<p class=»ue-c-article__paragraph»>El Consejo de Ministros ha aprobado este martes <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/01/28/6798b9f021efa0f4458b456e.html»>un nuevo decreto</a> para reemplazar el que fue derogado el pasado miércoles en el Congreso. Con el objetivo de sumar, esta vez sí, el apoyo de <a href=»https://www.elmundo.es/e/ju/junts-per-catalunya.html»>Junts </a>y facilitar que el texto supere el trámite en la Cámara Baja, el Gobierno ha tenido que dejar fuera varias de las medidas que incluía el decreto ómnibus. Si antes el documento incluía <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/01/27/67967302e85ece70788b456f.html»>42 reformas legislativas y 20 prórrogas</a>, ahora solo restan 29 iniciativas, según ha trasladado<strong> Pedro Sánchez </strong>en rueda de prensa. Lo relativo al paquete económico queda fuera del texto, aunque el Gobierno ya negocia con los grupos para aprobarlo en el futuro.</p>
El texto pactado por Gobierno y Junts mantiene los asuntos nucleares del anterior, pero deja fuera los temas tributarios que los independentistas quieren negociar por separado
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo decreto para reemplazar el que fue derogado el pasado miércoles en el Congreso. Con el objetivo de sumar, esta vez sí, el apoyo de Junts y facilitar que el texto supere el trámite en la Cámara Baja, el Gobierno ha tenido que dejar fuera varias de las medidas que incluía el decreto ómnibus. Si antes el documento incluía 42 reformas legislativas y 20 prórrogas, ahora solo restan 29 iniciativas, según ha trasladado Pedro Sánchez en rueda de prensa. Lo relativo al paquete económico queda fuera del texto, aunque el Gobierno ya negocia con los grupos para aprobarlo en el futuro.
El asunto nuclear del decreto ómnibus que PP, Vox y Junts rechazaron en el Congreso era la revalorización de las pensiones. Los neoconvergentes decían estar a favor de esta medida, y por ello ha quedado incluida en el nuevo texto. Las pensiones contributivas de los españoles aumentarán un 2,8% -como ya ha sucedido en la nómina de enero-, y se contemplan subidas de entre el 6 y el 9% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
También sobreviven en el nuevo decreto las ayudas al transporte público. Se extienden hasta el 30 de junio de este año las bonificaciones que se introdujeron en 2022 con motivo de la crisis provocada por la guerra en Ucrania, que incluyen medidas como la gratuidad de los trenes de media distancia para viajeros habituales y el descuento del 50% en el transporte urbano e interurbano -cofinanciado a partir de fondos estatales y de las CCAA-.
Se mantienen también, recuperadas del decreto ómnibus, las medidas de apoyo a los afectados por la dana: extensión del plazo para solicitar ayudas, ampliación del marco geográfico que delimita qué agricultores pueden beneficiarse de los subsidios, y autorización para que la Generalitat se endeude para financiar la reconstrucción. Igualmente, el texto prorroga los ERTE provocados por la erupción del volcán de La Palma y el aplazamiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social a los afectados por este fenómeno natural. Asimismo, el texto introduce una cláusula para que los agricultores de la zona que aún no pueden trabajar en sus fincas puedan solicitar la suspensión durante seis meses de las obligaciones de pago por préstamos que hubieran adquirido.
De las medidas que componían el bloque económico y tributario del decreto ómnibus, son pocas las que se mantienen en el nuevo texto. Una de ellas es la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España -conocido como escudo ‘antiopas’-, que queda prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta cláusula deja en manos del Ejecutivo la autorización de inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas -si se quiere superar el 10% del capital- y no cotizadas -cuando la inversión supere los 500 millones de euros-. Esta herramienta ha servido al Gobierno para vetar la OPA de la húngara Magyar Vagon sobre Talgo.
