Nueve etarras huidos siguen cobijados por el régimen chavista: «Era su destino preferido»

El régimen chavista ha sido durante años un refugio sin fisuras para los antiguos miembros de ETA que han escapado de la acción de la Justicia. La permisividad del país y la certeza de que no se iba a producir ninguna extradición ha hecho de este destino «uno de los preferidos» y más seguros para los terroristas. Un total de nueve etarras huidos permanecen escondidos allí desde hace años al calor de la ambigüedad que ha mostrado el régimen de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro, después.

En total, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cifran en 30 los etarras prófugos de la Justicia en distintos países, mayoritariamente en Francia y en Centroámerica.Venezuela es, según los datos facilitados a EL MUNDO, el favorito al acoger casi al 30%. El más conocido es el sanguinario etarra Ignacio de Juana Chaos, condenado a más de 3.000 años de cárcel -cumplió 18- por 25 asesinatos. El terrorista lleva una tranquila existencia en el municipio de Chichiriviche y regenta una licorería cercana a una de las playas venezolanas más impactantes del mundo. De Juana Chaos salió de prisión en 2008 tras una larga huelga de hambre, por la que incluso tuvo que ser ingresado en un hospital. Ya en libertad, participó en un acto y fue acusado de cooperar en un delito de enaltecimiento del terrorismo.

No compareció en la Audiencia Nacional cuando fue requerido por ello y se marchó a vivir a Irlanda. Al no sentirse seguro en este país, huyó a Venezuela, donde permanece desde entonces y donde estrechó lazos con el Gobierno del país. De Juana Chaos figura en las listas de los terroristas más buscados por el Ministerio del Interior.

En concreto, el régimen chavista está dando cobijo a Eugenio Barrutiabengoa Zabarte (a quien el Gobierno chavista quiso conceder la nacionalidad en el año 2006), Arturo Cubillas (líder de los etarras huidos de España), José Ignacio de Juana Chaos, José Luis Eziolaza Galán (alias ‘Diente Puto’), Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela, Luis Alfonso González Ote, José Martín San Sebastián y José Miguel Uriz Zabaleta, según la lista a la que ha tenido acceso este periódico. Se da la circunstancia de que Arturo Cubillas fue reclamado por la Justicia española por ser el presunto nexo entre la banda terrorista ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El etarra también ocupó cargos en el Gobierno venezolano. En los últimos años, han sido muchas las solicitudes de entrega las que se han cursado para traerles de vuelta a España sin que el régimen de Maduro las haya recogido. El régimen chavista siempre se ha negado a entregar a cualquier reclamado. Esta barrera política ha obstaculizado que los prófugos de la banda terrorista ETA hayan rendido cuentas ante la Justicia.

Con el anuncio de una supuesta nueva Venezuela, el status de los huidos podría cambiar y podrían, por tanto, perder sus privilegios. Sin embargo, la incertidumbre que reina en el país es manifiesta con lo que abordar este tipo de cuestiones parece, a corto plazo, un asunto no prioritario. «Venezuela acoge a la mayor parte de los etarras huidos desde hace muchos años. Han campado a sus anchas en ese país con total impunidad. Ahora se abre una oportunidad histórica para que ese paraíso de impunidad acabe. Todos ellos tienen deudas pendientes con la justicia por crímenes de sangre», reivindica Daniel Portero, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Portero es hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado por la banda terrorista ETA en 2000.

«Las víctimas del terrorismo han tenido mucha paciencia porque creen en el estado de derecho y en la ley para hacer justicia. Es importante ahora, por lo tanto, que España presione para que la nueva administración venezolana deje de proteger a todos estos asesinos y los entregue a las autoridades españolas. La Audiencia Nacional y el Gobierno deben reactivar todas las órdenes de busca y captura. Hay que ponerlas de nuevo sobre la mesa para que la nueva Venezuela reaccione. Las víctimas son las que han hecho crecer a nuestra democracia y al estado de derecho con su comportamiento ejemplar ante lo peor que le puede pasar a una persona, que es que le maten a su hijo, a su pareja o a su padre». Por último, añade que «la campaña StopHuidos ha recogido el testimonio de muchas personas, vecinos de Venezuela, que han aportado información muy útil para los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil».