<p>Las once CCAA presididas por el <a href=»https://www.elmundo.es/e/pp/pp-partido-popular.html»>PP</a> se presentan hoy en el <strong>Consejo de Política Fiscal y Financiera</strong> con su propia propuesta en materia de financiación autonómica y citados por <strong>Alberto Núñez Feijóo</strong> a una cumbre sobre este asunto que se celebrará el próximo sábado en Aragón. Critican unánimemente que <strong>Pedro Sánchez</strong> haya acordado antes el modelo con el líder de <a href=»https://www.elmundo.es/e/er/erc-esquerra-republicana.html»>ERC</a>, <strong>Oriol Junqueras</strong>, pero entre los presidentes autonómicos hay matices porque algunos esperarán a que la ministra de Hacienda, <strong>María Jesús Montero</strong>, detalle su propuesta para posicionarse más explícitamente.</p>
Las CCAA ‘populares’, críticas y en la antesala de su cita con Feijóo, denuncian que el pacto de Sánchez y ERC les deja «las migajas»
Las once CCAA presididas por el PP se presentan hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con su propia propuesta en materia de financiación autonómica y citados por Alberto Núñez Feijóo a una cumbre sobre este asunto que se celebrará el próximo sábado en Aragón. Critican unánimemente que Pedro Sánchez haya acordado antes el modelo con el líder de ERC, Oriol Junqueras, pero entre los presidentes autonómicos hay matices porque algunos esperarán a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detalle su propuesta para posicionarse más explícitamente.
Se ha quejado de que el Ministerio de Hacienda no les ha entregado los detalles técnicos que le permitan valorar con rigor el nuevo modelo. La consejera de Economía, Carolina España, considera, no obstante, que de la información ofrecida por el Gobierno no cabe deducir que Andalucía vaya a dejar de estar «infrafinanciada». «Que no quieran confundirnos diciendo que Andalucía es la comunidad que más fondos adicionales va a recibir», afirmó ayer, e insistió en que el modelo es «un traje a medida» confeccionado para Cataluña. El Gobierno andaluz reclama «que se negocie con transparencia y de forma multilateral con todas las comunidades». Y también exige que se respete su «autonomía fiscal» tras conocer que el Gobierno se plantea introducir nuevas herramientas de «armonización fiscal» para evitar el «dumping». Esa es para la Junta una «línea roja», en defensa de unas rebajas de impuestos que Juanma Moreno ha convertido en seña de identidad y no quiere revertir.
Basa su rechazo en cuatro premisas: «debe ser negociado por todos y no por un delincuente inhabilitado, debe ser solidario y no recoger prejuicios con diferentes comunidades, debe ser transparente y redistributivo», y, en su caso, «atender a peculiaridades propias, como la despoblación o la orografía». Fuentes del partido consideran que Aragón recibirá «absolutas migajas». A pesar de esto, acuden al Consejo a «escuchar todo», sin la intención de hacer un nuevo plante a la ministra y, «si la tramitación administrativa no atiende a nuestras peticiones, votaremos en contra y llevaremos la propuesta al Constitucional».
Acude con perfil diferenciado del resto de barones autonómicos de Feijóo. La presidenta, Marga Prohens, siempre ha defendido la necesidad de un nuevo modelo y ha apoyado, entre otras reclamaciones y con matices, la fórmula de la ordinalidad. Baleares acude dispuesta a escuchar y «con espíritu constructivo», explican a EL MUNDO desde la Consejería de Hacienda. Pero no apoyará los planes de Sánchez tal y como se han planteado porque considera que se está haciendo un traje a la medida de Cataluña. «Si no hay espíritu negociador votaremos claramente que no», mantienen desde el Ejecutivo insular. Consideran «incomprensible» que se rebaje el peso de la insularidad y que no se incluya el incremento poblacional para mejorar los recursos a las regiones «que se llenan». Son viejas reivindicaciones ignoradas hasta ahora. Hay una línea roja infranqueable: la restitución o modificación al alza del impuesto de sucesiones, eliminado por Prohens. «No permitiremos ataques a nuestra autonomía tributaria», advierten.
