<p>El mapa de las zonas tensionadas sigue creciendo, pero no tan rápido como lo hacen los precios del alquiler. <strong>Bilbao</strong>, <strong>Vitoria-Gasteiz</strong>, <strong>Astigarraga</strong> y <strong>Usurbil </strong>-todas en País Vasco- fueron los últimos en aplicar la polémica Ley de Vivienda y declararse como zonas de mercado residencial tensionado. Las cuatro suman 618.927 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y deja un total de <strong>8,95 millones de personas</strong> viviendo en zonas donde el alquilar un piso es más difícil que nunca. </p>
En total, 8,94 millones de personas ya viven en los 305 municipios que aplican la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler
El mapa de las zonas tensionadas sigue creciendo, pero no tan rápido como lo hacen los precios del alquiler. Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Astigarraga y Usurbil -todas en País Vasco- fueron los últimos en aplicar la polémica Ley de Vivienda y declararse como zonas de mercado residencial tensionado. Las cuatro suman 618.927 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y deja un total de 8,95 millones de personas viviendo en zonas donde el alquilar un piso es más difícil que nunca.
En Bilbao, la capital con más habitantes (347.342 personas) de los cuatro, alquilar un piso de 90 metros cuadrados cuesta alrededor de 1.350 euros, un 7% más que el año pasado, según Idealista. Sin embargo, las familias deben destinar ya el 31% de sus ingresos netos para pagarlo, más de lo recomendado por los expertos. A inicio de septiembre, el Gobierno vasco ya había anunciado la declaración de esta capital como zona tensionada y, finalmente, se hizo real este jueves con la actualización del Boletín Oficial del Estado (BOE), que ya recoge 305 municipios de cuatro comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Galicia y Navarra).
Por otro lado, en Vitoria-Gasteiz (257.407 habitantes), un piso de las mismas medidas cuesta alrededor de 1.107 euros, un 4,4% más que hace un año, pero con un aumento de 9,9% en el centro. Con esta declaración, los contratos de alquiler deberán aplicar el índice de precios de referencia (IRAV), lo que intenta evitar los incrementos desproporcionados. Así como en Astigarraga, con 7.748 habitantes, y Usurbil, con 6.430.
A propósito de la publicación del BOE, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apuntó que esta declaración «acaba con las subidas abusivas del alquiler». Todo lo contrario a lo que los expertos del sector han criticado. Cataluña fue la primera comunidad en acatarse a esta medida declarando una primera tanda de 140 municipios en marzo de 2024 y otra de 131 en octubre del mismo año, en total 271 que aplicaron los límites a los precios del alquiles y la posibilidad de acceder a bonificaciones fiscales en el IRPF para los propietarios. «Hemos vivido la experiencia en primera persona y tengo que decir que en absoluto ha conseguido dos los resultados que se pretendían», aseguró a EL MUNDO Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) y de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE).
«Ha habido una fuga masiva del mercado del alquiler«, explica Vilajoana. De hecho, Alquiler Seguro confirmó que alrededor del 10% de este mercado se pasa a la compraventa, mientras que siguen aumentando la cantidad que se quedan vacías o se convierten en alquileres temporales o de turismo. Una decisión que agranda el problema de la oferta.
«Se ha intentado legislar y se ha hecho pensando únicamente en los famosos grandes tenedores, los que tienen muchas viviendas, pero en Cataluña no llegan al 10% de todo el mercado», señala el presidente de los promotores, que indica que prácticamente el 50% es de la administración pública. Es decir, «hemos estado regulando para un 5% de mercado y no hay nadie que ostente un 5% de un mercado y pueda influir en él». Por esto, considera que la medida «se ha cargado el 95% restante».
Por el lado de País Vasco, perdió un 13,4% de viviendas de 2024 al segundo trimestre del año, según el Barómetro de Alquiler Seguro, al pasar de 11.327 viviendas disponibles para el alquiler a 9.810, con precios que han aumentado en un 5,1%, llegando a 1.333 euros. Además, desde la misma institución aseguran que «ha sido dramático para los inquilinos» y que favorece la aparición de «infravivienda y contratos en negro». Mientras tanto, la ministra señaló confiada este jueves que «la Ley de Vivienda funciona y da estabilidad a los inquilinos».
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