maduros, más punteros, compatibles con el medio ambiente y cuyos beneficios repercutan también en los territorios donde se implanten», responden fuentes del ministerio. La nueva Planificación de la red eléctrica 2026-2030, que el Gobierno está presentando estos días a las CCAA, ha reservado otros 3,8 GW para data center.
Madrid y Aragón también están intentando frenar la acción del Gobierno para obtener por imperativo legal información concreta sobre el impacto de los data center, ya que sus promotores, en líneas generales, se han resistido a detallar cuestiones de interés como su superficie final o su consumo de energía o agua.
Transición Ecológica quiere que las empresas reporten obligatoriamente una serie de indicadores con los que medirá el impacto medioambiental y socioeconómico de sus proyectos. Después, el ministerio pondrá esta información a disposición del público en su web oficial. Por ejemplo, deberán estimar el empleo generado y justificar sus previsiones, así como definir el nivel de cualificación de esos puestos de trabajo o su efecto en el mundo rural o las zonas despobladas. Madrid y Aragón lo ven «injustificado» y defienden que muchos de esos datos son «confidenciales», por lo que piden «eliminar» esta obligación o, en su defecto, que la información recogida no se haga pública.
La polémica de los data center ha generado un duro enfrentamiento entre las distintas CCAA. Según fuentes conocedoras, el pulso ya se ha materializado en algún encuentro entre responsables regionales y los reguladores energéticos. El contrapunto lo están marcando País Vasco y Asturias, dos regiones históricamente industriales, que reclaman más control sobre los centros de datos y máxima prioridad para la industria.
Actualidad Económica
