<p>La cuenta atrás para decidir el futuro de Almaraz ha comenzado. Esta semana, las dueñas de la central extremeña deben enviar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) los documentos oficiales de parada, paso que dará el pistoletazo de salida al proceso de cierre. Las eléctricas prevén activar en paralelo estos días la <a href=»https://www.elmundo.es/economia/empresas/2025/10/21/68f77257e85eceef148b4598.html»>petición formal de prórroga</a>, hasta 2030, al Gobierno. Aunque el pulso es entre el sector y Moncloa, <strong>Red Eléctrica</strong> podría acabar decantando la balanza. Y es que el operador del sistema está <strong>obligado por ley a desvelar si el cierre de Almaraz es una amenaza </strong>para la seguridad de suministro del país.</p>
El operador estatal debe emitir un informe para evaluar si el cierre previsto de la central, en 2027, es una amenaza para la seguridad del país. Su evaluación condicionará la decisión del Gobierno
La cuenta atrás para decidir el futuro de Almaraz ha comenzado. Esta semana, las dueñas de la central extremeña deben enviar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) los documentos oficiales de parada, paso que dará el pistoletazo de salida al proceso de cierre. Las eléctricas prevén activar en paralelo estos días la petición formal de prórroga, hasta 2030, al Gobierno. Aunque el pulso es entre el sector y Moncloa, Red Eléctrica podría acabar decantando la balanza. Y es que el operador del sistema está obligado por ley a desvelar si el cierre de Almaraz es una amenaza para la seguridad de suministro del país.
Con la entrega de esos primeros documentos al CSN, el organismo público encargado de la seguridad nuclear, se iniciará lo que se conoce como «cierre administrativo» de la central. El trámite no es irreversible, pero es obligatorio iniciarlo dos años antes de que caduque la autorización de explotación vigente. En el caso de Almaraz, la autorización de sus dos reactores vence en noviembre de 2027 y octubre de 2028.
Hasta ahora, altos cargos de Red Eléctrica han evitado valorar las consecuencias del actual calendario de apagón nuclear, con el pretexto de que aún no se había iniciado ningún cierre. El debate nuclear se reactivó a raíz del cero eléctrico del 28 de abril. De nuevo, ha cogido fuerza después de que el operador del sistema reactivase hace unas semanas la alerta por posibles cortes de suministro, tras detectar nuevos fallos de tensión en la red. Estos incidentes han llevado a los técnicos del operador a aumentar las precauciones, y a los reguladores a activar su maquinaria legislativa para dotar de nuevos poderes a Red Eléctrica en nombre de la seguridad de suministro.
Este escenario de alerta ha dado argumentos a Iberdrola, Endesa y Naturgy para defender la continuidad de Almaraz, que se ha revelado como una pieza clave para la estabilidad del sistema en Extremadura, uno de los puntos más críticos de la red. En plena guerra total entre las eléctricas y la compañía que preside Beatriz Corredor por las responsabilidades del cero energético, paradójicamente, Red Eléctrica podría acabar favoreciendo al sector en el pulso nuclear.
La autorización definitiva de Almaraz, tanto si cierra como si triunfa la prórroga, depende del Ministerio de Transición Ecológica. «En todo caso, el cierre definitivo de instalaciones de generación requerirá el informe del operador del sistema en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deberá pronunciar motivadamente si este resulta posible sin poner en riesgo la seguridadde suministro», recoge la ley sectorial.
Red Eléctrica tendrá que poner negro sobre blanco si es posible prescindir de Almaraz sin poner en apuros al sistema, que ahora está totalmente intervenido para prevenir nuevos apagones. El antecedente está en la muerte de las centrales de carbón, que también tuvo que valorar el operador. A la pregunta de si ya están trabajando en el informe de Almaraz, fuentes oficiales de Red Eléctrica se remiten a la reciente intervención de la directora general de Operación, Concepción Sánchez, en el Senado.
Sobre si ya habían informado al Gobierno del riesgo del cierre nuclear, Sánchez adujo entonces que en ese momento no había ningún cierre en marcha. «Todo cierre de una central de generación requiere lavaloración del operador del sistema sobre la afección a la garantía de suministro y seguridad del sistema, que debemos emitir y que plasmaremos en nuestro análisis», informó. El próximo 1 de noviembre arrancará la cuenta atrás para Almaraz y para Red Eléctrica.
- El Gobierno marcó tres líneas rojas para sentarse a la mesa con las eléctricas a negociar una prórroga nuclear. Seguridad para el ciudadano, garantía de suministro y coste para el consumidor. De las tres, solo la cuestión económica ha sido, en realidad, una barrera. El sector retomó el debate nuclear con el empeño de aligerar la carga fiscal que soporta esta tecnología y, que a ojos de las eléctricas, la asfixian hasta el punto de no resultar rentable. Pero en los últimos meses ha habido movimientos que han limado esta barrera. El principal, la decisión de la Junta de Extremadura de recortar progresivamente la tasa autonómica que paga Almaraz. Ello ha aligerado la presión de las eléctricas sobre el Gobierno, del que depende la llamada tasa Enresa, que financia el coste del desmantelamiento. A priori, con la cesión de la Junta, las dueñas de Almaraz ven viable la extensión de la central sin necesidad de que el Estado ceda terreno en lo tributario y eso allana el terreno para un posible acuerdo.
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