<p>A <strong>Pilar Rosanes </strong>le ahorramos volver al dolor de recordar lo sucedido el 9 de agosto de 2020. Ya lo ha contado mil veces en sus redes sociales, desde las que lleva años reclamando un endurecimiento de las penas por exceso de velocidad que está en camino de conseguir. Este es uno de los 118.600 posts que hay en su cuenta de X: «Un joven de 20 años y su padre salen de Barcelona la madrugada de un viernes de agosto con destino a <strong>Finisterre</strong>. Viajan en sus motos por carreteras secundarias, sin prisa alguna, disfrutando del recorrido, felices de ser compañeros de ruta. El padre emprende el viaje de regreso a casa el domingo a las seis de la tarde. <strong>El lunes llega a Barcelona solo, sin su hijo</strong>: cuando ambos se dirigían a Santiago de Compostela por la carretera A-442 (Berdeogás-Boudañeira), a la altura del punto kilométrico 1,800, un coche había invadido el carril por el que circulaban los dos motoristas y había <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2023/10/09/6524435821efa00e5c8b457e.html»>impactado contra la moto que conducía el joven</a>. El padre apenas pudo esquivarlo. El conductor del vehículo de cuatro ruedas no había respetado el límite de velocidad de una curva señalizada como peligrosa (70 km/h, recomendando 60). La tomó a un mínimo de 126 km/h. El joven motorista de 20 años es mi hijo y se llama <strong>Josep Boan i Rosanes</strong>. Asier G. S. [ella pone el nombre completo], un enfermero natural de Pontevedra de 27 años, es el nombre del delincuente que lo mató. Asier G. S. fue condenado por homicidio ‘imprudente’ grave (142 CP) a dos años de cárcel y 3,5 de privación del permiso de conducir. Por ser un primer delito, no hubo ingreso en prisión. No pagó ni las costas judiciales, de las que la juez lo eximió (como hizo con la cárcel) aduciendo que la acusación no las había solicitado en el momento procesal adecuado. Ni una multa. Nada. La justicia del Reino de España».</p>
Su hijo, Josep Boan, viajaba en moto cuando un vehículo en dirección contraria invadió su carril. Iba a 116 km/h en un tramo con velocidad máxima de 70. Condenado a dos años, no entró en la cárcel
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A Pilar Rosanes le ahorramos volver al dolor de recordar lo sucedido el 9 de agosto de 2020. Ya lo ha contado mil veces en sus redes sociales, desde las que lleva años reclamando un endurecimiento de las penas por exceso de velocidad que está en camino de conseguir. Este es uno de los 118.600 posts que hay en su cuenta de X: «Un joven de 20 años y su padre salen de Barcelona la madrugada de un viernes de agosto con destino a Finisterre. Viajan en sus motos por carreteras secundarias, sin prisa alguna, disfrutando del recorrido, felices de ser compañeros de ruta. El padre emprende el viaje de regreso a casa el domingo a las seis de la tarde. El lunes llega a Barcelona solo, sin su hijo: cuando ambos se dirigían a Santiago de Compostela por la carretera A-442 (Berdeogás-Boudañeira), a la altura del punto kilométrico 1,800, un coche había invadido el carril por el que circulaban los dos motoristas y había impactado contra la moto que conducía el joven. El padre apenas pudo esquivarlo. El conductor del vehículo de cuatro ruedas no había respetado el límite de velocidad de una curva señalizada como peligrosa (70 km/h, recomendando 60). La tomó a un mínimo de 126 km/h. El joven motorista de 20 años es mi hijo y se llama Josep Boan i Rosanes. Asier G. S. [ella pone el nombre completo], un enfermero natural de Pontevedra de 27 años, es el nombre del delincuente que lo mató. Asier G. S. fue condenado por homicidio ‘imprudente’ grave (142 CP) a dos años de cárcel y 3,5 de privación del permiso de conducir. Por ser un primer delito, no hubo ingreso en prisión. No pagó ni las costas judiciales, de las que la juez lo eximió (como hizo con la cárcel) aduciendo que la acusación no las había solicitado en el momento procesal adecuado. Ni una multa. Nada. La justicia del Reino de España».
