<p>El hoy <a href=»https://www.elmundo.es/economia/2024/11/27/6746eb2cfdddff85348b4596.html» target=»_blank»>reelegido</a> secretario general de <strong>UGT</strong>, <strong>Pepe Álvarez</strong>, ha arremetido contra las amenazas de <strong>Repsol </strong>y <strong>Cepsa </strong>de trasladar importantes inversiones fuera de España si se mantiene el <strong>impuesto extraordinario a las energéticas</strong> creado en 2022.</p>
El reelegido secretario general del sindicato recuerda a la banca que aún tiene «una deuda de más de 60.000 millones de euros» por el rescate de la década pasada
El hoy reelegido secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha arremetido contra las amenazas de Repsol y Cepsa de trasladar importantes inversiones fuera de España si se mantiene el impuesto extraordinario a las energéticas creado en 2022.
«¿Cómo no se va a mantener si les han caído del cielo beneficios, beneficios y más beneficios?», ha expresado tras ser proclamado por tercera vez líder del sindicato en el 44 Congreso Confederal, que ha tenido lugar en Barcelona desde el pasado lunes.
Aunque no ha mencionado a ninguna de las dos empresas, Álvarez ha dejado claro a quién se refería cuando ha definido como «chantaje» las advertencias de cancelar la inversión en Tarragona, en el caso de Repsol, y en el Campo de Gibraltar (Cádiz), de Cepsa [compañía denominada Moeve desde hace un mes].
«¿Qué coña es esta de que no vamos a poder invertir en Tarragona y vamos a irnos a Portugal? Es el chantaje de una multinacional que hace cuatro días era una empresa española y que cada uno de los españoles contribuyó a que hoy pueda ser lo que es», ha reprochado a la petrolera presidida por Antonio Brufau durante su discurso de clausura.
«Si tenemos que hablar de cuáles son los problemas y las necesidades que tienen para poder invertir en Tarragona u otra multinacional para hacerlo en el Campo de Gibraltar, sentémonos, pero no podemos cuestionar el 100% de un impuesto que es absolutamente necesario para repartir la riqueza que se genera en nuestro país», ha manifestado el secretario general de UGT.
Repsol anunció hace unas semanas que el impuesto extraordinario a las energéticas ponía en riesgo, entre otros, su proyecto de descarbonización en el polo petroquímico de Tarragona. En concreto, la Ecoplanta de El Morell (para producir metanol y biometanol renovables a partir de residuos urbanos) y el mayor electrolizador de España para hidrógeno verde, asociado a esta planta y con 150 megavatios de capacidad. La inversión en el primer caso es de casi 800 millones de euros y en el segundo, 300 millones.
Por su parte, el proyecto del Valle andaluz del hidrógeno verde de Cepsa incluye la construcción de dos plantas de producción de hidrógeno verde en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz). Según el grupo controlado por Mubadala Capital (la gestora de capital riesgo estatal de Abu Dabi) y el fondo estadounidense Carlyle Group, el plan supondrá una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. La segunda petrolera española registró unas pérdidas netas de 233 millones de euros en 2023, tras abonar 323 millones por el impuesto a las energéticas, en contraste con el beneficio récord de 1.100 millones del ejercicio anterior.
Álvarez también ha hablado del impuesto extraordinario a los beneficios de la banca y de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. «Las entidades bancarias multiplican y multiplican sus beneficios y se olvidan de que, sin cobrarles intereses, todavía nos deben a los españoles más de 60.000 millones de euros que hemos invertido para rescatarlos», ha expresado sobre las ayudas públicas al sector, entregadas al inicio de la pasada década, tras la crisis financiera.
El dirigente sindical, además, ha dicho que la operación que plantea la dirección de BBVA «no va a traer ningún progreso al país». «Ni para los trabajadores de uno y otro banco ni para las pequeñas empresas o los consumidores», ha desarrollado.
Por otra parte, Álvarez ha vuelto decir que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2025 debería ser de entre un 5% y un 6% respecto a los actuales 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Pero ha ido más allá.
«Queremos que la Carta Social Europea se aplique con contundencia y que, por lo menos, el salario mínimo sea el 60% del sueldo medio de nuestro país», ha indicado el secretario general de UGT, que ha añadido: «Nos quedamos solos defendiendo cuáles son los indicadores para ver cuál es el salario medio y no vamos a aceptar fórmulas extrañas». Una advertencia que ya formuló el pasado lunes, en la inauguración del congreso, en presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
«Eurostat, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social marcan la retribución media y no hay tanta diferencia entre unos y otros; en el año 2022, el 60% de esa cifra eran 1.293 euros«, ha reivindicado Álvarez como horizonte.
Actualidad Económica