<p>El 25 de febrero de 1981, dos días después del 23-F, se publicaba el número 194 de <i>El Socialista</i>, la revista semanal que edita el <a href=»https://www.elmundo.es/e/ps/psoe-partido-socialista-obrero-espanol.html»>PSOE</a>. Una portada teñida de negro con letras blancas sobreimpresionadas: «La democracia, amenazada. Segundo aviso». En el editorial, titulado «Aquí ha pasado mucho», habla de «comportamientos políticos que se insertan en un proceso que conduce a la involución»; alude a «presiones de quienes, enquistados en las instituciones del Estado, utilizan todos los recursos a su alcance para impedir la consolidación del sistema de libertades»; o concluye que «la consolidación real de la democracia es la única forma de evitar la repetición de las conocidas experiencias históricas».</p>
La desclasificación de documentos no es suficiente para sus socios, que piden más
El 25 de febrero de 1981, dos días después del 23-F, se publicaba el número 194 de El Socialista, la revista semanal que edita el PSOE. Una portada teñida de negro con letras blancas sobreimpresionadas: «La democracia, amenazada. Segundo aviso». En el editorial, titulado «Aquí ha pasado mucho», habla de «comportamientos políticos que se insertan en un proceso que conduce a la involución»; alude a «presiones de quienes, enquistados en las instituciones del Estado, utilizan todos los recursos a su alcance para impedir la consolidación del sistema de libertades»; o concluye que «la consolidación real de la democracia es la única forma de evitar la repetición de las conocidas experiencias históricas».
Cuarenta y cinco años después, ese editorial está más vivo que nunca para los dirigentes socialistas. Se repiten y recuperan las mismas ideas, con motivo de la decisión de La Moncloa de desclasificar hoy documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F. Es el mensaje del miedo a la ultraderecha y la advertencia de que «Vox es una amenaza para la democracia». Cambia el sujeto -golpistas por Vox-; permanece el mensaje. «Esta fecha siempre ha sido una oportunidad para reflexionar sobre las fortalezas de nuestra democracia y las amenazas en el horizonte» que suponen «partidos de ultraderecha que no creen en la democracia», expuso María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Ejecutivo, en clara alusión a la formación de Santiago Abascal.
El Gobierno ha decido ahora, después de años de peticiones por parte de sus socios y de investigadores y de llevar siete en el poder, dar este paso «para saldar una deuda histórica con la ciudadanía» y porque «la memoria no puede estar bajo llave», según expuso Pedro Sánchez. La decisión va a servir para «prevenir comportamientos que puedan amenazar la democracia», ahondó Montero. La misma idea fuerza de hace 45 años.
Una iniciativa que se toma en plena hoja de ruta de los socialistas de volver a intensificar el choque con Vox, inmersos en un ciclo electoral donde la formación de derecha radical está en ascenso, superando al PSOE en ciudades como Badajoz o Teruel, arrebatándole feudos e, incluso, votantes, y con el partido de Sánchez con una tendencia a la baja. El propósito, como ha explicitado el propio presidente del Gobierno, es «trabajar» para que su electorado «se movilice cuando lleguen las generales». Y todo suma en ese camino de presentar los próximos comicios como una disyuntiva entre «socialdemocracia o barbarie».
La decisión de desclasificar documentos de distintos ministerios será tomada hoy por el Consejo de Ministros y, según explican en el Ejecutivo, será efectiva mañana. Son más de un centenar de documentos de los ministerios, según fuentes conocedoras, no hay audios y sí transcripciones y «se desclasifica el 100% de los documentos del 23-F», aseguran. Los textos estarán a disposición del que quiera consultarlos en la página web oficial de La Moncloa a lo largo del miércoles. Precisamente este día en el antiguo Salón de Sesiones del Senado tendrá lugar la presentación del libro El Rey, de Manuel García-Pelayo, que contará con la asistencia de Felipe VI y de Felipe González.
Esta propuesta de abrir la llave, quitar el candado a secretos, se entrelaza con otras impulsadas por el Ejecutivo en los últimos tiempo, que persiguen impacto y debate social, muchas de ellas -como ésta- sin necesidad de pasar por el Congreso, y con las que La Moncloa intenta tener iniciativa y control del debate público. Proponer acabar con el horario de verano; la posibilidad de enviar tropas de paz a Palestina o Ucrania siempre que finalice la guerra; querer prohibir el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años; el anuncio de movilizar hasta 23.000 millones para construir hasta 15.000 viviendas al año; la realización de un estudio «sin precedentes» liderado por el CSIC para analizar y reducir la desigualdad desde la infancia…
Para el PP estas propuestas, también la del acceso a documentos del 23-F, son una «cortina de humo». La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ironizó con que no haya que esperar otros 45 años para saber las causas del apagón que dejó España a oscuras o «todos los escándalos que rodean» al PSOE y al Gobierno .
La desclasificación de documentos del 23-F es una exigencia que los socios de gobernabilidad de Sánchez llevan años haciendo, con el foco puesto en el papel que jugó Juan Carlos I. El guiño hecho ahora, sin embargo, no les satisface plenamente. Todos tildaron de «insuficiente» el paso, reclamando la aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley de Información Clasificada, que lleva bloqueada en la Cámara Baja desde septiembre de 2025, acumulando hasta 18 prórrogas de enmiendas. Ese texto prevé hacer pública automáticamente toda información clasificada durante más de 45 años salvo si sigue suponiendo algún riesgo para la seguridad o la defensa. Este bloqueo es usado por el Gobierno para hacer suya la idea de que cumplen con la ley «antes de que se apruebe».
Para Sumar, el paso «no es suficiente». Tampoco para Podemos, que en la misma línea demanda la luz verde inmediata al Proyecto de Ley de Información Clasificada.
Los independentistas aprovecharon la puerta abierta por Sánchez para girar el foco y pedir la desclasificación de lo que consideran «cloacas del Estado». Así, desde el PNV, una formación que lleva años reclamando en el Congreso la desclasificación de textos, y Bildu piden que se haga lo mismo con temas como el asesinato de Mikel Zabalza, los sucesos del 3 de marzo en Vitoria, los sanfermines de 1978 o el atentado del bar Aldana. Los vascos siempre tienen en el radar los GAL.
Para los partidos que permiten la gobernabilidad, que el Gobierno tome ahora esta decisión consideran que certifica que todo obedece a la «voluntad política». Junts, que ya obligó al Ejecutivo a desclasificar 8 documentos del CNI sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils, tildó la decisión de Sánchez de «arqueología política».
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