“¿Es Die Linke demasiado radical para gobernar?”, se preguntaba Die Zeit en un titular del 1 de octubre. El histórico semanario de Hamburgo, ideológicamente vinculado a la socialdemocracia alemana, no es el único que lleva semanas observando con lupa cada movimiento del partido de izquierdas que ganó las elecciones del 20 de septiembre en la ciudad-Estado de Berlín. “Una izquierda que se expresa de una manera tan violenta es un problema para Alemania”, rezaba un titular de opinión en el diario Süddeutsche Zeitung, otro medio editorialmente de centroizquierda.
El Ejecutivo federal, la justicia, los servicios secretos, medios de comunicación y la comunidad judía advierten de las posiciones radicales de la formación, que ganó las elecciones en Berlín el 20 de septiembre
“¿Es Die Linke demasiado radical para gobernar?”, se preguntaba Die Zeit en un titular del 1 de octubre. El histórico semanario de Hamburgo, ideológicamente vinculado a la socialdemocracia alemana, no es el único que lleva semanas observando con lupa cada movimiento del partido de izquierdas que ganó las elecciones del 20 de septiembre en la ciudad-Estado de Berlín. “Una izquierda que se expresa de una manera tan violenta es un problema para Alemania”, rezaba un titular de opinión en el diario Süddeutsche Zeitung, otro medio editorialmente de centroizquierda.
Die Linke es una formación que en el este de Alemania, donde tiene más peso, se construyó sobre la estructura del desaparecido PDS, sucesor del SED, el partido que dirigió la dictadura de la desaparecida República Democrática Alemana (RDA). De los viejos cuadros del SED queda ya poco en un partido que basa su auge en conectar con nuevas generaciones jóvenes urbanas. En el Oeste, con menos presencia pero al alza, Die Linke se ha desarrollado a partir de escisiones de los socialdemócratas del SPD.
Los grandes partidos sobre los que se basó la democracia en Alemania, la CDU y el SPD, pierden peso en favor de formaciones como Los Verdes, Die Linke y, sobre todo, la extrema derecha de AfD. Alemania no está acostumbrada a un mosaico de formaciones alternativas de izquierdas con poder político, a diferencia de España. Podemos, Sumar y Bildu comparten grupo parlamentario europeo con Die Linke. Su victoria en Berlín ha sido celebrada por la izquierda española, pero también desde el nacionalismo catalán: fue el único partido alemán que reconoció como legítimo el referéndum inconstitucional de independencia de Cataluña de 2017.
Die Linke tiene por primera vez la opción de encabezar un Gobierno de un Estado federado de Alemania, el de la capital. Para ello inició la semana pasada las negociaciones para formar una coalición con Los Verdes y los socialdemócratas del SPD. En el SPD hay división sobre la conveniencia de dar el liderazgo del Ejecutivo a la candidata de Die Linke, Elif Eralp.
“Llevarán al Estado de Berlín a la ruina”, declaró el pasado jueves en el Süddeutsche Zeitung el alcalde del distrito de Neukölln, el socialdemócrata Martin Hikel. “Recomiendo a mi partido que no entre en una coalición liderada por Die Linke”, declaró en el diario Tagesspiegel el expresidente socialdemócrata del Bundestag Wolfgang Thierse.
“Die Linke se ha ganado una oportunidad”, ha replicado el copresidente de Los Verdes Félix Banaszak. “Los ciudadanos han votado por las izquierdas, por eso hemos de poder formar gobierno; cada partido debe establecer sus límites y llegar a un acuerdo”, valoró el 22 de septiembre en la radio Deutschlandfunk Klaus Wowereit, exalcalde de Berlín del SPD que gobernó en el pasado con Die Linke. Wowereit subrayó que “Eralp debe demostrar que se desmarca del pasado de la RDA que parte de su partido todavía legitima”.
Eralp ganó las elecciones con 47 escaños, seguida por la CDU con 34. Die Linke consigue la mayoría absoluta con los 26 diputados de Los Verdes y los 22 del SPD.
La presión del centro derecha para que no den apoyo a una coalición con Die Linke es periódica. “Antisemitismo, conexión con mafias, desacato a la policía, glorificación del terrorismo y del islamismo. Y ahora esto. ¿Cuántas gotas más hacen falta para que el barril se desborde, SPD y Verdes?”, escribió el 29 de septiembre en sus redes sociales el candidato de la CDU en Berlín, Stefan Evers. Los democristianos quieren formar coalición con socialdemócratas y ecologistas, pero estos lo descartan por el fracaso de la actual alianza en el Gobierno entre SPD y CDU.