El pasado martes 24 de marzo, Pilar y su marido, Chus Boan, escucharon desde una tribuna del Congreso cómo el diputado Juan Carlos Jerez defendía la proposición de Ley impulsada por el PSOE. «Quiero saludar y darle las gracias a Pilar, que hoy nos acompaña con su marido, porque es una de las personas que, desde su terrible experiencia, más ha luchado por revertir los actuales límites penales de velocidad», decía reconociendo a Pilar como la hacedora de la que, de aprobarse, se conocerá como Ley Boan por su hijo. De momento, ha sido admitida a trámite con 176 votos a favor, 33 en contra (Vox) y 138 abstenciones (PP y UPN).
Tras el fallecimiento de Josep Boan, su madre estuvo mucho tiempo paralizada por el trauma, de duelo. Espabiló más o menos cuando, casi dos años después, la jueza que llevaba el caso acusó al responsable del siniestro por el artículo 142 del Código Penal. Pilar lo leyó con fruición. Decía que quien causara la muerte de otro por imprudencia grave, sería castigado a entre uno y cuatro años de prisión por homicidio imprudente. Para determinar qué era imprudencia grave en la conducción, se remitía al artículo 379, donde Pilar leyó que el vehículo debía sobrepasar en 80 kilómetros la velocidad establecida si se trataba de una vía interurbana y en 60 si era urbana. «La pericial de la Guardia Civil decía que el conductor que mató a mi hijo iba a un mínimo de 116 km/h y la nuestra que a 126. Si a la máxima velocidad permitida en esa curva, que era 70, yo le sumaba 80, me daba 150», verbaliza Pilar el pesimismo con el que acudió al juicio, celebrado el 27 de octubre de 2022.
«El juicio fue horroroso. Nos trataron como si los delincuentes fuéramos nosotros. Se nos intentó obligar a mediar con quien había matado a nuestro hijo. Decimos que no y la jueza se enfada. Dice que celebrar ese juicio es un despropósito. La fiscal me llegó a decir que es el único delito en el que todos podemos ponernos en el lado del otro. ¿Tú te ves conduciendo a casi a 130 en esa curva?», dice.
En la sentencia, la jueza recoge que puesto que el acusado no rebasaba en 80 kilómetros la velocidad de la vía, como establece el artículo 379, no consideraba que cometiera una imprudencia grave. Un párrafo más adelante, sin embargo, explica que el hecho de que obviase las señales que limitaban la velocidad y advertían de curvas peligrosas sí lo situaban como autor de una imprudencia grave. Asier fue condenado a dos años de prisión -no entró por no tener antecedentes- por homicidio por imprudencia grave y a 3,5 de retirada del carnet.
«¿Pedirnos disculpas? Qué va. Por casualidad di con su Instagram, me fui a agosto y vi que el día 24, 15 días después de matar a mi hijo, publica una foto con un amigo comiendo una tortilla». [A la imagen le acompañaba un texto: «Muchas veces se dice, cuando tienes un accidente y sales vivo, que vuelves a nacer. Sí, tal cual. Esa es la sensación]. «Y luego me entero que se ha tatuado la velocidad a la que iba, 116. Alguien me dice: ‘A lo mejor es para acordarse de lo que pasó’. Pero es que con ese tatuaje se presentó delante de la juez y dijo que iba a 70», cuenta Pilar, quien a fuerza de investigar se convirtió en experta sobre cómo castigan las legislaciones de otros países el exceso de velocidad. «En Italia conllevaría una pena de prisión de 12 años mínimo; en Francia, de tres años. A mí la cárcel no me parece la solución. En Francia, por ejemplo, hay multas de entre 45.000 y 75.000 euros. Son leyes disuasorias, y si no disuasorias son reparadoras. Lo que no puede ser es que te maten porque sí. Sólo tenía que levantar el pie del acelerador. Que tú no puedas completar tu vida, que los que te quieren queden destruidos para siempre y que la vida de la persona que te mata no quede alterada…».
La ley que se tramita no es la que Pilar desearía. Rebaja en 10 km las velocidades que se consideran delito: en vías urbanas, el límite pasaría de 60 km/h por encima del máximo permitido a 50 km/h; en carreteras y autovías, de 80 a 70 km. «Poca cosa, pero me queda el recurso de atarme a un león del Congreso», ironiza.
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