<p>En plena confrontación entre las derechas españolas, con la postura migratoria como punto de fricción, <a href=»https://www.elmundo.es/e/vo/vox.html»>Vox </a>ha aglutinado este martes el apoyo del <a href=»https://www.elmundo.es/e/pp/pp-partido-popular.html»>PP </a>para sacar adelante una de sus propuestas <i>estrella </i>en esta materia. En la <strong>Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas</strong>, ambos partidos han hecho valer su mayoría para instar a este órgano a recabar un informe de fiscalización sobre el coste que supone para las administraciones públicas la «inmigración ilegal». La iniciativa ha sido aprobada por<strong> 20 votos a favor</strong> -18 del PP y dos de Vox- frente a <strong>15 en contra</strong> -del resto de partidos-.</p>
La iniciativa pide conocer los fondos que las administraciones destinan a personas en situación irregular, pese a que estas no tienen acceso a la mayoría de ayudas sociales y servicios públicos
En plena confrontación entre las derechas españolas, con la postura migratoria como punto de fricción, Vox ha aglutinado este martes el apoyo del PP para sacar adelante una de sus propuestas estrella en esta materia. En la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, ambos partidos han hecho valer su mayoría para instar a este órgano a recabar un informe de fiscalización sobre el coste que supone para las administraciones públicas la «inmigración ilegal». La iniciativa ha sido aprobada por 20 votos a favor -18 del PP y dos de Vox- frente a 15 en contra -del resto de partidos-.
El texto aprobado en la Comisión pide al Tribunal de Cuentas que analice «los gastos realizados por la Administración General del Estado, las distintas comunidades autónomas y las entidades locales en inmigración ilegal». Vox defiende que la llegada de personas irregularmente a España supone un «tremendo coste» para las arcas del Estado y considera que esto puede dificultar que los servicios y ayudas públicas sean accesibles para los nacionales, y por ello requiere la fiscalización de este gasto. Sin embargo, la mayoría de ayudas y servicios públicos que proporciona la Administración solo están a disposición de quienes residen legalmente en España.
«Las secuelas de la inmigración ilegal son un problema cierto y grave», ha asegurado el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, encargado de defender la iniciativa. El parlamentario ha defendido querer conocer «la ingente cantidad de recursos» que se destina a estas personas, y los diputados y senadores populares se han sumado a esta reclamación bajo el argumento de que en la gestión migratoria «hay que conocer los costes». «No podemos oponernos a conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del estado en esta materia», ha justificado la parlamentaria del PP María Pilar Alía.
Desde la bancada opuesta, los representantes de los partidos de la izquierda han cargado contra la solicitud registrada por Vox por considerarla «racista». El diputado socialista Pedro Martín ha acusado a la formación de Santiago Abascal de «utilizar la estrategia de sembrar odio y desprecio sobre el inmigrante para recoger resentimiento que luego pueda convertir en votos». Martín ha defendido el valor que los inmigrantes aportan a la economía española y ha recriminado a Vox que no solicite conocer, por ejemplo, «cuántos nos costaría la operación de deportación» de migrantes que propone.
Por su parte, Engracia Rivera, de Sumar, ha tildado de «repugnante» la solicitud al Tribunal de Cuentas que han sacado adelante PP y Vox, pues considera que supone un «retorcimiento racista de lo que llaman inmigración ilegal». Rivera ha recordado que los inmigrantes en situación irregular no perciben ayudas públicas como el Ingreso Mínimo Vital -se requiere residencia legal en España durante al menos un año- y, antes de conocer el sentido del voto de los populares, les ha pedido que no entren «en el juego demagogo y racista» de Vox.
Con la llegada de este nuevo curso político, el partido de Abascal ha incluido una nueva arista en su discurso migratorio: más allá de vincular la llegada de personas irregularmente con el aumento de la delincuencia, ahora insiste en denunciar el coste económico que esto supone. El partido va un paso más allá en este sentido y no solo denuncia los fondos públicos que se destinan a la «inmigración ilegal», sino que también critica la llegada de personas de fuera porque, a su juicio, gastan más de lo que aportan al Estado. En esta estrategia se enmarca la iniciativa que hoy ha salido adelante en la Comisión Mixta Congreso-Senado y otra que el partido tiene pendiente someter a votación, en la que reclama que se fiscalice el coste de gestionar a menores extranjeros no acompañados.
Además, la iniciativa que Vox ha llevado a debate este martes forma parte de una «acción coordinada» que el partido puso en marcha el pasado mes de septiembre para solicitar esto mismo -que se fiscalice el coste público de la «inmigración ilegal»- en todos los parlamentos: del Congreso a las cámaras autonómicas. En varias comunidades, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja y Comunidad Valenciana, la propuesta ya está registrada e incluso, en el caso de la última región, aprobada con el respaldo del PP.
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