<p>La Fiscalía Anticorrupción se opone a la excarcelación del ex secretario de Organización del <a href=»https://www.elmundo.es/e/ps/psoe-partido-socialista-obrero-espanol.html»>PSOE</a>, <strong>Santos Cerdán</strong>. El fiscal de Sala <strong>Alejandro Luzón</strong> remitió ayer al magistrado del <a href=»https://www.elmundo.es/e/tr/tribunal-supremo.html»>Tribunal Supremo</a><strong>Leopoldo Puente</strong>, instructor del <a href=»https://www.elmundo.es/espana/koldo-garcia.html»><i>caso Koldo</i></a>, un informe contrario a la puesta en libertad del ex dirigente socialista.</p>
El ex secretario de Organización del PSOE lleva en prisión provisional desde el 30 de junio, investigado por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias
La Fiscalía Anticorrupción se opone a la excarcelación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El fiscal de Sala Alejandro Luzón remitió ayer al magistrado del Tribunal SupremoLeopoldo Puente, instructor del caso Koldo, un informe contrario a la puesta en libertad del ex dirigente socialista.
Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, Luzón considera que no se ha producido ningún hecho novedoso -desde que el pasado 23 de julio la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal rechazase la puesta en libertad del imputado- que permita ahora justificar su excarcelación. «El transcurso de apenas mes y medio desde la confirmación de la situación de prisión sin que se haya producido ningún hecho relevante en la instrucción de la causa y sin que por la representación de Santos Cerdán se aporten argumentos nuevos que incidan efectivamente en el fundamento de la medida acordada obliga» el fiscal apuesta por mantener la prisión preventiva, según recoge el informe enviado a la Sala de lo Penal.
Los magistrados del TS sostuvieron el pasado mes de julio que existen «poderosos indicios» que apuntan al «papel directivo» de Cerdán en la trama criminal presuntamente dedicada al amaño de obras públicas, que operó desde el corazón del Gobierno de Pedro Sánchez.
El que fuera hombre de la total confianza del presidente pidió la semana pasada al magistrado Puente que acordada su puesta en libertad. Cerdán lleva en prisión provisional desde el pasado 30 de junio. Está investigado por delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el marco de esta macrocausa de corrupción.
Por otro lado, en su informe, el fiscal Luzón rechaza de forma categórica que el ex diputado esté siendo víctima de una «causa general», tal y como sostuvieron sus letrados. Anticorrupción niega, tanto que el procedimiento instruido en el Supremo esté plagado de irregularidades, como que se investigue a Cerdán por el mero hecho de haber ocupado cargos políticos de relevancia desde que el Partido Socialista llegó al poder. «Basamos esta petición de libertad desde la convicción que estamos ante un procedimiento fuertemente tensionado procesalmente, consecuencia especialmente de su naturaleza de pesquisa general dirigida contra el número tres del principal partido político del Gobierno y diputado de las Cortes Generales», expusieron los letrados Jacobo Teijelo y Benet Salellas en el escrito de petición de libertad. De igual manera la defensa resaltó que su cliente, «por su posición política y por su actividad como alto responsable del principal partido del Gobierno ha sido el responsable de la negociación de iniciativas políticas que no han gustado a una parte importante de los poderes del Estado».
Sobre este extremo, el fiscal jefe Anticorrupción reprocha a la defensa del ex diputado el «contenido parcialmente extrajurídico» de su escrito «trufados ambos de impertinentes consideraciones políticas y abiertamente especulativos, en los que se conjetura sobre la existencia de supuestas irregularidades, se establecen comparaciones con otros procedimientos que ninguna relación guardan con el presente, se cita jurisprudencia inaplicable al caso, se atribuyen gratuitamente intenciones espurias a la unidad policial, a la Fiscalía Anticorrupción y al propio Magistrado Instructor a quien se reprocha hacer un uso instrumental del derecho y, en definitiva, se viene a descalificar globalmente una instrucción que solo podemos calificar, hasta la fecha, de modélica, por más que afecte a un relevante político cuya representación procesal parece que pretende esgrimir tal condición para sustraerse a la ineludible investigación de su presunta participación en graves conductas de corrupción».
La Fiscalía considera que la citada petición de libertad -enmarcada en el legítimo ejercicio del derecho de defensa- está «trufada de consideraciones políticas» mientras defiende que en ningún caso el Supremo está haciendo un «uso instrumental del Derecho».
«Nada de lo que en esta causa especial se investiga concierne a hechos ajenos a la imputación de Santos Cerdán ni constituye una suerte de prospección o inquisición general acerca de su conducta pasada con relación a cualesquiera eventuales comportamientos diversos que pudiese haber protagonizado», recalca Luzón.
Lo cierto es que tanto en el Ministerio Fiscal como en el Supremo han generado cierto malestar las «afirmaciones gruesas» empleadas por la defensa de Santos Cerdán para solicitar su puesta en libertad. Fuentes fiscales las califican de «insidias carentes de fundamento».
Por último, la defensa del ex número 2 del PSOE considera, además, que mantener en prisión provisional a Santos Cerdán «conlleva el riesgo de superar materialmente la duración máxima de la prisión preventiva acordada para asegurar la investigación del presunto delito» que sus letrados fijan en seis meses y que, supuestamente, habría trascurrido desde los pasados meses de «febrero-marzo». Sobre este extremo, fuentes fiscales puntualizan que el plazo de medio año al que aluden los abogados de Cerdán en su escrito empieza a contar desde la fecha en la que se acuerda la prisión provisional del investigado, es decir, en este caso desde el pasado 30 de junio.
Por último, Anticorrupción subraya «la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal y del papel director de Santos Cerdán en ella, el inicial estado de la investigación en lo referente a él, con diligencias probatorias avanzadas pero que todavía no han sido practicadas y la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, todavía pendientes de identificar y, por ende, la capacidad que Santos Cerdá aún tiene para alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad determinan la necesidad de mantener todavía la prisión provisional».
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