Medio siglo después de la llamada Marcha Verde —la masiva movilización humana con la que Marruecos forzó en 1975 la salida de España de su colonia del Sáhara Occidental—, Rabat cree haber culminado aquella operación que le permitió hacerse con el control del territorio. Y ahora lo hace con el aval de Naciones Unidas. Una resolución adoptada sin ningún voto en contra por el Consejo de Seguridad el pasado viernes establece el plan de autonomía de Rabat como base para una solución negociada en el Sáhara. Marca así “un antes y un después” en el conflicto, en palabras de Mohamed VI, actual monarca de la dinastía alauí.
Cuando se cumple medio siglo de la movilización que forzó la salida de España de su antigua colonia, Rabat afronta el reto de presentar un plan de “autonomía verdadera” ante la comunidad internacional
Medio siglo después de la llamada Marcha Verde —la masiva movilización humana con la que Marruecos forzó en 1975 la salida de España de su colonia del Sáhara Occidental—, Rabat cree haber culminado aquella operación que le permitió hacerse con el control del territorio. Y ahora lo hace con el aval de Naciones Unidas. Una resolución adoptada sin ningún voto en contra por el Consejo de Seguridad el pasado viernes establece el plan de autonomía de Rabat como base para una solución negociada en el Sáhara. Marca así “un antes y un después” en el conflicto, en palabras de Mohamed VI, actual monarca de la dinastía alauí.
Hasán II había lanzado la Marcha Verde en noviembre de 1975 mientras agonizaba en Madrid el dictador Francisco Franco. Y, tras el apresurado abandono de España del territorio a comienzos de 1976, estalló una guerra abierta entre Marruecos, respaldado por Francia y Estados Unidos, y el Frente Polisario (que defiende la independencia), con apoyo de Argelia y Libia, que se prolongó hasta el alto el fuego apadrinado por la ONU en 1991. Fue entonces cuando se creó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), aunque esa consulta de autodeterminación nunca llegó a convocarse, bloqueada por disputas en la confección del censo de votantes.
Rabat presentó como alternativa en 2007 una propuesta —un estatus de autonomía para el Sáhara Occidental pero bajo soberanía marroquí— que ya respaldó España, por sorpresa, en 2022 y que ahora ha recibido el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, las revueltas nacionalistas se han ido apagando en el territorio saharaui desde 2010.
En noviembre de ese año, una acampada pacífica de Agdaym Izik, en los alrededores de El Aaiún, derivó en sangrientos disturbios en los que perdieron la vida manifestantes saharauis y agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Con la carta ganadora de la resolución del Consejo de Seguridad sobre la mesa, Marruecos parece llevar ventaja en el tablero diplomático. Pero aún tiene que convencer a decenas de miles de saharauis exiliados en los campamentos de Tinduf (entre 180.000 y 45.000, según las fuentes) de que regresen desde el sureste argelino al territorio que abandonaron en 1975. También debe presentar ante la comunidad internacional un estatuto de “autonomía verdadera” que sirva de base para cerrar el conflicto con el Frente Polisario y Argelia.
El texto de la resolución de la ONU —adoptada con la abstención de Rusia y China— fue redactado por Estados Unidos en un ejercicio de cuadratura del círculo diplomático con cerca de medio centenar de enmiendas. “El Consejo de Seguridad hace referencia por primera vez a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, al tiempo que se respeta el derecho de los saharauis a la autodeterminación”, explica a través de la red social X Massad Boulos, consejero principal para asuntos africanos del presidente Donald Trump.
“Hasta hace poco, la autonomía solo era una opción; ahora es la solución”, interpreta el nuevo paradigma de la ONU para el Sáhara el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita. “El plan de autonomía es la traducción concreta del principio de autodeterminación”, precisaba el sábado en el canal 2M de televisión el jefe de la diplomacia de Rabat, quien ha presenciado en primera línea la transformación registrada en Naciones Unidas desde 2016, cuando su entonces secretario general, Ban Ki-moon, se refirió al Sáhara Occidental como territorio bajo “ocupación” marroquí.
Estrategia de tensión controlada
No ha sido un proceso exento de choques diplomáticos. “Marruecos no ha dudado en provocar crisis con Francia y España para ganar terreno. La relación glacial con París entre 2022 y 2023, la ruptura casi total con Madrid tras el caso Gali [Brahim, lider del Polisario, entre 2021 y 2022]… Todos estos episodios dolorosos, pero necesarios, han propiciado un mayor reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara”, apunta el director del semanario marroquí Tel Quel, Yasin Majdi, en su último artículo editorial. “Esta estrategia de tensión controlada ha demostrado ser eficaz”, apostilla.
Desde El Aaiún, Baira Abdelatif, chej (jefe) de la tribu saharaui Ulad Busbaa, abiertamente promarroquí, dice sentir “una euforia festiva”. “La experiencia vivida en el Sáhara tras la retirada de España ha sido de progreso económico y bienestar social. Tenemos la esperanza de que nuestros conciudadanos refugiados en Tinduf puedan compartirlo”, asegura este empresario del sector de la construcción, de 64 años. Considera que Marruecos ha implantado infraestructuras urbanas y rurales sin escatimar esfuerzos.
