<p>La <i>vivienda especulativa</i> está a la orden del día en el discurso en torno a la compleja situación de la vivienda en España. A todos los niveles. Ayer en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa volvía a explicar que desde el Govern estudian «a fondo», y valoran «planteamientos realistas, verosímiles, y que tengan cabida en nuestro marco jurídico» sobre la posibilidad de prohibir la compra especulativa de vivienda. Illa respondía así a la interpelación, en distintas ocasiones, por parte de CUP y Comuns, que insisten en que esta intervención de la Genralitat es legal. Estos últimos, de hecho, ya han registrado una propuesta de ley para modificar la ordenanza municipal, y advierten de que la cuestión pesará en la negociación de los presupuestos de 2026. A grandes rasgos, la propuesta de los Comunes pasa por</p>
La vivienda especulativa está a la orden del día en el discurso en torno a la compleja situación de la vivienda en España. A todos los niveles. Ayer en el Parlament de Ca
La «vivienda especulativa» está a la orden del día en el debate de medidas para la compleja situación de la vivienda en España, aunque no hay una definición concreta que la defina.
Ayer en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa volvía a explicar que desde el Govern se están haciendo seriamente «planteamientos realistas» sobre la posibilidad de prohibir la compra especulativa de vivienda. Territori, departamento a cargo de Vivienda, explicaba posteriormente que se están realizando informes y consultando a expertos que «ayuden a diseñar jurídicamente cómo conseguir este objetivo de evitar la compra de vivienda con carácter especulativo«. Pero no ahondaron en detalles al respecto; todavía se trata de un estudio de la situación.
Estas declaraciones del Govern se hicieron a propósito de una nueva interpelación de Comuns, que a su vez se apoya en informes como el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona para defender que es legal una invervención estatal en situaciones de pérdida de derecho a la vivienda. Ellos acaban de registrar una propuesta de ley para modificar temporalmente la ordenanza municipal e «impedir la especulación». Sus medidas se basan en limitar la compra a residencia habitual y permante en un año desde su adquisición o, en el caso de segundas residencias, que estas sean en otro municipio (y nunca para alquiler temporal o vacacional).
A nivel nacional, un día antes en el Senado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, recordaba su respaldo a la proposición de Ley de Medidas Fiscales que plantea ERC. Ellos quieren «penalizar la concentración especulativa de vivienda»: lo encauzan a través de un impuesto complementario al IVA en el caso de acumulación de más de tres bienes inmobiliarios de uso residencial, que se incrementará en línea con el número de viviendas. Respecto a dicha propuesta legislativa, Rodríguez recordó que cuentan con «el apoyo, con el aval y con el respaldo del Ministerio de Vivienda para que esa ley salga adelante».
El apoyo total esta prohibición lo muestra el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. Según el ministro, que seis de cada diez inmuebles en España se compren sin hipoteca es señal de adquisiciones a manos de «agentes especuladores«, y no de familias. «Es hora de actuar en todos los niveles», declaró recientemente.
Y en este contexto de medidas, propuestas y declaraciones, los expertos echan en falta una definición concreta sobre qué es la vivienda especulativa.
«Se supone que la compra especulativa es aquello que se adquiere para obtener un rédito», señala Ferran Font, director de la plataforma inmobiliaria pisos.com. Pero, señala, esta ambigüedad da pie un abanico de opciones en materia inmobiliaria: desde comprar para alquilar, a adquirir una nueva residencia (segunda, tercera…) o la situación de una venta posterior en la que la propiedad se haya revalorizado 8también da beneficio). Se incluye en este grupo la actividad económica de empresas especializadas en rehabilitación de viviendas para su posterior venta, que este experto considera esencial para rejuvenecer el parque de vivienda construida.
La inexactitud de una definición teórica aumenta la incertidumbre del propio mercado inmobiliario, donde se encuentran particulares, pero también empresas promotoras y constructoras que podrían replantearse el negocio. Desde el sector, asociaciones como los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) ya han advertido de que este tipo de medidas no contribuyen «a generar la confianza necesaria para aumentar la oferta de vivienda». Es decir, para seguir construyendo o rehabilitando.
Font señala destaca la ausencia de datos reales acerca de la intención con las que se lleva a cabo la compraventa de imuebles, y que impide conocer el tamaño de este mercado de compra especulativa. La falta de información tampoco permite conocer el impacto que tendrá una prohibición como la planteada.
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