Las manifestaciones de las últimas dos semanas en Irán ponen de manifiesto un malestar estructural profundo y complejo, en el que las demandas económicas constituyen únicamente la punta del iceberg.
Las manifestaciones en las calles iraníes ponen en evidencia un malestar estructural en el país, con una inflación crónica, pobreza y un alto desempleo juvenil
Las manifestaciones de las últimas dos semanas en Irán ponen de manifiesto un malestar estructural profundo y complejo, en el que las demandas económicas constituyen únicamente la punta del iceberg.
Aunque las protestas se originaron en el Gran Bazar de Teherán, el movimiento responde a causas mucho más amplias. Los factores económicos han estado siempre presentes en el trasfondo de las movilizaciones sociales y, en esta ocasión, se han convertido en su principal motor. No es casual que la primera chispa surgiera el 28 de diciembre en el corazón comercial de la capital y se propagara con rapidez a numerosas ciudades del país, evidenciando la convicción generalizada de que el sistema vigente es irreformable.
Según estadísticas oficiales, en los últimos ocho años el poder adquisitivo ha caído más del 90% y el tipo de cambio del dólar en el mercado libre ha aumentado un 3.300%. Esta devaluación ha sido tan severa que el tomán —unidad informal equivalente a 10 riales— ha comenzado a utilizarse incluso en contextos oficiales para evitar cifras desmesuradas, difíciles de leer y comprender. La tasa de desempleo juvenil alcanza un 19,7% y una parte significativa de quienes trabajan lo hacen en condiciones de precariedad. Como resultado, la clase media con formación, competencias y expectativas comparables a las de la clase media global, ha sido empujada por debajo del umbral de la pobreza y ha perdido cualquier horizonte de progreso. La inflación crónica, que según datos oficiales ronda el 50%, ha erosionado de forma sostenida el estatus social de amplias capas de la población.
En este contexto, el aumento del 67% en el precio de la gasolina, junto con el polémico proyecto de ley de presupuestos para el próximo año, ha actuado como detonante. Dicho proyecto contempla un incremento de la carga fiscal y la asignación de unos 31 billones de tomanes (unos 338 millones de euros) a instituciones religiosas, así como 210 billones de tomanes (2.150 millones de euros) a las fuerzas de seguridad, que constituyen el principal brazo represivo del régimen. A ello se suma la eliminación del tipo de cambio preferencial de 28.500 tomanes por dólar, destinado a la importación de bienes esenciales como medicinas, alimentos y equipos médicos. Estos productos deberán adquirirse ahora al tipo del mercado libre, cercano a los 147.000 tomanes, lo que implica que sus precios podrían multiplicarse por cinco.
Como si este escenario no fuera suficiente, Akbar Ranjbarzadeh, miembro de la Comisión de Industria y Minas del Parlamento, ha denunciado que “las empresas fiduciarias y las casas de cambio no han entregado al país 7.000 millones de dólares procedentes de la venta de petróleo”. En el lenguaje económico iraní, las fiduciarias son intermediarios encargados de eludir las sanciones internacionales y transferir los ingresos derivados de la exportación de petróleo y productos petroquímicos. Esta red opaca de oligarcas, que opera al margen del sistema bancario oficial y del mecanismo SWIFT, se ha convertido en un foco recurrente de grandes casos de corrupción debido a la ausencia de supervisión efectiva.
En la última década, la frecuencia de las protestas en Irán ha aumentado de manera significativa, reflejo del creciente descontento social, de la brecha entre la élite gobernante y la ciudadanía, y del rechazo al islam político por parte de amplios sectores de la sociedad. Los actuales problemas económicos son el resultado de años de mala gestión interna, corrupción sistémica y descontrolada, relaciones exteriores limitadas y sanciones internacionales, factores que han llevado al colapso económico hasta un punto cercano al no retorno, haciendo la vida cotidiana prácticamente insostenible.
No obstante, estas protestas no se limitan a la esfera económica: enlazan la lucha por la supervivencia con un profundo malestar ante la falta de libertades, las costosas e infructuosas aventuras regionales y la represión sistemática de cualquier voz crítica. El régimen carece ya de instrumentos para satisfacer las demandas legítimas de la población, ya que cualquier concesión supondría admitir los graves errores en los cimientos ideológicos sobre los que se ha sostenido durante más de cuatro décadas. Por ello, la represión se ha convertido en su única respuesta.
Karim Sadjadpour, investigador principal del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, ha definido a la República Islámica como un “régimen zombi”. “Su legitimidad, ideología, economía y liderazgo están muertos o agonizando. Lo que lo mantiene en pie es la fuerza letal. Para sobrevivir, mata; y vive para matar. La violencia puede retrasar su funeral, pero no puede devolverle el pulso”, afirma el analista. El actual corte de internet y de las comunicaciones telefónicas constituye una prueba tangible de esta deriva represiva que busca impedir el flujo de información, así como la muerte de miles de manifestantes.
Para los jóvenes de la generación Z, la continuidad de este sistema ineficiente y represivo equivale a perder nivel de vida y expectativas de futuro; para los trabajadores y los sectores más vulnerables, supone una lucha por la mera supervivencia biológica. Según la agencia moderada ILNA, especializada en temas laborales y económicos, tras el fuerte encarecimiento de la vivienda y la caída del poder adquisitivo ha surgido el fenómeno de “dormir en las azoteas”, ya que algunas personas se ven obligadas a alquilar los techos de las casas. Por su parte, la agencia Tabnak informa de un notable aumento en el consumo de pan subsidiado. Las plataformas de venta en línea ofrecen ya productos básicos como el aceite con opción de pago a plazos, mientras numerosos hogares han reducido al mínimo el consumo de proteínas.
La indignación social se intensifica al observar cómo, en plena crisis, los oligarcas y la minoría vinculada al poder exhortan a la población a la austeridad y la resistencia, al tiempo que exhiben sin pudor su riqueza y su estilo de vida en las redes sociales. Los mismos funcionarios que demonizan a Occidente y sus símbolos tienen a sus hijos residiendo en Europa, Estados Unidos o Canadá, disfrutando de un modo de vida que contradice abiertamente los valores que proclaman.
La República Islámica se instauró en 1979 con la promesa de proteger a los desfavorecidos, distribuir la riqueza de forma justa y garantizar la dignidad humana. Sin embargo, en 2026 se ha transformado de manera flagrante en un capitalismo de amiguetes, enchufados y parientes que sacrifica derechos de la ciudadanía en favor del control de los centros de poder. Este doble rasero ha convertido la pobreza en una ira política acumulada, que hoy los iraníes expresan abiertamente en las calles.
Internacional en EL PAÍS
