<p>Los 14 consejeros de Medio Ambiente del PP -12 autonómicos y los de Ceuta y Melilla- enviarán mañana un documento conjunto a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en el que exigen la «<strong>desconvocatoria inmediata</strong>» de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, según ha podido confirmar <a href=»https://www.elmundo.es/» target=»_blank»>EL MUNDO</a>.</p>
Los 14 consejeros de Medio Ambiente del PP -12 autonómicos y los de Ceuta y Melilla- enviarán mañana un documento conjunto a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aages
Los 14 consejeros de Medio Ambiente del PP -12 autonómicos y los de Ceuta y Melilla- enviarán hoy una carta conjunta a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que exigen la «desconvocatoria inmediata» de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, según ha podido confirmar EL MUNDO.
Denuncian que la cita, anunciada el pasado 13 de noviembre y planteada para resolverse por correo electrónico antes de este jueves, incurre en una ilegalidad al fijarse únicamente por procedimiento escrito. Añaden que esta nueva convocatoria llega para sustituir la reunión presencial que el Gobierno canceló en julio «sin aportar ninguna explicación», pero que, en lugar de recuperar los 11 asuntos que quedaron pendientes en verano, los ha recortado hasta dejar solo cuatro, eliminando más del 60% de los puntos que debían debatirse.
En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, las autonomías recuerdan que la legislación establece que «el uso del procedimiento escrito queda reservado a reuniones cuyo único punto sea el análisis de un proyecto normativo», algo que no se cumple en este caso. Señalan que, aunque el reglamento interno de la sectorial permite reuniones por escrito, ese marco interno no puede contradecir ni ampliar una ley estatal, por lo que consideran que la fórmula elegida por el Ministerio vulnera el límite legal.
Sin embargo, lo que más molesta a los consejeros es esa pérdida de siete puntos del orden del día. Critican que la sectorial llegue «recortada al límite» y deje fuera asuntos especialmente sensibles como los informes sexenales de fauna y flora, en los que debía revisarse la consideración del lobo ibérico como especie en estado de conservación desfavorable.
Fuentes autonómicas denuncian que todo responde a una estrategia del Ministerio para «actuar a espaldas de las regiones gobernadas por el PP y evitar debates incómodos que no quiere afrontar».
Tampoco dudan en elevar el tono contra la ministra Aagesen, a la que acusan de esconderse detrás del procedimiento escrito. «Es una ministra cobarde, que huye de un debate sereno con los representantes legítimos de las comunidades. Puede que no le guste que muchas sean del PP, pero son las que han elegido los ciudadanos», critican.
No es la primera vez que Transición Ecológica recurre a este mecanismo para eludir la confrontación. Ya convocó sectoriales por procedimiento escrito el 20 de octubre de 2023, el 28 de enero y el 1 de julio de este año, «siempre vulnerando los requisitos legales».
Ante este hartazgo acumulado, la misiva que recibirá hoy Aagesen reclama que se cancele la reunión y se convoque «a la mayor brevedad» una nueva Conferencia Sectorial presencial o telemática que recupere los asuntos pendientes desde julio, con especial atención a la revisión del estatus del lobo ibérico.
Piden también que, en adelante, el Ministerio se ajuste a la ley y evite estas reuniones por correo que, a su juicio, «vacían de contenido el diálogo institucional entre el Gobierno y las comunidades autónomas».
Además, las autonomías critican que las continuas demoras hayan dejado sin margen la planificación de 2026 y advierten de que «el retraso acumulado limita seriamente la capacidad de las comunidades para planificar y desplegar las actuaciones que les corresponden». Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia ponen cifras a ese impacto y aseguran que la parálisis sistemática del Ministerio les ha impedido ejecutar actuaciones urgentes y ya les ha supuesto la pérdida de cerca de 8 millones de euros, bien por no convocar las sectoriales cuando correspondía, bien por retirar a última hora puntos clave que debían debatirse y aprobarse.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica rechaza las acusaciones y asegura que tienen «muy claro» que la convocatoria «no vulnera el marco legal vigente». Para justificarlo, se amparan en que en los últimos años se han celebrado varias sectoriales por escrito, tanto en este ámbito como en otros, «sin que ningún tribunal haya cuestionado su validez», como si la mera repetición consolidara la legalidad del procedimiento.
En cuanto al lobo, explican que no lo han incluido por su «situación procesal», ya que el Tribunal Constitucional todavía debe pronunciarse sobre los recursos del Defensor del Pueblo y del PP contra la ley de desperdicio alimentario.
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