El Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni, tras aprobar la semana pasada un decreto ley que restringe el derecho de manifestación, ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que permite establecer un bloqueo naval, de uno a seis meses, que impida a embarcaciones entrar en aguas territoriales italianas, pensado para botes de migrantes y buques de las ONG que los rescatan en alta mar. Según el texto legal citado por los medios italianos, será posible cuando las autoridades consideren que se dan una serie de circunstancias de seguridad u orden público. Por ejemplo, un aumento “excepcional” de la presión migratoria, una emergencia sanitaria, riesgo de infiltración de terroristas o eventos internacionales de alto nivel. Las violaciones del bloqueo acarrearán multas de 10.000 a 50.000 euros y en caso de reincidencia, el secuestro de la nave.
El Gobierno italiano adopta de inmediato las próximas normas europeas que restringen el derecho de asilo y permiten enviar extranjeros a terceros países considerados seguros
El Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni, tras aprobar la semana pasada un decreto ley que restringe el derecho de manifestación, ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que permite establecer un bloqueo naval, de uno a seis meses, que impida a embarcaciones entrar en aguas territoriales italianas, pensado para botes de migrantes y buques de las ONG que los rescatan en alta mar. Según el texto legal citado por los medios italianos, será posible cuando las autoridades consideren que se dan una serie de circunstancias de seguridad u orden público. Por ejemplo, un aumento “excepcional” de la presión migratoria, una emergencia sanitaria, riesgo de infiltración de terroristas o eventos internacionales de alto nivel. Las violaciones del bloqueo acarrearán multas de 10.000 a 50.000 euros y en caso de reincidencia, el secuestro de la nave.
Ya hay juristas que advierten de que esta medida va contra la legislación internacional y la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar, ratificada por Italia. Es decir, se avecina un nuevo choque entre el Gobierno y los jueces italianos. Según la Convención, no se puede impedir el paso de una nave que sea inofensiva y ningún país puede añadir supuestos a los que ya se contemplan. Aún menos, opinan los expertos, a naves que han prestado socorro a náufragos en una operación SAR (Search And Rescue, búsqueda y rescate) y piden un puerto seguro para atracar.
Pero además, recurriendo a la posibilidad que ya apuntan los cambios legislativos en la UE, la nueva ley italiana prevé, según los medios italianos, que los migrantes interceptados en alta mar puedan ser llevados a “terceros países distintos del de pertenencia o procedencia” con los que Italia tenga acuerdos y a centros “con fines de repatriación”. Traducido, Meloni vuelve a reactivar las controvertidas deportaciones a Albania, que hasta ahora han sido un fracaso y un derroche de dinero público. Era algo esperado porque ya lo había anunciado: en diciembre proclamó a gritos en un mitin, marcando las sílabas, que pensaba volver a poner en marcha las deportaciones en 2026: “¡Fun-cio-na-rán».
Posibles destinos
Los jueces italianos han anulado hasta ahora los tres traslados de migrantes del Gobierno al campo de internamiento de Gjadër, en el noroeste de Albania, entre octubre de 2024 y enero de 2025. Desde entonces está prácticamente vacío, aunque ha estado deportando migrantes que ya estaban retenidos en Italia en centros de repatriación.
Esta vez, sin embargo, Meloni cree que por fin ha llegado su momento, arropada por la UE. La nueva lista de países considerados seguros, aprobada el martes en el Parlamento Europeo, incluye a Bangladés, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. Por tanto, a las personas de estos países se les podrá aplicar un protocolo rápido de rechazo de la petición de asilo, pues se presupone que no tienen derecho a él.
Es justo lo que siempre ha querido hacer Meloni en el centro de internamiento italiano en Albania, y lo que empiezan a barajar otros países de la UE con destinos como Uganda o Montenegro. Precisamente de Bangladés y Egipto es de donde vienen la mayor parte de los migrantes que llegan por mar a Italia desde Libia y Túnez. En 2025 desembarcaron en Italia más de 66.000 migrantes, una cifra similar a la del año anterior. En España, fueron casi la mitad en 2025, 36.775, y en 2024, 64.000.
Bloqueo naval
Por otro lado, con el bloqueo naval Meloni cumple una de sus promesas electorales más drásticas. Es también una vieja obsesión del líder de la Liga y vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, que como ministro de Interior entre 2018 y 2019 declaró una política de “puertos cerrados” y abrió una auténtica cruzada contra las ONG de rescate de migrantes.
No obstante, a la hora de aplicar el bloqueo naval las ONG extranjeras no están obligadas a acatar órdenes de un Gobierno ajeno para que desembarque náufragos en un tercer país, según establecen las normas internacionales. Ya sucedía con las deportaciones a Albania: solo podían enviarse al país balcánico los migrantes auxiliados por naves italianas, tanto de guardia costera como de ONG.
Por tanto, es probable que llegue pronto otro choque entre Gobierno italiano y organizaciones de socorro de migrantes, como sucedió entre 2018 y 2019. Entonces, el caso más emblemático fue el del Aquarius, una nave con más de 600 migrantes a bordo a la que en junio de 2018 Salvini prohibió el desembarco en Italia. Acabó siendo acogida en España por el recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez, que acababa de ganar la moción de censura.
El verano siguiente estuvo marcado por nuevos incidentes y uno de ellos, con el barco español Open Arms, acabó llevando a Salvini al banquillo, acusado de secuestro de personas por impedir el desembarco de 147 migrantes que llevaba a bordo. Fue absuelto definitivamente el pasado mes de diciembre, un desenlace decisivo para que haya entrado de nuevo en escena el bloqueo naval. Pero sobre todo lo esencial es que el marco europeo ha cambiado: lo que antes era una anomalía del populismo italiano ahora ya es política de la UE.
El proyecto de ley, de 18 artículos, incluye otros puntos que restringen el derecho de asilo, según avanzan los medios italianos. Se limitan los motivos para recurrir el rechazo de una solicitud y además recurrir la decisión no interrumpe una repatriación en marcha. También se aplican nuevas normas restrictivas para los centros de repatriación, como reducir el derecho a usar el móvil a tiempos y horarios establecidos. Por otro lado, los jueces podrán expulsar a extranjeros condenados por delitos de violencia o amenaza a funcionarios públicos, resistencia a la autoridad y otros, como contra las personas y el patrimonio o por la participación en revueltas en centros de retención.
La decisión de Italia llega al día siguiente de que el en el Parlamento de la UE apruebe cruciales modificaciones en las normas europeas que restringen el derecho de asilo, establecen nuevos criterios de qué es un tercer país seguro y permiten trasferir inmigrantes a esos estados. Este giro en la política de asilo, gracias a la unión de populares, conservadores y extrema derecha, pero también con votos socialistas liberales de algunos países, es visto por Meloni como un triunfo personal. Y ella no ha tardado ni un día en hacer propias esas nuevas normas, que pliegan la visión europea a la suya.
Las modificaciones aprobadas en Estrasburgo aún deben ser ratificadas por el Consejo europeo, que reúne a los jefes de Gobierno de los 27 Estados miembros de la UE. Del mismo modo, el pacto europeo de migración y asilo que da un volantazo a la derecha en estas políticas no entra en vigor hasta el próximo 12 de junio. Pero el Gobierno italiano ha querido dar una señal inmediata, y además, se trata de un decreto ley que aún debe pasar por el Parlamento, donde puede sufrir variaciones, y cuya puesta en marcha llevará unos meses. El objetivo es que esté todo listo cuando empiece el buen tiempo y aumente el número de llegadas de migrantes por mar.
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