Es, con Extremadura, la única CCAA que recibiría menos. A cambio, Montero promete transferir 46 millones extra con el Fondo de Compensación Interterritorial. La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, dijo que la propuesta es «infumable, insoportable» y «una ofensa en toda regla» y avanzó que, si se diera el caso, utilizará «todos los recursos jurídicos», incluida la interposición de un recurso ante el Constitucional.
Planteará que se renuncie a lo acordado con ERC y se comience «una negociación en condiciones de igualdad de todas las comunidades». En palabras del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, la propuesta es «absolutamente injusta y frente a ello reclama una financiación que defienda a todos los españoles «vivan donde vivan, por lejos que estén de los grandes centros urbanos». Indicó que recibirá el 1,29% de los nuevos fondos cuando tiene casi el 20% del territorio y el 5 % de la población y anticipó que hará «todo lo que esté en nuestra mano, incluso mucho más allá, para frenar esa financiación».
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, adelantó ayer que solo se «sentará a hablar» si hay una propuesta que «beneficie al conjunto» y no recoja «peajes ni privilegios para nadie». En su opinión, lo que ha convocado Hacienda es «un trágala», donde se pretende imponer «sin condiciones» los «pactos de la vergüenza» suscritos entre Sánchez y ERC. Recalcó que rechazará cualquier restricción a su capacidad normativa, y defendió su política fiscal.
Siendo una de las más perjudicadas por el actual sistema, la reforma tampoco es suficiente. Y eso que «las cifras iniciales no pintan mal», según dijo el consejero de Hacienda, José Antonio Rovira. Valencia se vería compensada con 3.667 millones más al año. Es prácticamente el doble de la partida de ingresos ficticia que se incluye para cuadrar los presupuestos de la Generalitat y de lo que pide para equipararse a la media de las comunidades autónomas. Aun así, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, avanzó que no dará su aval a un modelo que, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, significaría un «incremento sustancial de recursos». Pero no soluciona uno de los grandes problemas de las arcas valencianas: la abultada deuda que ronda los 60.000 millones. De ahí que tanto la Generalitat como los expertos reclamen «simultáneamente» la condonación de la parte de la deuda vinculada a la infrafinanciación (40.000 millones) y un fondo transitorio de nivelación.
Con el nuevo modelo no recibiría ninguna cantidad extra, a pesar de que el Gobierno se comprometería a aportar 21.000 millones adicionales. Elena Manzano, consejera de Hacienda en funciones, acude con la idea de denunciar que el plan «perjudica especialmente a nuestra región». Sostiene que se consagra «la desigualdad territorial» al introducir el principio de ordinalidad: «Es un agravio para Extremadura y una aberración jurídica», por lo que, en caso de que se apruebe, se plantea presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Acude con un rechazo frontal a la propuesta del Gobierno por verla «raquítica» e «inaceptable». La Xunta sostiene que «rompe la igualdad» entre territorios y perjudica a Galicia al rebajar el peso de factores que encarecen la prestación de los servicios públicos, como el envejecimiento y la dispersión poblacional. El consejero de Hacienda, Miguel Corgos, asiste para «escuchar» y pedir explicaciones sobre un modelo que, advierte, podría situar a Galicia por debajo de la media. El presidente, Alfonso Rueda, defendió que la financiación «debería repartirse toda de principio a fin», y no mediante acuerdos previos que dejen al resto a repartirse «migajas».
El presidente, Fernando López Miras, anticipó que defenderá un modelo basado en la igualdad y sin privilegios que garantice recursos suficientes para la sanidad y la educación. Aseguró que pide «lo mismo que los demás, ni más ni menos», y subrayó que cualquier propuesta que suponga menos recursos para los murcianos no será aceptada.
Critica que se rompa el principio de redistribución de la renta y de solidaridad interterritorial. El consejero de Hacienda y portavoz, Alfonso Domínguez, carga contra el «principio de ordinalidad» y reclama que se tenga en cuenta la despoblación, pero aguarda a «conocer todos los pormenores y analizar si beneficia o perjudica a los riojanos».
* Con información de Teresa López Pavón, Ismael Poveda, Edu Colom, Noa de la Torre, David Vigario y Juan B. Cañellas.
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