Uno de los puntos más polémicos del decreto ómnibus, y con el que PP y Vox han justificado su negativa a aprobar el texto, era el traspaso de la propiedad de un palacete parisino al PNV, por ser este antigua sede del Gobierno vasco en el exilio. El texto salido en diciembre del Consejo de Ministros contemplaba que, desde la entrada en vigor del decreto (antes de que el Congreso decidiera si convalidarlo), los jeltzales podían inscribir a su nombre el edificio, que actualmente alberga instalaciones del Instituto Cervantes. El nuevo decreto pactado este martes mantiene esa cláusula, que también contemplaba el pago al PNV de una «renta de mercado» hasta 2030 a cambio de que el Instituto siga desempeñando allí su actividad.
El nuevo texto mantiene las disposiciones económicas destinadas a proteger a los más vulnerables, lo que se conoce como «escudo social». Extiende hasta final de año las rebajas en la factura eléctrica -el bono social- y mantiene la prohibición de cortar el suministro a quienes no pueden pagarlo.
En materia de vivienda, se facilita la concesión de suelo público para construir vivienda social o a precios asequibles y se extiende la suspensión de los desahucios a personas vulnerables, una cláusula que era punto de fricción entre el Gobierno y los independentistas, que exigían mayor protección contra la okupación. Según ha trasladado Pedro Sánchez, el nuevo redactado acordado con Junts incluye avales a propietarios e inquilinos para cubrir los gastos derivados de la okupación. Esta medida se ejecutará con cargo al sistema público de garantías para propietarios e inquilinos cuya creación anunció el Gobierno hace unas semanas.
Según trasladan fuentes de Junts, del decreto ómnibus que presentó originalmente el Consejo de Ministros quedan fuera «todas las medidas tributarias». Así, no se aprobarán ahora, sino que «se negociarán más adelante», las prórrogas y reformas de impuestos que incluía el primer texto, que introducían modificaciones en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, así como el tributo a la banca, entre otros.
Por ejemplo, el decreto original contemplaba elevar de 1.500 a 2.500 euros el límite de ingresos procedentes de segundos y restantes pagadores a partir del cual es obligatorio presentar la Renta. A la vez, renovaba las deducciones en el IRPF a quienes acometan en su casa obras para reducir la demanda energética y a quienes compren un coche eléctrico.
Además, por el decreto se retrasaba hasta el 1 de abril la entrada en vigor del tributo sobre los cigarrillos electrónicos y se introducían modificaciones para ajustar la transición en el gravamen a la banca, que ha pasado a ser permanente. Todo ello queda fuera del nuevo decreto, a petición de Junts.
El nuevo decreto no contempla la prórroga del mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva, con el que se alivian los costes energéticos soportados por las empresas de este sector a raíz de la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Tampoco se incluye en el nuevo texto pactado por Gobierno y Junts la concesión de financiación a las CCAA para la ejecución de las medidas de apoyo del plan MOVES. Con estos fondos se pretendía ampliar el plazo de vigencia de las ayudas a la movilidad eléctrica, que estaba próximo a finalizar.
En ausencia de Presupuestos para 2025, el decreto ómnibus renovaba el cálculo de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Este mecanismo, que permite que las CCAA reciban anticipadamente parte de los fondos que les corresponden por el sistema de financiación autonómica, debía actualizar las cifras a recibir por cada autonomía, pues el propio decreto recogía que «si se realizara el cálculo» con las previsiones de los Presupuestos de 2023 (prorrogados ahora) «se impediría que las comunidades y entidades locales pudieran disponer del incremento de recursos habido con posterioridad». El Gobierno ha pactado con Junts dejar fuera del nuevo texto este asunto, al considerar los neoconvergentes que primero debe abrirse una «negociación seria» sobre el «concierto económico» de Cataluña.
La disposición final segunda del primer decreto ómnibus incluía la aprobación de medidas recogidas en el plan de regeneración democrática impulsado por el Gobierno. Así, conforme a lo dispuesto en un Reglamento europeo, actualizaba la legislación española -modificando la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información- en aras de promover una «mayor calidad del debate público», estableciendo los principios básicos que deben cumplir los prestadores de información. Junts ha exigido que esta disposición quede fuera, al considerar que «vulnera las competencias de Cataluña». Asimismo, tampoco se incluye en el nuevo redactado la ampliación del plazo durante el que Correos continua como operador designado para prestar el Servicio Postal Universal.
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