“El texto aprobado por la ONU es la solución a muchos años de sufrimientos y de separación de familias. Sin vencedores ni vencidos, como dijo el rey”, remacha este notable saharaui. Elegidos originalmente por los nómadas, los chiuj se han convertido con el tiempo en linajes hereditarios. “El Sáhara necesita ahora una amplia autonomía en el sentido territorial, económico y demográfico”, argumenta.
Desde Tinduf, el Frente Polisario se niega admitir que haya sufrido una derrota en la ONU, pese a que tan solo Argelia dio la espalda (boicoteando la votación) a la resolución en favor de Rabat. Al mismo tiempo, precisa que el Consejo de Seguridad solo ha dado luz verde a negociar “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, basada en el plan de autonomía, que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.
El Frente Polisario comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, que no se opone a la autonomía siempre y cuando se someta a referéndum junto con la opción de la independencia. Rechaza además participar en cualquier proceso político que legitime la “ocupación militar”.
“Vigilancia y represalias”
La profesora Djimi Ghalia describe desde El Aaiún que lleva “una vida anormal bajo la represión, la vigilancia y las represalias”. Esta militante nacionalista saharaui, que pasó 16 de sus 63 años de edad en una prisión secreta marroquí acusada de simpatizar con el Frente Polisario, reconoce que se han registrado transformaciones en las infraestructuras del territorio.
“Aunque esas transformaciones han servido sobre todo para cambiar la estructura demográfica saharaui”, matiza. “El Sáhara Occidental es uno de los 17 territorios no autónomos que esperan su descolonizacion en el mundo y necesita beneficiarse del derecho a la autodeterminación. La autonomía sigue siendo solo una opción, junto a la anexión y la independencia”, sentencia.
El Instituto Nacional de Estadística español registró a cerca de 75.000 saharauis junto a 30.000 españoles en el censo de población elaborado en 1974. Hoy, en el territorio de la antigua colonia se contabilizan cerca de un millón de habitantes, de los que entre el 10% y el 15% tienen raíces en la que fue provincia española número 53, y el resto procede de distintas zonas de Marruecos.
Fuentes conocedoras de la situación sobre el terreno en el Sáhara estiman en 110.000 la cifra de residentes autóctonos procedentes de la era colonial, a los que habría que añadir al menos unos 45.000 en Tinduf y otros 60.000 en la diáspora en países europeos.
Rabat presenta aún de forma indefinida su plan de autonomía para el Sáhara. El propio rey Mohamed VI anunció en su mensaje televisado de la noche del viernes que Marruecos va a “actualizar” la propuesta de 2007. Su ministro de Exteriores detalla que la revisión consistirá en adaptarlo a la Constitución de 2011 y al proceso de “regionalización avanzada”.
Competencias administrativas
El actual plan autonómico de Marruecos para el Sáhara Occidental concede solo competencias administrativas a esa “región”. El Estado central controla la seguridad, la pesca y la minería, mientras el monarca sigue ostentando directamente atribuciones constitucionales en materia de defensa, relaciones exteriores y asuntos religiosos. Las competencias autonómicas se circunscriben a fiscalidad local, infraestructuras, transporte, vivienda, educación, sanidad, medio ambiente o empleo, así como a promover el patrimonio cultural saharaui y la lengua hasaní (variedad local del árabe).
“Nuestra vida desde el 26 de febrero de 1976 [cuando se arrió la última bandera española en el Sáhara] ha cambiado mucho. La retirada de España nos afectó en todos los ámbitos”, dice Bucharaya Bahi, presidente de la asociación Colectivo de Saharauis Nacidos bajo la Bandera y Administración Española. “En general, vivir en el Sáhara no es fácil. Cada día debo cuidar las palabras que digo”, sostiene desde El Aaiún este jurista de 56 años.
Él considera que el territorio ha experimentado un desarrollo desigual en los últimos 50 años. “Es cierto que ha habido inversiones, pero las verdaderas inversiones deberían ir dirigidas a los seres humanos, no solo a infraestructuras”, lamenta. “Aún no tenemos ninguna universidad en el Sáhara”.
Desde la sociedad civil, Bucharaya Bahi opina que la resolución del Consejo de Seguridad del viernes mantiene el mismo lenguaje ambiguo de los últimos años. “No ofrece una vía clara de solución. La ONU sigue gestionando el conflicto, no resolviéndolo”, sostiene, “y “cualquier opción que se imponga a una de las partes anula el principio mismo de la autodeterminación”. “Pero lo más sorprendente”, concluye el responsable de la asociación que busca la restitución de la nacionalidad española a los saharauis autóctonos, “es la ausencia de España, que sigue siendo formalmente potencia administradora del territorio”.
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