Extremistas y mafias
Con “ahora esto”, Evers se refería a una información revelada esta semana por el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung: Eralp fue hasta 2025 miembro de Rote Hilfe (Socorro Rojo), organización considerada como “extremista de izquierdas” por la Oficina para la Protección de la Constitución (BfV), los servicios secretos nacionales de Alemania. La BfV investiga a Rote Hilfe por “dar apoyo a criminales de extrema izquierda” y “legitimar la comisión de actos delictivos y violentos”. Los servicios secretos se refieren a varios condenados por acciones penales a los que Rote Hilfe asistió legalmente y a los que pagó sus condenas económicas.
Die Linke considera que Rote Hilfe es una organización legítima para defender los derechos de activistas. Prueba de ello es que dos días después de revelarse la antigua membresía de Eralp, el jefe del grupo parlamentario del partido en el Bundestag, Sören Pellmann, anunció que se había hecho socio de la ONG.
“¿Cuán peligroso es Die Linke en Berlín?”, titulaba también el 1 de octubre Der Spiegel. El semanario líder en Alemania ponía el objetivo en las dos polémicas que más daño han hecho a las posibilidades de Eralp para formar coalición con SPD y Verdes. En una fiesta de la noche electoral de Die Linke se presentó exultante Issa Rammo, líder de uno de los mayores clanes mafiosos de Alemania. De origen turco-libanés, la familia Rammo y sus socios han sido procesados por asaltos con armas de fuego, lavado de dinero, robos y narcotráfico.
En la noche electoral de Die Linke también hicieron acto de presencia otro supuesto grupo delictivo: dos miembros del clan Barbakh, acusados por la justicia de acciones antisemitas, protestas violentas en favor de Palestina, violencia contra la policía y blanqueo de capitales. También estuvo celebrando la victoria de Die Linke Ibrahim Ibrahim, representante en Alemania de una organización hermana de Hamás perseguida por los servicios secretos. Ibrahim también está siendo investigado por haber calificado en público a los ideólogos del ataque de Hamás de 2023 contra Israel como “héroes y mártires”.
SPD y Verdes han insistido en que Die Linke debe eliminar cualquier muestra de “antisemitismo” en sus filas para poder formar una coalición. El Consejo Central de los Judíos de Alemania ha pedido a ambas formaciones que desistan de formar una alianza con Die Linke.
Por su pasado nazi, tanto el sistema educativo como las leyes alemanas son especialmente severas con cualquier posicionamiento que pueda ser entendido como un ataque a la identidad judía y a Israel. Los posicionamientos en favor de Palestina de los poscomunistas alemanes son moderados, en comparación con los hegemónicos en la izquierda española, incluidos los del PSOE.
“El antisemitismo y los vínculos con clanes criminales son líneas rojas”, advirtió la fiscal general de Berlín, Margarete Koppers. Die Linke reaccionó forzando la dimisión de Ferat Koçak, diputado federal que mantenía amistad con los Rammo. El partido también ha abierto un expediente para expulsar de la organización a Hannah Bruns, responsable de una sectorial de solidaridad con Palestina, por supuestas declaraciones antisemitas.
Eralp denunció por difamación el 28 de septiembre al ministro del Interior, el democristiano Alexander Dobrindt, por asegurar este en un programa de televisión que ella misma se presenta como antisemita. Eralp ha atendido con cuentagotas a los medios de comunicación desde la noche electoral. Su oficina de prensa ha rechazado las repetidas solicitudes de información o de entrevista por parte de EL PAÍS.
Die Linke promete aplicar otras reformas que para el centro político alemán suponen un terremoto y que el SPD difícilmente aceptará. La medida más debatida es la expropiación de más de 200.000 viviendas en manos de sociedades inmobiliarias o la nacionalización de estas. El canciller alemán, el democristiano Friedrich Merz, ha reiterado que su Gobierno lo impedirá legalmente. El SPD, que gobierna Alemania en coalición con la CDU, se muestra en contra de las nacionalizaciones y las expropiaciones por las dificultades legales, pero también porque considera que el endeudamiento público se dispararía de forma insostenible.
Otras propuestas polémicas son reconocer el derecho a ocupar una vivienda que lleve por lo menos un año vacía; la suspensión de cualquier proceso legal contra delitos que estén vinculados a casos de pobreza; los alumnos del sistema escolar de Berlín no tendrán que someterse a evaluaciones para pasar curso hasta los 15 años; Die Linke también quiere suprimir la Oficina de Protección de la Constitución del land porque, en su opinión, reprime la libertad de expresión. Esta propuesta será difícilmente aceptada por SPD y los Verdes porque este servicio de inteligencia es un pilar de la investigación en la capital de actos inconstitucionales de la ultraderecha, del fundamentalismo islámico, operaciones de desestabilización rusas o de los sabotajes este año del sistema eléctrico por parte de la izquierda radical.
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