<p>Todos los males que asolaron a Cataluña durante el <i>procés </i>amenazan al Estado desde que <strong>Pedro Sánchez</strong> se entregó al independentismo para subsistir en La Moncloa. Y el de la inestabilidad política es uno de ellos. Si <strong>Carles Puigdemont</strong> ratifica la ruptura con el <strong>PSOE</strong>, la viabilidad de la legislatura española quedará en manos de los 6.400 militantes de <strong>Junts</strong>, igual que en el pasado la gobernabilidad de la autonomía catalana pendió del criterio de las bases <i>neoconvergentes</i>, de <strong>ERC </strong>o de la CUP, que ratificaron en sendas votaciones la salida de Junts del Govern de la Generalitat, la investidura como <i>president </i>del socialista <strong>Salvador Illa</strong> o el retiro político de <strong>Artur Mas</strong>.</p>
Las bases de los republicanos decidieron investir a Illa y las de los antisistema acabaron con la carrera de Artur Mas. La militancia de Junts ya determinó también la salida del Govern que compartía con ERC
Todos los males que asolaron a Cataluña durante el procés amenazan al Estado desde que Pedro Sánchez se entregó al independentismo para subsistir en La Moncloa. Y el de la inestabilidad política es uno de ellos. Si Carles Puigdemont ratifica la ruptura con el PSOE, la viabilidad de la legislatura española quedará en manos de los 6.400 militantes de Junts, igual que en el pasado la gobernabilidad de la autonomía catalana pendió del criterio de las bases neoconvergentes, de ERC o de la CUP, que ratificaron en sendas votaciones la salida de Junts del Govern de la Generalitat, la investidura como president del socialista Salvador Illa o el retiro político de Artur Mas.
El precedente más cercano es la consulta de ERC a su militancia para ungir a Illa tras haber acordado la dirección de los republicanos con el PSC apoyar la elección del ganador de las elecciones catalanas de mayo de 2024 a cambio de dotar a Cataluña de una «financiación singular» cuya implantación y términos de ejecución todavía está pendiente de concretar. Los partidarios del sí a Illa se impusieron por un 53% de los votos a los contrarios a entronizarlo, que alcanzaron el 44,8%.
Paradójicamente, fueron 3.397 separatistas los que el 2 de agosto de ese año certificaron el fin del proceso independentista al avalar el nombramiento del socialista, tras 14 años de presidents secesionistas. El suicidio que hubiera supuesto para ERC volver a enfrentarse a las urnas sólo unos meses después de haber perdido 13 escaños y con el partido descabezado tras haberse visto a dimitir por el batacazo su presidente, Oriol Junqueras, resultó determinante para que las bases republicanas acabaran invistiendo a Illa con la nariz tapada.
La militancia de Junts fue la protagonista de otra votación crucial para las instituciones catalanas. El 7 de octubre de 2022, 6.465 afiliados neoconvergentes fueron llamados a decidir si su partido debía abandonar el Govern de coalición que formaba con ERC y que presidía Pere Aragonès desde algo más de un año atrás.
El jefe del Ejecutivo catalán expulsó de su Gabinete a su vicepresidente y dirigente de Junts, Jordi Puigneró, por haberle escondido éste que su partido plantearía la necesidad de que Aragonès se sometiera a una cuestión de confianza al considerar que no estaba cumpliendo con el acuerdo de investidura.
El resultado de la votación también fue en esta ocasión muy ajustado. Un total de 6.465 miembros de Junts fueron llamados a decantar la prematura ruptura del Govern secesionista, que acabó siendo avalada por el 55% de los participantes en la consulta. El 42% se opuso al divorcio, pesando mucho en su negativa el impacto laboral y financiero que para los cuadros de Junts implicaba quebrar la alianza con ERC. El partido de Puigdemont perdió 250 altos cargos que tenía instalados en la Generalitat y 23 millones en sueldos.
Además, la resolución generó un importante cisma en el seno de la formación independentista. El sector más posibilista del partido, liderado por el que entonces era consejero de Economía del Govern, Jaume Giró, plantó cara a los fieles de Puigdemont, pues entre los partidarios de salir del Govern estaban el propio prófugo, la entonces presidenta del partido, Laura Borràs, o su secretario general, Jordi Turull. Esa división se mantiene vigente, y Giró abandonó el partido el pasado septiembre disconforme con la línea política de una formación que nunca más fue percibida como un socio fiable, tampoco por el PSOE, que solamente optó por aferrarse a los siete diputados de Junts en el Congreso para conservar la presidencia pese a la derrota de Sánchez frente al popular Alberto Núñez Feijóo.
Víctima de otra consulta fue Mas. El padre del proceso independentista vio cómo finalizaba su carrera política después de una controvertida consulta de la CUP a sus militantes. Mas venía de ganar las elecciones «plebiscitarias» de septiembre de 2015, pero Junts pel Sí -la coalición electoral que CDC construyó con ERC y que él encabezaba- se quedó en 62 diputados -a seis de la mayoría absoluta-, lo que convirtió en decisivos a los diez parlamentarios de la CUP.
Los antisistema exigieron la cabeza de Mas a cambio de ungir a otro candidato de la lista independentista ganadora. Como promotor de los recortes sociales de la anterior legislatura y líder de un partido corrupto, el jefe de filas de Convergència resultaba un candidato inasumible para la CUP, que consultó a su militancia sobre si debía investirlo o mandarlo a «la papelera de la Historia». La votación arrojó un esperpéntico empate a 1.515 votos y acabó siendo el Consejo Político del partido -un órgano directivo ampliado- el que el 3 de enero de 2016 descartó ungir a Mas, dando paso al que fue su sucesor en la presidencia de la Generalitat, Puigdemont, el entonces alcalde de Girona, que acabaría organizando el 1-O al año siguiente.
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